Una investigación de ProPublica y The Texas Tribune, señala que las restricciones impuestas por las autoridades de los condados, como las órdenes de permanecer en casa y los toques de queda, decretados en respuesta a la crisis de salud pública, resultaron en cientos de encarcelamientos y casi 2.000 multas en el Valle de Texas.
A nivel estatal, el caso más sonado fue el de la dueña de un salon de belleza en Dallas, Shelley Luther, quien fue arrestada por reabrir su negocio en desafío a las órdenes de permanencia en casa.
Ante la repercusión mediática de esta sanción, el gobernador de Texas Greg Abbott prohibió a las autoridades encarcelar a alguien por violar las órdenes de permanecer en casa.
No obstante, en el Valle, cientos ya estaban enfrentando multas que alcanzaban hasta los $1300 por el incumplimiento de dichas órdenes.
Tal es el caso de Robin Torres, quien pasó cinco semanas en la cárcel del condado de Hidalgo después de que un oficial de policía lo sorprendiera fumando y bebiendo una cerveza, fuera de una tienda de conveniencia justo después de las 11 p.m. el 3 de abril.
Torres fue arrestado por un cargo de intoxicación pública y por violación de las órdenes de permanecer en casa y no pudo pagar los 150 dólares que debía de su fianza, por lo que no fue liberado hasta principios de mayo.
«Pensé que sólo pasaría el fin de semana en la cárcel», dijo Torres, ahora de 31 años, en una entrevista reciente. «Terminé pasando más de un mes en la cárcel».
Torres fue una de las al menos 300 personas arrestadas por violar las órdenes COVID-19.
Estos arrestos, iban a menudo en conjunción con otros cargos. En total, las autoridades del Valle, emitieron casi 2.000 citaciones a individuos por violar las órdenes, según la investigación.
Los cuatro condados del Valle fueron los primeros en adoptar los toques de queda como una forma de contener el virus. Prohibieron los viajes no esenciales, lo que dio lugar a que cientos de personas fueran detenidas por las fuerzas del orden y multadas. Al menos en algunos casos, los oficiales usaron la orden de emergencia como una razón para detener a alguien, pero luego los reservaron para otro cargo, a veces más grave. O bien, añadieron un cargo o una citación por violar la orden de emergencia aunque tuviera poco que ver con el delito que estaban investigando, decisión que a menudo aumentaba la fianza y dificultaba que las personas salieran de la custodia.
Algunas personas citadas por violaciones siguen enfrentando cientos de dólares en multas.
En el Condado de Hidalgo, el más grande del Valle por población, la oficina del fiscal del distrito revisó 116 casos en los que se arrestó a personas por violar el plan de manejo de emergencias. Entre estos casos, casi 3 de cada 10 personas fueron acusadas sólo por la violación de la orden de emergencia, dijo el fiscal del distrito.
En un caso del mes de abril, los ayudantes del alguacil del condado de Hidalgo arrestaron a Jorge González Zúñiga después de que lo encontraran intoxicado y desmayado en un parque de remolques. Los oficiales utilizaron una pistola paralizante para someter a González y arrestarle. Fue acusado de violar la orden de emergencia, intoxicación pública y resistencia al arresto. Sólo después de un día de detención, descubrieron que González, un inmigrante indocumentado, había sufrido una grave lesión en la columna vertebral. Murió en un hospital meses después. Después de una investigación del Departamento de Seguridad Pública de Texas, un gran jurado se negó a acusar a los oficiales, pero la familia de González ha presentado una demanda por negligencia civil, según una declaración del alguacil J.E. «Eddie» Guerra.
Algunos de los arrestados tenían antecedentes, otros incluían a personas sin hogar, inmigrantes indocumentados, enfermos con COVID-19; y hasta un estudiante de secundaria que conducía entre las casas de sus padres como parte de un acuerdo de custodia conjunta, a quien le notificaron que debía pagar $1.000.
Los primeros días de la pandemia fueron una época de extrema incertidumbre y temor en el Valle del Río Grande, porque la alta pobreza de la región y las malas mediciones de salud ponen a los residentes en un riesgo particularmente alto de infección.
Los funcionarios sostienen que el objetivo de estos esfuerzos era mantener a los residentes seguros.
«Como no sabíamos cómo manejar esto, tomé la posición más conservadora que pude porque conocía el efecto multiplicador», dijo el juez del condado de Hidalgo Richard F. Cortez. «Cuanta más gente esté infectada, más gente puede infectar a otros.»
Por su parte, Ricardo Rodríguez Jr., el fiscal de distrito del condado de Hidalgo, dijo que su oficina dejó claro a las agencias de la ley que no podían usar la orden de emergencia como «causa probable para detener un vehículo o una persona».
ProPublica y el Tribune encontraron que en la mayoría de los casos en el Valle, en las comunidades que las organizaciones de noticias analizaron, las personas arrestadas por la violación, como Villalón, también enfrentaron algún otro tipo de cargo criminal. Esos cargos variaban en gravedad, desde intoxicación pública hasta conducir en estado de embriaguez y agresión.
Pero no siempre fue así, especialmente en Progreso, una ciudad del condado de Hidalgo con una población de unos 6.000 habitantes. Los oficiales de allí detuvieron al menos a 82 personas por violar el plan de emergencia. Casi la mitad de las paradas no tenían ningún cargo secundario; los cargos adicionales más comunes eran conducir sin licencia e intoxicación pública.
En el condado de Cameron, la policía de Brownsville arrestó al menos a 25 personas sólo por violar el plan de manejo de emergencias, incluyendo a un hombre sin hogar en dos oportunidades.
El 4 de abril, justo antes del mediodía, el hombre le dijo a un oficial de policía que estaba mendigando para reunir suficientes fondos para comprar comida. «Estaba pidiendo dinero y estaba en la calle con un propósito no esencial», escribió el oficial en el informe del arresto.
Entonces, justo antes de las 8 a.m. del 22 de abril, otro policía de Brownsville vio al hombre en la misma intersección. Le dijo que tenía que estar «dondequiera que duerma» y no acercarse a los vehículos. El hombre fue arrestado de nuevo.
Dietrich, el comandante de la policía de Brownsville, dijo que hay un gran refugio en Brownsville donde las personas sin hogar podrían haber ido, «pero estas personas están eligiendo no estar en estos lugares y estar en la calle». Dijo que el departamento priorizó el arresto de personas por crímenes violentos y las órdenes de emergencia en este período para mantener las cárceles menos llenas.
En total, la policía de Brownsville entregó más de 600 multas desde mediados de marzo hasta finales de abril, una estrategia que Dietrich dijo que era una de las únicas maneras de lograr el cumplimiento.
Los fiscales del condado de Hidalgo han desestimado 22 de los 34 casos de violación de la orden de emergencia. Nueve están aún pendientes de resolución. Tres personas se declararon culpables del cargo. Rodríguez, el fiscal de ese condado, dijo que no sabía por qué los fiscales individuales desestimaron los casos pero dijo que sentía que todos habían sido manejados apropiadamente basados en las órdenes del condado.
Los registros disponibles indican que los arrestos por violación de las órdenes parecen haberse detenido a finales de abril en el Valle.
El COVID-19 continúa arrasando en la región, que nuevamente registra un aumento en los casos.
Hasta la fecha, sólo el condado de Hidalgo ha reportado 1.889 muertes por el virus, el segundo número mayor en el estado, mientras que el condado de Cameron fue el séptimo.
(Con información de Propublica).
Por Oriana Zapata
Créditos: noticiasya.com
