Hay un alto al fuego entre la ciudad de El Paso y el banco de alimentos de El Pasoans Fighting Hunger después de las acusaciones de duelo de la semana pasada de que el banco de alimentos no mantuvo la documentación adecuada para los fondos de ayuda del coronavirus gastados.
El lunes por la noche, los dos grupos emitieron un comunicado de prensa conjunto, diciendo que ambas partes continuarán las discusiones sobre la financiación y que ninguna de las dos comentaría públicamente durante el proceso.
Eso es un cambio radical de las batallas en conferencias de prensa de la semana pasada, cuando la ciudad dijo que el incumplimiento del banco de alimentos puso en riesgo la posición federal de la ciudad que podría llevar al Gobierno federal a obligar a la ciudad a devolver la línea de crédito de 3.7 millones de dólares. Los funcionarios de la ciudad también advirtieron que EP podría perder fondos federales en el futuro. El banco de alimentos sostiene que documentó todas sus transacciones con información de las 2 millones de distribuciones estimadas que se mantienen en registros de papel.
Los detalles de las negociaciones en curso son escasos, pero documentos adicionales han arrojado luz sobre cuestiones planteadas por ambas partes.
Según los documentos obtenidos por El Paso Matters, el banco de alimentos siguió el contrato de la ciudad, pero las agencias federales sostienen que la documentación es insuficiente para el estándar federal, lo que deja a la ciudad en el anzuelo.
¿Qué sucedió?
En marzo de 2020, el Gobierno federal aprobó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus, o CARES, que proporcionó dinero directamente del Departamento del Tesoro a los gobiernos locales. La ciudad de EP recibió casi 119 millones de dólares, que utilizó para mantener los sitios de prueba y proporcionar alivio de nómina a las pequeñas empresas, entre otros programas de recuperación de la comunidad.
La ciudad gastó esa financiación en 1.1 millones de dólares, según una auditoría interna publicada en junio. Como parte del procedimiento de auditoría, la Oficina de Auditoría Interna revisó la documentación de tres de los 96 beneficiarios de fondos de ayuda de la ciudad. Uno de ellos fue El Pasoans Fighting Hunger; los otros destinatarios no tenían nombre.
Los auditores encontraron que el banco de alimentos no presentó los informes requeridos y los datos de los clientes para tres subvenciones de ayuda separadas por un total de $ 3.7 millones. Sin esa documentación, los auditores no pudieron verificar que el banco de alimentos retrasó su parte del contrato para proporcionar una cierta cantidad de alimentos a un cierto número de personas.
Los funcionarios de la ciudad dijeron a los auditores que el Departamento de Desarrollo Comunitario y Humano monitoreaba el banco de alimentos y señalaron la falta de “documentación de respaldo”.
El Departamento de Desarrollo Comunitario y Humano dijo a los auditores que el personal posteriormente realizaría una revisión por poder e inspeccionaría todos los gastos del banco de alimentos a partir de agosto de 2020. Esa revisión por poder se envió al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) a fines de septiembre, según la auditoría.
A principios de este mes, la oficina de HUD de Fort Worth notificó a los funcionarios de EP que la revisión por poder de la ciudad de las actividades del banco de alimentos violó el procedimiento federal. HUD descubrió que el análisis de la ciudad no aseguraba que la clientela de ingresos bajos y moderados representara el 51% de las operaciones del banco de alimentos, diciendo que el análisis de representación de la ciudad no tenía documentación suficiente.
“El hecho de que la ciudad no demuestre el cumplimiento de un objetivo nacional para sus actividades de banco de alimentos puede resultar en que el HUD requiera que EP reembolse su línea de crédito”, escribió Shirley Henley, directora regional de planificación y desarrollo comunitario de HUD.
El Cabildo Municipal votó por unanimidad el 20 de octubre para declarar al banco de alimentos en incumplimiento de sus acuerdos con la ciudad e iniciar una negociación de “acuerdo de conciliación” con la organización sin fines de lucro.
Una subvención federal separada y administrada por la ciudad para construir una cocina comunitaria por $ 1.5 millones ha sido puesta “en espera” hasta que terminen las negociaciones.
¿De qué se trata la pelea?
La velocidad sin precedentes de la distribución de fondos de la Ley CARES, junto con la orientación federal rezagada sobre cómo gastarlos, causó confusión en los Estados Unidos, dijo Bill Schute, quien dirige el Washington Center for the LBJ School of Public Affairs en la Universidad de Texas en Austin.
Las agencias federales pasaron los fondos de la Ley CARES a los contratistas primarios, como las ciudades, quienes luego subcontrataron esos servicios. Las ciudades eran responsables de garantizar que las otras entidades, como las organizaciones sin fines de lucro, cumplan con los estándares federales, dijo Schute.
“El cumplimiento del gasto de fondos de la Ley CARES se retrasó significativamente. La guía que salió del Tesoro y la Oficina de Administración y Presupuesto fue de seis a ocho meses después, y luego se revisó varias veces”, dijo Schute.
En el meollo de la lucha se encuentran las cajas de los banqueros llenas de documentos. Los contratos entre la ciudad y el banco de alimentos muestran copias del mismo formulario de solicitud, que enumera nombres, direcciones, raza, tamaño de la familia e ingresos, que se utilizan para cumplir con los requisitos federales.
La directora ejecutiva de El Pasoans Fighting Hunger, Susan Goodell, dijo en la conferencia de prensa del 21 de octubre que el banco de alimentos “siguió el contrato al pie de la letra”, mostrando los requisitos para mantener los documentos en “un lugar seguro y protegido”.
Sin embargo, en los alcances del programa de los tres proyectos de subvención con la ciudad, el banco de alimentos acordó distribuir un número mínimo de cajas a un mínimo de “clientes elegibles no duplicados”.
Clientes no duplicados simplemente significa no rastrear a la misma persona para obtener múltiples beneficios, lo que, según Schute, era un requisito para muchos contratos de HUD.
“El Gobierno federal quería que el dinero se distribuyera lo más ampliamente posible para llegar a la mayor cantidad de personas posible”, dijo Schute. “Ahí es donde el mantenimiento de registros sería realmente importante”.
Tanto para la ciudad de El Paso como para el banco de alimentos, los registros en papel representan un problema importante debido al tiempo que se requiere para digitalizar o revisar manualmente miles de páginas.
“Los datos sin clasificar en cajas bancarias no califican como cumplimiento para el Gobierno federal”, dijo Nicole Ferrini, directora de resiliencia de la ciudad, en un comunicado enviado por correo electrónico luego de la conferencia de prensa del banco de alimentos la semana pasada.
“El contrato entre la ciudad y el banco de alimentos es importante para establecer el cumplimiento y las expectativas”, informó Schute.
“Si la ciudad no requirió la presentación electrónica, ya sea al inicio del subcontrato, o en ciertas enmiendas acordadas que se agregaron más adelante, entonces, ¿quién puede decir que el banco de alimentos tiene razón o no?”, dijo Schute.
Créditos: diario.mx
