El Departamento de Justicia demandó a Texas por las nuevas restricciones al voto que, según el gobierno federal, privarán de este derecho a los votantes elegibles y violarán la ley federal de derecho al voto.
La demanda presentada el jueves en un tribunal federal en San Antonio desafía la ley conocida como SB1 aprobada a principios de este año para revisar los procedimientos electorales en el estado.
La ley, que prohíbe la votación 24 horas al día y acudir a dejar el voto en auto, impone nuevos obstáculos a las boletas electorales por correo y empodera a los observadores electorales partidistas, fue firmada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en septiembre.
La demanda del Departamento de Justicia dijo que la ley restringe ilegalmente los derechos de los votantes al exigir el rechazo de las boletas electorales por correo “por errores y omisiones inmateriales”. La ley también daña los derechos de los votantes con un dominio limitado del inglés, los militares desplegados fuera de casa y los votantes en el extranjero, alegó el Departamento de Justicia.
“Antes de la SB1, el estado de Texas ya imponía algunas de las limitaciones más estrictas de la nación sobre el derecho de ciertos ciudadanos a recibir asistencia para votar. La SB1 restringe aún más, e inadmisiblemente, el derecho fundamental a la asistencia significativa en la cabina de votación”, dijo el Departamento de Justicia.
A principios de este año, el Departamento de Justicia demandó a Georgia por su nueva ley de votación, argumentando de manera similar una violación de la ley federal de derechos de voto.
La ley de Texas se aprobó luego de un polémico debate en el que algunos demócratas abandonaron el estado para tratar de evitar su aprobación. Se encontraba entre una serie de leyes similares en estados administrados por republicanos que tenían como objetivo responder a falsas afirmaciones de fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020.
Una mujer emite su voto en las elecciones generales de 2020 dentro del Basset Place Mall en El Paso, Texas, el 3 de noviembre de 2020.
“Hace que sea más fácil que nunca para cualquiera ir a votar. Sin embargo, también asegura que sea más difícil que nunca para la gente hacer trampa en las urnas”, dijo Abbott cuando firmó la ley.
La demanda es la última batalla legal entre el Departamento de Justicia de Biden y Texas, que luchan en los tribunales por los derechos al aborto, la aplicación de la ley de inmigración y los mandatos de vacunas.
“Finalmente, un Departamento de Justicia que lucha por la justicia. Texas está torpedeando la democracia estadounidense y nuestro derecho constitucional al voto. Nos alienta ver que el Departamento de Justicia responde”, dijo el presidente de la NAACP, Derrick Johnson, en un comunicado a CNN sobre la demanda de Texas.
El presidente Joe Biden dijo durante un forro de CNN a finales de octubre que Estados Unidos está experimentando “el mayor asalto al derecho al voto en la historia de Estados Unidos, de verdad, desde la Guerra Civil”. Pero el presidente dijo que impulsar su enorme plan Build Back Better le ha prohibido poner un enfoque principal en los derechos de voto, mientras promete enfocarse en el tema una vez que se apruebe su agenda.
Biden también señaló que estaría dispuesto a alterar fundamentalmente o deshacerse por completo del obstruccionismo, que se ha utilizado efectivamente como una herramienta para bloquear la legislación sobre el derecho al voto a nivel federal. Anteriormente había apoyado la preservación de la regla.
Los republicanos del Senado bloquearon el miércoles el avance de la Ley de Derechos Electorales John Lewis cuando el Senado tomó una votación de procedimiento sobre si abrir el debate sobre la legislación. El proyecto de ley que lucharía contra la supresión de votantes y restauraría partes clave de la histórica Ley de Derechos Electorales, aprobada originalmente en 1965, fracasó por 50 a 49 votos. La senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska fue la única republicana que votó junto con los demócratas.
Otros cambios
La ley introdujo nuevos mandatos que requieren que los texanos que votan por correo proporcionen su número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social dos veces: una vez en sus formularios de solicitud de boleta de voto ausente y una vez en el sobre en el que regresan sus papeletas.
A continuación, esos números se compararán con los registros de los votantes para confirmar que son quienes dicen ser: un cambio con respecto al proceso actual de comparación de firmas.
Según la ley, la oficina del secretario de Estado de Texas debe verificar mensualmente para asegurarse de que nadie en las listas de votantes del estado haya dicho que no era ciudadano al obtener o renovar su licencia de conducir o tarjeta de identificación.
También constituye un delito grave que un funcionario público envíe a alguien una solicitud de boleta por correo que la persona no solicitó, o que complete cualquier parte de cualquier solicitud de boleta por correo que le envíe a alguien.
Shawna Mizelle de CNN contribuyó a este informe.
Por Evan Perez
Créditos: cnnespanol.cnn.com
