SAN ANTONIO (AP) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos y los sobrevivientes de la masacre de una iglesia en Texas en 2017 están en desacuerdo sobre cuánto debería pagar la Fuerza Aérea en compensación por no señalar una condena que podría haber impedido que el atacante comprara legalmente el arma utilizada en el tiroteo.
Durante los argumentos finales el lunes en un juicio civil en un tribunal federal en San Antonio, el Departamento de Justicia dijo que su propuesta de $ 31.8 millones se basó en evidencia presentada durante un juicio de un mes por daños y en casos judiciales anteriores, leyes federales y estatales de Texas y desembolsos de un fondo para las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre.
Los abogados de los sobrevivientes y de los familiares de los asesinados en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs están pidiendo $ 418 millones, informó el San Antonio Express-News. Algunos de los abogados de los demandantes calificaron el pago propuesto por el gobierno por el dolor, el sufrimiento y la angustia mental como “ridículo”, injusto e injusto.
Devin Patrick Kelley abrió fuego durante un servicio dominical allí en noviembre de 2017, matando a más de dos docenas de personas. Kelley murió de una herida de bala aparentemente autoinfligida después de que dos hombres le dispararan y lo persiguieran al escuchar los disparos en la iglesia.
El juicio civil para evaluar los daños comenzó en octubre. El juez federal de distrito Xavier Rodríguez dictaminó en julio que la Fuerza Aérea era “60% responsable” del ataque porque no presentó la condena por agresión de Kelley durante su tiempo en la Fuerza Aérea a una base de datos nacional.
Rodríguez dijo el lunes que no podía tomar en cuenta acuerdos no relacionados para determinar un veredicto en el caso de Sutherland Springs. Prometió una cuidadosa consideración de las pruebas y dijo que pronunciaría un veredicto “tan pronto como pueda”.
Los aproximadamente 80 reclamantes incluyen familiares de los muertos, así como 21 supervivientes y sus familias. Las autoridades calculan la cifra oficial de muertos en 26 porque una de las 25 personas muertas estaba embarazada.
Al buscar una compensación, muchos de los demandantes citaron la pérdida de compañerismo: la ausencia de padres que no pueden asistir a bodas o graduaciones o estar presentes en sus vidas.
“Hemos utilizado las palabras impactante, horrible, inhumano para describir lo que les sucedió a estas familias”, dijo Jamal Alsaffar, abogado de varios de los demandantes, en la corte. “Pero las mismas palabras se pueden usar para describir lo que presentó el gobierno”.
Por AP
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