Aumento de muertes en esta región inquieta a activistas y cuestionan los límites de la agencia durante las búsquedas de traficantes e inmigrantes
Washington— En agosto, Angie Simms llevaba una semana buscando a su hijo de 25 años, llenando reportes de persona desaparecida y llamando a cualquiera que pudiera haberlo visto, cuando recibió la llamada. Su hijo, Erik A. Molix, estaba en un hospital en El Paso, Texas, donde se encontraba atado a su cama, conectado a un respirador y en un coma inducido por barbitúricos.
Molix había sufrido un traumatismo craneal luego de que el vehículo utilitario deportivo que conducía con nueve migrantes a bordo, que estaban en el país de manera ilegal, se volcó cerca de Las Cruces, Nuevo México, mientras lo perseguían agentes de la Patrulla Fronteriza a velocidades de hasta 117 kilómetros por hora. Falleció el 15 de agosto, casi dos semanas después del choque; incluso en ese momento, nadie de la Patrulla Fronteriza ni de ninguna otra agencia de seguridad o del Gobierno se comunicó con su familia.
El número de migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal se ha disparado; la Patrulla Fronteriza registró la cifra más alta de encuentros con migrantes ilegales en más de seis décadas en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre. Este repunte ha estado acompañado de un aumento de muertes y lesiones derivadas de persecuciones a alta velocidad por parte de la Patrulla Fronteriza, una tendencia que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que supervisa a la Patrulla Fronteriza, le atribuye al aumento de traficantes de personas osados que intentan huir de sus agentes.
De 2010 a 2019, las persecuciones a alta velocidad por parte de la Patrulla Fronteriza causaron un promedio de 3.5 muertes al año, según la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). En 2020, hubo 14 muertes de este tipo; en 2021, se registraron 21, la última ocurrió en Navidad.
En el último año fiscal, la agencia registró más de 700 incidentes de “uso de la fuerza” en la frontera sur, o cerca de ella. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no revela cuántos de estos tuvieron un desenlace mortal o cuántas persecuciones a alta velocidad suceden cada año.
Cruzar la frontera sin documentos o ayudar a otras personas a hacerlo es un acto cargado de riesgos, sin importar las circunstancias, y detener estos cruces —y la actividad delictiva de los traficantes— es la prioridad central de la labor de la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, el aumento de muertes plantea preguntas sobre los extremos a los que la agencia debería llegar en su búsqueda de traficantes e inmigrantes, y cuándo y cómo deben los agentes iniciar persecuciones a altas velocidades.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aún no le ha explicado a Simms, profesora de quinto grado en El Paso, lo que le ocurrió a su hijo. Ella vio un comunicado de prensa que publicó la agencia dos semanas después del choque; los funcionarios sostienen que no es responsabilidad de la agencia dar explicaciones. Ella afirmó que comprendía que los funcionarios sospecharan que su hijo estaba involucrado en actividades ilegales, pues transportaba migrantes que entraban al país de manera ilegal.
“Pero eso no significa que debas morir por ello”, expresó.
La CBP, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional, tiene una política que dicta que los agentes y oficiales pueden realizar persecuciones a alta velocidad cuando consideren “que el beneficio para la seguridad y la necesidad de usar maniobras de conducción de emergencia superan el peligro potencial e inmediato creado por dicha maniobra”. La ACLU arguye que esta política, que la agencia divulgó al público por primera vez el mes pasado, les concede a los agentes demasiada autonomía al momento de determinar el riesgo para la seguridad pública.
En una declaración para The New York Times, Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, declaró que, si bien “los agentes y oficiales de la CBP arriesgan sus vidas todos los días para preservar la seguridad de nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe a la sociedad investigaciones justas, objetivas y transparentes de los incidentes donde se hace uso de la fuerza para garantizar que nuestros estándares más altos se mantengan y se respeten”.
No obstante, documentos y detalles que no se habían revelado hasta ahora sobre la colisión que acabó con la vida de Molix pusieron de manifiesto lo que los críticos denuncian como una tendencia preocupante en el que las operaciones de la Patrulla Fronteriza siguen siendo opacas, pese al número cada vez mayor de lesiones y muertes causadas por las prácticas de seguridad agresivas.
Una persecución a alta velocidad
A primeras horas del día 3 de agosto, un agente de la Patrulla Fronteriza vio un vehículo utilitario deportivo que avanzaba con lentitud al norte de Las Cruces con lo que parecía ser una carga pesada, según un informe de la Policía Estatal de Nuevo México.
Cuando el vehículo viró para eludir un puesto de control de la Patrulla Fronteriza, en un tramo solitario de la carretera que está a unos 112 kilómetros al norte de la frontera, el agente y un colega en otro auto empezaron a perseguirlo. Lo siguieron a lo largo de unos 1.6 kilómetros hasta que uno de ellos “golpeó el costado del vehículo, y este se volcó”, de acuerdo con los registros del despacho local de emergencias. El vehículo llevaba a bordo personas de Ecuador, Honduras, Guatemala y El Salvador, y ocho de sus 10 pasajeros salieron expulsados. Un hombre ecuatoriano murió poco después, al igual que Molix.
La Policía Estatal de Nuevo México fue una de las agencias que respondió al choque. La cámara corporal de un oficial de la Policía estatal captó imágenes de uno de los agentes de la Patrulla Fronteriza diciendo: “Nuestro equipo de incidentes graves va para allá. Ellos se encargarán de todo el asunto de la escena del crimen… bueno, no la escena del crimen, la escena del incidente grave”.
Ese agente dijo que él y su colega harían declaraciones ante el equipo, que este luego compartiría con la policía.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza rara vez mencionan a los equipos de incidentes graves y no existe una descripción pública del alcance de su autoridad.
Luis Miranda, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, declaró que los equipos están conformados por “expertos con alta capacitación en la recopilación de pruebas” que recolectan y procesan evidencia para investigaciones, incluyendo las indagaciones sobre tráfico de personas y drogas. También afirmó que los equipos ayudan en las investigaciones realizadas por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia, que analiza denuncias de mal comportamiento de los agentes y es similar a las divisiones de asuntos internos de los departamentos de Policía.
Otro funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, quien obtuvo autorización para hablar con un reportero acerca de los equipos bajo la condición de que no se usara su nombre, confirmó que estos equipos tienen otra función: reunir evidencia que pueda usarse para proteger a un agente de la Patrulla Fronteriza y “ayudar a lidiar con posibles problemas de responsabilidad”, como una futura demanda civil.
Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijeron que el equipo de incidentes graves del sector de El Paso tan solo ayudó a medir el sitio del choque para reconstruir las circunstancias del suceso en las afueras de Las Cruces; afirmaron que la Oficina de Responsabilidad Profesional está investigando el incidente. Sin embargo, un miembro del equipo de incidentes graves de El Paso se comunicó con la Policía del estado en los días posteriores al choque para solicitar el informe completo del departamento para su propia revisión administrativa de la Patrulla Fronteriza, según un correo electrónico publicado por la Policía estatal.
Pocas respuestas al público
Las intervenciones de la Patrulla Fronteriza que derivan en lesiones o muertes pueden ser investigadas por varias entidades: el FBI, agencias de seguridad estatales y locales, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional o la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, y la Oficina de Responsabilidad Profesional, donde van a dar la mayoría de este tipo de incidentes para revisión. No obstante, los hallazgos de los casos individuales rara vez se dan a conocer; estas investigaciones suelen revelar pocos detalles al público más allá de las cifras totales, que solo muestran una fracción del resultado en cierta disciplina.
Un incidente de 2010 atrajo la atención internacional y reclamos de un cambio. Un mexicano de 42 años, atrapado mientras entraba al país de manera ilegal, murió tras ser atado de pies y manos, golpeado y paralizado con una pistola eléctrica a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. El Departamento de Justicia no abrió una investigación al respecto, pero este año, más de una década después, el caso tendrá una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al parecer, es la primera vez que esto sucede en el caso de una persona que murió a manos de un oficial de seguridad estadounidense.
Tras la muerte del hombre, el Gobierno de Obama hizo cambios para atender una letanía de quejas contra agentes de la Patrulla Fronteriza por uso excesivo de la fuerza y promover más transparencia y responsabilidad en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Una revisión externa de la política de uso de la fuerza de la CBP recomendó definir la autoridad y la función de los equipos de incidentes graves.
Chuck Wexler, director ejecutivo de Police Executive Research Forum, una organización sin fines de lucro de investigación y políticas que realizó la evaluación externa, declaró que, si su organización hubiera sabido más en aquel entonces sobre el propósito del equipo, habría “hecho sonar las alarmas”. Pero, en lugar de explicar qué hacían los equipos, la agencia omitió toda mención de ellos al exponer su política de uso de la fuerza.
Por The New York Times
Créditos: diario.mx
