Un juez del condado de Travis desestimó el jueves el cargo de allanamiento de morada de un hombre ecuatoriano que dijo que vino a Estados Unidos en busca de asilo. Sus abogados argumentaron que la directiva del gobernador de arrestar a inmigrantes por cargos estatales usurpa inconstitucionalmente la ley federal de inmigración.
Un juez estatal de distrito el jueves pudo haber puesto en marcha una nueva ola de desafíos legales a la iniciativa de seguridad fronteriza plagada de problemas del gobernador Greg Abbott , dictaminando que el arresto de un migrante por cargos estatales de delito menor de allanamiento violó la cláusula de supremacía de la Constitución de los EE. trabajo del gobierno federal.
En la primera audiencia en la corte del condado de Travis de un desafío al nuevo enfoque de “arresto y cárcel” de Abbott bajo la Operación Lone Star, el juez de distrito estatal Jan Soifer acordó desechar el arresto por allanamiento de morada y el enjuiciamiento penal de un migrante ecuatoriano.
Aunque el fallo puede ser apelado y se aplica solo a Jesús Guzmán Curipoma, un ingeniero petrolero de 36 años, abrió la puerta a impugnaciones constitucionales de más de los miles de migrantes que han sido encarcelados por presunta entrada ilegal desde julio, cuando el gobernador fijó su mirada en los arrestos masivos por allanamiento como una forma de reducir los cruces fronterizos.
“Todos los que tienen un arresto pendiente por un delito menor de allanamiento bajo la OLS tendrán exactamente el mismo desafío”, dijo Kristin Etter, abogada de Texas RioGrande Legal Aid que representa a cientos de migrantes. “Esto sienta un claro precedente en todos esos casos, tanto pendientes como futuros”.
Aunque lejos de ser el primer desafío judicial a la iniciativa de arresto de Abbott, que ha sido criticada por arrestos injustificados , errores procesales , demoras judiciales y quejas de ética, el fallo de Soifer es el primero en fallar contra la constitucionalidad del arresto de un migrante por allanamiento, según Etter.
El viernes por la mañana, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, prometió apelar el fallo, aunque aún no está claro cómo lo hará, ya que su oficina no fue parte en la demanda. Un portavoz de Abbott dijo el viernes por la mañana que “no hay duda de que esto será anulado”.
“El tribunal de distrito no tenía autoridad legal para dictar este fallo defectuoso y colusorio sin escuchar a la Oficina del Fiscal General”, dijo Nan Tolson en un comunicado.
A medida que las detenciones de inmigrantes se dispararon el año pasado en la frontera entre Texas y México, Abbott se enfureció con las políticas de inmigración del presidente Joe Biden y trató de reprimir él mismo la inmigración ilegal enviando miles de policías estatales y personal militar a la región fronteriza. Se movió para eludir la jurisdicción federal sobre la ley de inmigración al ordenar a su policía que arrestara a las personas sospechosas de cruzar la frontera ilegalmente por cargos penales estatales, como tráfico de personas o allanamiento.
“Si bien la Administración Biden se niega a hacer su trabajo e ignora las súplicas de ayuda de las comunidades fronterizas, el gobernador Abbott continúa trabajando con socios estatales y locales para aumentar el personal y los recursos críticos necesarios para asegurar la frontera y proteger a los tejanos”, otro portavoz de Abbott, Renae. Eze, dijo en un comunicado de diciembre.
Desde julio, Etter dijo que más de 2000 hombres han sido arrestados por presuntamente entrar sin autorización solo en el condado de Kinney, que tiene unos 3000 residentes. Cerca de 900 están actualmente recluidos en prisiones estatales convertidas en cárceles de inmigrantes, y los hombres a menudo esperan meses antes de su primera audiencia en la corte por un cargo que podría llevarlos a lo sumo a un año de cárcel.
Los abogados de Guzmán Curipoma argumentaron que su arresto, como el de miles de personas más, fue inconstitucional porque fue un intento de traspasar la ley federal de inmigración.
“El enjuiciamiento de personas sospechosas de ser migrantes por cargos de allanamiento criminal no violento bajo la Operación Lone Star es inconstitucional bajo la cláusula de supremacía”, argumentó la abogada Angélica Cogliano ante la corte el jueves.
La cláusula de supremacía deja en claro que la ley federal y la constitución prevalecen sobre los estatutos estatales. Durante la audiencia ante Soifer, los abogados a menudo se refirieron al fallo de la Corte Suprema de los EE. UU. contra la controvertida ley de Arizona en 2010 que convertía en delito estatal estar presente ilegalmente en los EE. UU. El tribunal superior sostuvo en gran medida que la ley federal prohibía la ley estatal, en parte porque usurpó la autoridad del gobierno federal para usar discreción en el proceso de deportación.
“Las leyes estatales que han intentado complementar la ley federal de inmigración con sanciones penales estatales paralelas por delitos de inmigración, por lo tanto, han sido anuladas por los tribunales”, escribieron Cogliano y la abogada Addy Miró en la presentación de Guzmán Curipoma.
No está claro cómo y si se apelará el fallo de Soifer. Eludiendo al juez conservador y al sobrecargado tribunal del condado de Kinney, donde se han producido la gran mayoría de los arrestos por allanamiento de morada, los abogados de Guzmán Curipoma plantearon el desafío en Austin. Los abogados argumentaron en las presentaciones que tales casos pueden ser escuchados por cualquier juez estatal de distrito, no solo por el juez que preside el caso penal del acusado, y que las demoras prolongadas en el tribunal pequeño deberían permitirles buscar reparación en otro lugar.
Luego, el caso llegó frente a un juez demócrata con la oficina del fiscal de distrito progresista en el condado de Travis en representación del estado, que se puso del lado de Guzmán Curipoma.
Un portavoz del fiscal del condado de Kinney dijo que no comentaría sobre litigios pendientes.
Un abogado privado que actuaba en nombre del fiscal de delitos menores del condado de Kinney se opuso rutinariamente a la audiencia en vano. David Schulman argumentó que la impugnación de Guzmán Curipoma contra su detención no debería ser escuchada porque ya había sido puesto en libertad bajo fianza. También instó a que la oficina del fiscal del condado de Kinney, no los fiscales de Austin, debería haber representado al estado en la audiencia del migrante.
“Este caso no tiene nada que ver con el condado de Travis”, dijo Schulman.
Schulman luego argumentó que la Oficina del Fiscal General de Texas debería estar involucrada en el caso, pero Soifer descartó la idea.
Etter dijo que la razón por la que los abogados comenzaron a buscar audiencias fuera del condado de Kinney es porque a menudo toma más de un mes para que se escuche cualquier problema de emergencia en la pequeña ciudad fronteriza. También atribuyó el cambio al juez del condado de Kinney, Tully Shahan, quien despidió a los jueces asignados por el estado que ayudaron con su carga de casos después de que liberaron a muchos inmigrantes con fianzas sin costo. Los nuevos jueces que ha asignado a menudo se niegan a reducir la fianza u otorgar otro alivio a los inmigrantes, lo que lleva a un rápido aumento de hombres que se declaran culpables para recibir una sentencia igual al tiempo que ya han estado en prisión en su primera audiencia en la corte.
Créditos: texastribune.org
