Texas extendió su campaña para arrestar inmigrantes bajo cargos de invasión de propiedad privada (trespassing) a otros tres condados cerca de la frontera con México, pese a las críticas de defensores de los derechos civiles que dicen que los migrantes pasan semanas detenidos sin poder acceder a asesoría legal.
Un año después de lanzar la Operación Lone Star, el gobernador Greg Abbott anunció el 10 de marzo que los arrestos por invasión de propiedad privada se harán también en los condados de Webb, Brooks y Jim Hogg.
En marzo del año pasado Abbott despachó elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional de Texas a la frontera con México en el marco de su plan para detener la inmigración ilegal.
Y en julio, las autoridades empezaron a arrestar a migrantes por adentrarse en terrenos privados en siete condados.
Como parte de la operación, esos migrantes han sido llevados a cárceles estatales en los condados de Hidalgo y Frio, cerca de la frontera.
Las autoridades federales, las únicas autorizadas para arrestar y detener a los migrantes que no portan la debida documentación, han visto un repunte en cruces ilegales por la frontera.
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó más de 1.1 millones de encuentros en la frontera del suroeste durante el año fiscal 2021.
En el curso del actual año fiscal, CBP reporta 579,873 encuentros con personas que cruzaron la frontera ilegalmente.
Una misma persona puede intentar cruzar la frontera más de una vez, y bajo el actual procedimiento federal, cada una sería contada como un nuevo encuentro.
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Al expandir la Operación Lone Star, Abbott culpó a la administración Biden de lo que llamó “fracaso en resguardar la frontera” y de “invitar a la inmigración ilegal”.
“Si la administración Biden estuviera haciendo su trabajo en asegurar la frontera… ya que no lo está haciendo, Texas tiene que hacerlo”, dijo Abbott en una mesa redonda en Weslaco este mes.
La operación ha resultado en el arresto de aproximadamente 3,000 personas desde julio de 2021, y los arrestados fueron transferidos a los penales estatales de Briscoe y Segovia.
Al 15 de marzo, 831 migrantes se hallaban recluidos en esas prisiones.
Según el Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ), los migrantes permanecen detenidos un promedio de 48 días.
Expansión del programa
“Ya que hubo una afluencia de no ciudadanos que llegaron a nuestra comunidad, y que tenemos una limitada fuerza policial, para mantener la seguridad de nuestra comunidad solicité ayuda adicional del estado de Texas”, dijo el juez del condado de Jim Hogg, Juan Carlos Guerra.
“Porque las personas que estaban llegando a nuestra comunidad eran personas que podían hacer daño a nuestros ciudadanos”.
En enero de 2022 la oficina del gobernador asignó un fondo de $3.4 millones para la Operación Lone Star en el condado de Jim Hogg, indica un comunidado del juez Guerra.
Las autoridades ya han arrestado a por lo menos 60 migrantes en ese condado y abrieron un nuevo centro de procesamiento en febrero.
“Las instalaciones pueden albergar a hasta 96 no ciudadanos o personas que hayan violado la ley en lo que respecta a seguridad fronteriza. Porque no es solo la persona no ciudadana, sino la persona que trae a los no ciudadanos y que realiza el tráfico humano”, dijo Guerra.
También mencionó que las personas arrestadas serán retenidas en esas instalaciones durante 24 horas y luego transferidas a las unidades de Segovia o Briscoe.
“Damos la bienvenida a la Operación Lone Star a nuestra comunidad porque se trata de seguridad. Vamos a colaborar con la oficina del gobernador para velar por la seguridad de nuestra comunidad”, añadió Guerra.
Acusan de discriminación
En diciembre de 2021, ACLU of Texas, Texas Civil Rights Project y Texas Fair Defense Project, con apoyo de más de 100 organizaciones, presentaron una queja de discriminación bajo el Título VI ante el Departamento de Justicia federal (DOJ) para investigar y poner fin a la iniciativa de Abbott.
“A falta de intervención federal, el racista y xenofóbico programa de arresto de migrantes de Texas está floreciendo y creciendo”, dijo Kate Huddleston, abogada de ACLU of Texas.
“El estado de Texas lleva meses persiguiendo deliberadamente a migrantes morenos y negros para arrestarlos y castigarlos en un sistema penal separado y lleno de abusos a los derechos civiles”.
“Casi todos los arrestados hasta la fecha son latinos o negros. Como se detalla en la queja bajo el Título VI, el análisis de los afidávit de arresto en la operación muestran marcadas disparidades raciales y una acción policial sesgada racialmente”.
“Los oficiales reiteradamente se refieren a los posibles arrestados como ‘migrantes indocumentados’, un término que parece estar basado únicamente en la raza y en la presunción de que los hombres latinos, en particular, son necesariamente indocumentados y que deben ser arrestados en esa operación”, dice la carta enviada al DOJ.
Después del anuncio de la apertura del nuevo centro de procesamiento en el condado de Jim Hogg, ACLU envió una carta suplementaria al DOJ pidiendo una vez más investigar la iniciativa de arresto.
La operación pronto será extendida al condado de Webb, donde se encuentra Laredo, y al condado de Brooks, una comunidad rural ubicada unas 80 millas al norte de la frontera, dijo el director del Departamento de Seguridad Pública (DPS) Steve McCraw a los senadores en una audiencia sobre seguridad fronteriza.
No se ha anunciado una fecha de inicio.
“Yo creo que la presencia adicional de autoridades que la Operación Lone Star va a traer a nuestra jurisdicción hará aumentar el número de delitos derivados de la inmigración ilegal de la misma forma en que desplegar más agentes en operativos contra conductores ebrios genera más arrestos por conducir en estado de ebriedad”, dice un mensaje de email del fiscal de distrito del condado de Brooks Carlos García.
Las autoridades del condado de Webb no respondieron a un pedido de comentario.
La Legislatura estatal ha inyectado $2,800 millones a la iniciativa fronteriza, pese a las críticas de organizaciones de derechos civiles de que los migrantes están siendo detenidos durante meses sin acceso a abogados por el lugar donde se localizan esas instalaciones.
La geografía del estado, que tiene 1,200 millas de frontera con México, también ha resultado problemática.
Aunque los migrantes han sido arrestados principalmente en los condados de Val Verde y Kinney, son enviados a centros de detención ubicados a horas de distancia en los condados de Hidalgo y Frio.
“Si usted fuera arrestado solo por invasión de propiedad privada y lo meten en la cárcel del condado, sería arrestado y se le daría una oportunidad de fianza que puede ser baja. Paga su fianza en efectivo y sale libre, pero lo mandan a una cárcel a millas de distancia. ¿Cómo sabe qué está pasando con su caso?”, dice Eric Cedillo, abogado y profesor de derecho de SMU Dedman School of Law.
De acuerdo con el TCDJ, los detenidos pueden hacer dos llamadas de cinco minutos durante el proceso de ingreso.
También se les concede una llamada de 10 minutos sin costo por semana a través del Sistema Telefónico de Infractores.
También se les permite hacer llamadas o videoconferencias gratuitas con sus abogados, y pueden enviar y recibir cartas por correo.
Conseguir abogados para que asuman los casos de los migrantes sigue siendo un problema, dice Megan LaVoie, directora administrativa de la Oficina de Administración de Cortes del estado.
Sistema sobrepasasdo
En la audiencia, funcionarios estatales reconocieron que el inicio fue atropellado porque el número de arrestos rebasó los sistemas de justicia penal locales, pero dijeron que están designando jueces y abogados para hacer posible la expansión.
“Dicho en pocas palabras, se trata de capacidad”, dijo McCraw en la audiencia.
“Tiene que haber más troopers, más capacidad procesal, más capacidad de detención y también más capacidad de asesoría a detenidos sin recursos”.
“Se tienen que integrar todas esas cosas… de lo contrario vamos a caer en situaciones en que serán demasiados para procesar de manera oportuna”.
Sin embargo, en el condado de Kinney —que procesó tan solo 16 casos de delitos menores en 2020— hay alrededor de 1,000 casos pendientes de la Operación Lone Star, de acuerdo con LaVoie.
“Tienen un gran rezago ahí”, dijo a los senadores. “Pero creo que están avanzando”.
“Bueno, progreso es bastante relativo”, estimó el senador Juan “Chuy” Hinojosa, demócrata por McAllen.
“No tenemos una forma de medir cuántos casos aún están pondientes, y hay gente esperando en la cárcel porque no han recibido la debida representación”.
Con información de Allie Morris, desde Austin