El máximo tribunal escuchará los argumentos del caso el próximo martes
Washington— La Casa Blanca argumentó ante la Corte Suprema que los tribunales no pueden obligar al presidente Joe Biden a acatar indefinidamente la política de “Quédate en México” impuesta por Donald Trump, especialmente porque pone en peligro la vida de migrantes vulnerables y obstaculiza las relaciones exteriores.
El Departamento de Justicia presentó ese reclamo en un documento presentado el martes ante la Corte Suprema en relación a la demanda de Texas y Missouri contra la administración, la cual hasta ahora ha frustrado los esfuerzos de Biden de eliminar esa política de la era Trump que evita que los solicitantes de asilo pongan un pie en suelo estadounidense.
La Corte Suprema escuchará los argumentos del caso el próximo martes, un proceso en una lucha profundamente partidista que incluye recientes medidas del gobernador Greg Abbott vistas como provocativas, incluyendo transportar a los inmigrantes en autobús a la capital del país y ordenar inspecciones de camiones que cruzan de México a Texas. Según estimados, esta última medida entorpeció el comercio transfronterizo durante 10 días y costó unos $4,2000 millones a la economía de Texas.
El Departamento de Justicia calificó como “sin precedentes” que los tribunales obliguen al Departamento de Seguridad Nacional a mantener una política que en dos ocasiones ha sido determinada como “no de interés para el país” y que ha “impuesto costos humanos injustificables a los migrantes que enfrentan una violencia extrema en México”.
La ley de asilo de Estados Unidos impide la deportación rápida de cualquier persona que ya esté dentro del país, incluso por unos pocos metros, una vez que solicitan asilo.
Trump afirmó durante su presidencia que innumerables inmigrantes se han aprovechado de eso durante mucho tiempo y permanecían durante años bajo argumentos falsas. Adoptó la política de “Quédate en México” en enero de 2019, a la mitad de su presidencia.
Activistas de ambos lados ven el caso Biden v Texas, como una prueba importante sobre la autoridad ejecutiva y un posible punto de inflexión en la política migratoria.
Biden comenzó a desmantelar la política de Trump, formalmente llamada Protocolos de Protección de Migrantes o MPP, el día de la toma de posesión.
En unos pocos meses, miles de solicitantes de asilo atrapados en campos de refugiados en Matamoros, Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas fueron procesados y autorizados a ingresar a los Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional rescindió por completo el MPP el 1 de junio.
Texas y Missouri demandaron.
En un escrito presentado este mes antes de los argumentos orales, estos estados afirmaron que Biden quiere permitir en el país una oleada de decenas de miles de personas que cruzan la frontera cada mes ilegalmente, y que muchas de ellas presentan “afirmaciones de inmigración sin mérito”.
El 15 de agosto, un juez federal en Amarillo dictaminó que el DHS no había seguido los procedimientos adecuados y le ordenó “hacer cumplir e implementar el MPP de buena fe hasta el momento en que haya sido rescindido legalmente”.
