ACLU pide a los federales que investiguen la política de Abbott de transportar inmigrantes de regreso a la frontera

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La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles está pidiendo al gobierno federal que deje de cooperar con la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott que autoriza a las tropas estatales a transportar a los migrantes de regreso a los puertos de entrada fronterizos, lo que intensifica el debate sobre la autoridad del estado para hacer cumplir las leyes de inmigración.

La solicitud de ACLU Texas y el liderazgo nacional del grupo para que la administración Biden investigue la última política de inmigración del estado se produce una semana después de que The Texas Tribune informara sobre cómo las tropas estatales están transfiriendo a los inmigrantes sospechosos al puerto de entrada en Eagle Pass y entregándolos a autoridades federales de inmigración. Abbott había autorizado la práctica en una orden ejecutiva del 7 de julio, pero brindó poca claridad sobre cómo se transportaría a los migrantes y bajo qué autoridad se los detendría. La aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal, pero la orden de Abbott está tomando medidas sin precedentes que están invadiendo esa autoridad.

Cuestiones legales envuelven la decisión del gobernador Greg Abbott de trasladar a los inmigrantes en autobús a la frontera ]

Las autoridades policiales locales han entregado previamente a los inmigrantes bajo su custodia a pedido de las autoridades federales de inmigración. Pero tradicionalmente los han retenido en el lugar donde ya estaban los inmigrantes, como una cárcel o un centro de detención. La orden de Abbott autoriza a los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas a llevar a los inmigrantes a los puertos de entrada fronterizos donde las autoridades de inmigración pueden procesar a los inmigrantes más fácilmente.

La ACLU pidió el lunes una investigación por parte de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional. La ACLU le pidió a la agencia que: monitoreara el puerto de entrada de Eagle Pass para garantizar que los agentes federales estén actuando de manera apropiada; recopilar y publicar datos sobre la supuesta autoridad estatal para la transferencia de personas del DPS de Texas a agentes federales de inmigración; identificar lagunas en las políticas de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. relacionadas con esta práctica y emitir recomendaciones pertinentes; y tomar todas las medidas apropiadas para identificar y abordar las violaciones de los derechos civiles que podrían estar ocurriendo como resultado de la orden de Abbott.

El grupo de libertades civiles también pidió al gobierno federal que deje de tomar bajo su custodia a los migrantes transportados por las autoridades estatales.

“El DHS debe negarse a tomar la custodia de personas en estas circunstancias, y debe evitar que los funcionarios estatales y locales de Texas detengan a personas en propiedad federal de conformidad con la orden ejecutiva del gobernador Abbott”, escribieron los abogados del personal de la ACLU en una carta a la Oficina de Derechos Civiles y Derechos Civiles del DHS. Libertades.

La carta cita el informe del Tribune sobre la transferencia de migrantes de la custodia estatal a la federal, y señala que los migrantes son transportados en un autobús del Departamento de Justicia Criminal de Texas a un sitio de inspección de vehículos comerciales cerca del puerto de entrada y que los migrantes deben esperar bajo un puerto de camiones hasta que lleguen los agentes de la Patrulla Fronteriza para recogerlos. En un caso observado por el Tribune, los migrantes esperaron casi tres horas antes de que los agentes federales fueran a recogerlos.

El grupo de derechos civiles dijo que el sitio de inspección de vehículos comerciales “parece ser la entrada comercial y de aduanas de EE. UU. CBP”, que es propiedad del gobierno federal. The Tribune no pudo confirmarlo de forma independiente, pero la transferencia de migrantes por parte de las autoridades estatales a propiedad del gobierno federal presentaría más claramente un argumento legal de que las autoridades estatales están participando en la aplicación de la ley de inmigración.

La ACLU dijo en su carta que el arresto unilateral y el transporte de inmigrantes por motivos de inmigración por parte de agentes estatales y la detención de inmigrantes en propiedad federal por agentes estatales “plantean serias preocupaciones legales, incluida la violación de los estándares de detención de CBP y las protecciones contra el trato discriminatorio”.

Las autoridades federales de inmigración tienen estándares nacionales sobre cómo transportar, escoltar, detener y registrar a los migrantes sospechosos, incluidos los tipos de vehículos que se utilizarán para trasladar a los migrantes, las condiciones de detención y cómo deben comportarse los oficiales. Los oficiales del DPS de Texas no están sujetos a esos mismos estándares.

“Esta disparidad puede llevar a que los migrantes sean retenidos en propiedad federal en condiciones que no cumplen con los [estándares] y eso puede ser peligroso”, escribió la ACLU en su carta.

La ACLU señaló un hallazgo del inspector general del DHS a principios de este año de que un área de espera al aire libre de CBP no cumplía con los requisitos de temperatura establecidos en los estándares federales y dijo que mantener a los migrantes afuera durante tres horas, como informó el Tribune, representa un riesgo de agotamiento por calor y golpe de calor.

El grupo también estaba preocupado por los grupos de riesgo como las personas embarazadas, las personas mayores y las personas con discapacidades que corren un mayor riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el calor. Los agentes federales están capacitados sobre cómo cuidar a estos grupos, decía la carta, pero los oficiales del DPS no.

“En pocas palabras, los migrantes están detenidos en propiedad federal en violación de los [estándares federales] y en condiciones potencialmente peligrosas”, dice la carta del grupo.

El grupo también dijo que hay evidencia significativa de que la misión de seguridad fronteriza de Abbott, denominada Operación Lone Star, se involucra en “discriminación sistémica contra inmigrantes negros y marrones y personas latinas en el sur de Texas” porque sus paradas de tráfico “tienen claros indicios de perfil racial”. El grupo dijo que el estado también está apuntando a los inmigrantes negros y marrones para arrestarlos y castigarlos más en un “sistema criminal separado bajo el esquema discriminatorio de ‘atrapar y encarcelar’ del gobernador Abbott”.

La ACLU y otros grupos han presentado denuncias ante el Departamento de Justicia de EE. UU. sobre las supuestas violaciones de los derechos civiles de la Operación Lone Star, y el grupo de derechos civiles advirtió que si el gobierno federal continúa colaborando con la operación estatal podría ser acusado de participar en prácticas discriminatorias. .

“El DHS debe rechazar cualquier participación en los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración del DPS en el sur de Texas, incluida la orden ejecutiva del gobernador Abbott del 7 de julio, para garantizar que no se enrede en absoluto con las acciones discriminatorias de la agencia”, dice la carta. “La financiación federal no puede promover la discriminación por motivos de raza u origen nacional”.

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Este artículo apareció originalmente en The Texas Tribune en https://www.texastribune.org/2022/08/08/aclu-texas-greg-abbott-migrants-transport/ .

Por James Barragán, The Texas Tribune

Foto: Sergio Flores para The Texas Tribune

Créditos: krgv.com

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