La acusan de incompetencia y mala conducta tras meses de turbulencias
La fiscal de Distrito Yvonne Rosales debe ser destituida de su cargo por incompetencia y mala conducta oficial, según una petición presentada el miércoles ante la Oficina del Secretario del Distrito de El Paso.
El caso, que Rosales calificó de ataque al proceso político, fue asignado al Juzgado 346 de Distrito presidido por la jueza del Tribunal de Distrito Patricia Baca.
La petición desencadena un mecanismo poco utilizado para destituir a un funcionario electo en Texas, un proceso que podría demorar meses en resolverse. La demanda fue presentada por el abogado defensor Omar Carmona, quien representó a un acusado de homicidio capital, cuyos cargos fueron desestimados en 2021 luego de que un juez dictaminara que la Fiscalía había iniciado un proceso vengativo en la acusación.
Carmona pide que Rosales sea destituida temporalmente de su cargo mientras los tribunales consideran su petición.
El esfuerzo por expulsar a Rosales, una demócrata que fue elegida en 2020, se produce después de meses de agitación en su oficina, incluida la desestimación de cientos de casos debido a que no se presentaron las acusaciones a tiempo y la controversia sobre el manejo del caso de la masacre del Walmart de Cielo Vista, ocurrida el 3 de agosto de 2019.
“Desde el 3 de agosto de 2019, nuestra comunidad ha recorrido un largo camino. Hemos sanado juntos, hemos afligido juntos y hemos llorado juntos… pero todavía no tenemos ese cierre final”, dijo Carmona. “Así que es hora de un cambio y es un cambio que no podemos esperar. No podemos esperar al próximo ciclo electoral. Tiene que hacerse de inmediato”.
Rosales ha dicho que los problemas no son su culpa, sino que se derivan de los efectos de la pandemia de Covid-19 y las supuestas fallas de su predecesor, el fiscal de Distrito Jaime Esparza. La pandemia de Covid-19 ha causado retrasos en todo el sistema judicial de todo el país, con jurisdicciones más grandes, como el condado de Harris, con un retraso de 94 mil casos pendientes.
En un comunicado de prensa emitido el miércoles por la tarde, la oficina de Rosales calificó la petición como una táctica política.
“Creemos que es un intento frívolo de un abogado que ha estado atacando activamente a la administración durante muchos meses con respecto a un caso que está pendiente de apelación”, dice el comunicado. “La fiscal de Distrito está comprometida a servir a la comunidad de El Paso. Se hará todo lo posible para abordar y luchar contra esta petición. En una democracia, la gente vota por sus funcionarios electos. Este es un ataque al proceso electoral de una manera diseñada para socavar nuestra democracia”.
El representante estatal Joe Moody, demócrata por El Paso, dijo que el desempeño de Rosales y el intento de destituirla plantean preguntas desafiantes.
“Como alguien que cree en nuestro sistema, siempre desconfío de cualquier cosa que ponga una decisión sobre quién representa a las personas en otras manos además de las personas. Tenemos un sistema de remoción, y ese es la elección de 2024”, dijo Moody, una de las principales voces de la Legislatura en temas de justicia penal. “Dicho esto, nunca había experimentado una incompetencia tan grave, no sólo es vergonzoso, es peligroso y vergonzoso. Muchos habitantes de El Paso se verán lastimados antes de 2024 por la persona en la que más deberían poder confiar”, agregó.
El miércoles, la Oficina de Defensoría Pública de El Paso solicitó la desestimación de 600 casos adicionales, que se suman a los casi 400 casos que ya han sido desestimados en los tribunales.
A diferencia de muchos estados, Texas no permite que los votantes retiren a los funcionarios electos, excepto en las ciudades autónomas que adoptan tal disposición en sus estatutos.
La única forma de destituir a los funcionarios electos del condado, incluidos los fiscales de Distrito, es a través de un proceso judicial.
Los fundamentos del proceso se describen en la Constitución de Texas. La ley estatal permite que las personas soliciten a un tribunal de Distrito que destituya a un funcionario electo del condado por motivos de incompetencia, mala conducta oficial o intoxicación por alcohol.
La petición no puede seguir adelante a menos que un juez de Distrito emita una orden de citación.
Si se aprueba una citación, el juez tiene la facultad de suspender temporalmente al funcionario y nombrar un reemplazo interino, pero no está obligado a hacerlo.
La decisión final sobre la destitución del cargo se dejaría en manos de un jurado. La Oficina del Fiscal del Condado representaría al estado en un juicio de deportación.
La ley, aprobada en 1987, se ha utilizado con moderación.
En 201, un jurado destituyó a la fiscal de Distrito del condado de Tyler, quien fue acusada de no presentarse a trabajar y no cumplir con sus deberes, lo que, según los críticos, había contribuido a la acumulación de casos penales.
A principios de este año, un juez rechazó una petición de destitución de la fiscal de Distrito del condado de Midland, Laura Nodolf. Esa petición fue presentada por un hombre absuelto de un cargo de asesinato por la muerte de un oficial de policía.
En 2013, el juez del condado de Travis rechazó la petición de remoción contra la fiscal de distrito Rosemary Lehmberg, quien había sido condenada por conducir ebria.
Presuntas irregularidades…
La petición alega que Rosales debería ser destituida debido a una serie de acciones desde que asumió el cargo. Muchos de los problemas planteados en la petición fueron informados por primera vez por El Paso Matters.
• Una disminución en los procesamientos de casos de violencia doméstica.
• Un esfuerzo de la oficina de Rosales para buscar la pena de muerte contra el cliente de Carmona en 2021 en un esfuerzo por evitar que se desestimen los cargos de homicidio capital. Ese fue el caso en el que el juez desestimó los cargos tras dictaminar que los fiscales habían actuado con ánimo de venganza.
• El juez de Distrito Sam Medrano emitió una reprimenda y una orden de mordaza posterior porque pensó que Rosales estaba “grandiosamente” con los comentarios públicos sobre el tiroteo en Walmart sin presentar ninguna acción en el caso desde que asumió el cargo.
• Mal uso de los recursos gubernamentales con fines políticos.
• El sobreseimiento de cientos de casos la semana pasada debido a la inacción de los fiscales.
Por Victoria Rossi/El Paso Matters
Foto: El paso Matters
Créditos: diario.mx
