Los jueces conservadores que tienen la mayoría de la Corte Suprema están mostrando escepticismo respecto al plan del presidente Joe Biden de eliminar o reducir los préstamos estudiantiles que afectan a millones de estadounidenses.
En argumentos que se extendieron mucho más allá de las dos horas asignadas, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se dirigió a sus colegas conservadores para cuestionar la autoridad de la administración de cancelar ampliamente los préstamos federales estudiantiles debido a la emergencia COVID-19.
Hasta el momento, el plan ha sido bloqueado por jueces designados por republicanos en los tribunales inferiores.
No estaba claro si alguno de los seis jueces supremos designados por presidentes republicanos aprobaría el programa de alivio de la deuda estudiantil, aunque los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett parecían más abiertos a los argumentos de la administración.
La mejor esperanza de Biden para que se le permitiera avanzar con su plan parecía ser la posibilidad de que el tribunal considerara que los estados y personas liderados por los republicanos que desafían el plan carecían del derecho legal de demandar.
Eso permitiría a la corte desestimar las demandas en una etapa previa, sin decidir sobre el impulso general del programa de perdón de préstamos que parecía molestar a los jueces en el lado derechista de la corte.
Roberts fue uno de los jueces que interrogaron a la principal abogado de la Corte Suprema de la Administración Biden, Elizabeth Prelogar, y sugirió que la administración había superado su autoridad con el programa.
Roberts señaló el amplio impacto y el gasto del programa, diciendo en tres oportunidades que costaría «medio billón de dólares». Se estima que el programa costará $ 400 mil millones en 30 años.
Kavanaugh, por su parte, sugirió que la administración está utilizando una «antigua ley» para implementar unilateralmente un programa de alivio de la deuda que el Congreso había rechazado. Dijo que la situación era familiar: «A raíz de que el Congreso no autorizó la acción, el ejecutivo, sin embargo, hizo un nuevo programa masivo».
Prelogar dijo a los jueces que «los predeterminados y las delincuencias aumentarán por encima de los niveles prepandémicos» si el programa no puede entrar en vigencia.
«Los estados están pidiendo a este tribunal que niegue este alivio vital a millones de estadounidenses», dijo.
La administración informó que 26 millones de personas han solicitado tener hasta $ 20,000 en préstamos federales para estudiantes perdonados bajo el plan.
«Estoy seguro de que la autoridad legal para llevar ese plan está allí», dijo Biden el lunes.
El presidente, quien una vez dudó de su propia autoridad para cancelar ampliamente la deuda estudiantil, anunció por primera vez el programa en agosto. Los desafíos legales siguieron rápidamente.
Los estados y legisladores liderados por los republicanos en el Congreso, así como los intereses legales conservadores, están alineados en contra del plan, como una clara violación de la autoridad ejecutiva de Biden.
Los estados liderados por demócratas y los grupos de interés liberal están respaldando a la administración demócrata al instar al tribunal a permitir que el plan surta efecto.
La administración dice que una ley de 2003, comúnmente conocida como la Ley de Héroes, permite al secretario de Educación renunciar o modificar los términos de préstamos federales para estudiantes en relación con una emergencia nacional.
Docenas de prestatarios llegaron de todo el país para acampar cerca de los jardines en un empapado lunes por la noche, con la esperanza de obtener un asiento para los argumentos. Entre ellos estaba Sinyetta Hill, quien dijo que el plan de Biden borraría todos menos $ 500 de los aproximadamente $ 20,000 que tiene en préstamos estudiantiles.
“Tenía 18 años cuando me inscribí en la universidad. No sabía que iba a ser una carga tan grande. Ningún estudiante debería tener que lidiar con esto. Ninguna persona debería tener que lidiar con esto”, dijo Hill, de 22 años, quien planea estudiar derecho después de graduarse de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en mayo.
Se espera una decisión de la Corte Suprema a fines de junio.
Créditos: washingtonhispanic.com
