Iniciativa de ley le otorgaría al Estado atribuciones del Gobierno federal
Dade Phelan, presidente de la Cámara de Representantes de Texas, apoyó un sorprendente proyecto de ley de seguridad fronteriza que crearía una unidad estatal de oficiales empoderados para “repeler” y arrestar a migrantes que crucen la frontera fuera del puerto de entrada y regresarlos a México si son vistos tratando de cruzar ilegalmente la frontera.
El proyecto de ley HB-20 de la Cámara, una legislación prioritaria presentada por el representante estatal Matt Schaefer, republicano por Tyler, podría ciertamente poner a prueba los límites de la habilidad que tiene el estado para aplicar las leyes de inmigración, que las Cortes han dictaminado históricamente que recaen en el ámbito federal.
Y en una señal de que el Senado también está dispuesto a poner a prueba los límites de la autoridad estatal sobre la inmigración, el vice gobernador Dan Patrick, quien está a cargo del Senado, anunció que respalda la legislación en esa Cámara, la cual podría convertir en un delito estatal que las personas crucen ilegalmente a Texas.
La propuesta del Senado, presentada por el senador republicano Brian Birdwell de Granbury, podría encarcelar a una persona por uno o dos años si intenta ingresar al país por segunda ocasión.
La propuesta también podría castigar a esa persona hasta con prisión vitalicia si ha sido condenada anteriormente por un delito grave.
Actualmente, bajo la ley federal, una persona que es arrestada por ingresar al país sin permiso podría ser acusada de un delito leve. Si los agentes de la Patrulla Fronteriza la arrestan por segunda ocasión, la persona podría ser acusada de un delito grave y le pueden prohibir ingresar al país durante una cierta cantidad de años.
La propuesta de Schaefer en la Cámara crearía una “Unidad de Protección Fronteriza” cuyos oficiales pueden “arrestar, detener y disuadir a las personas de cruzar la frontera ilegalmente incluyendo el uso de la fuerza no letal”.
La propuesta señala que los oficiales de la unidad deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, o tener experiencia en la aplicación de la ley. También propone otorgarles inmunidad a los oficiales de esa unidad “contra la responsabilidad penal y civil por cualquier acción que tomen y que esté autorizada por la ley propuesta”.
La propuesta también dice que el jefe de la unidad puede emplear a civiles que no hayan sido condenados por algún delito grave “para que participen en operativos y funciones de la unidad, pero tales personas no tendrán la autoridad de realizar arrestos a menos que estén entrenados y sean autorizados específicamente por el gobernador”.
Roberto López, encargado de alto rango de la defensa del programa más allá de las fronteras del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, catalogó la propuesta de ley de Schaefer como “la propuesta más peligrosa que hemos visto sobre temas fronterizos”.
“Una nueva fuerza militar bajo las órdenes del gobernador Greg Abbott, integrada por vigilantes nombrados por las autoridades que aplican la ley, no proporcionará protección a las comunidades fronterizas”, dijo López.
“El tratar de resolver lo que es fundamentalmente una crisis humanitaria con una respuesta militar totalmente frontal demuestra un desprecio imprudente por la seguridad de las personas de nuestro estado y es un malentendido fundamental de las verdaderas causas de los problemas en nuestra frontera”.
Siendo similar a la propuesta del Senado, la legislación de Schaefer también podría convertir en un delito grave el ingresar ilegalmente en la propiedad privada en Texas por migrantes que ingresan procedentes de México.
La legislación de Schaefer también estipula que si el Gobierno federal declara otra emergencia nacional de salud pública sobre el Covid-19, o requiere cualquier requisito de vacunación contra el Covid-19 a algún ciudadano de Estados Unidos, incluyendo empleados del Gobierno y de Salud, entonces el estado podría permitir que se expulse a los migrantes “tan rápido como sea posible”.
Schaefer no respondió la petición que se le hizo para que comentara sobre el tema. La oficina de Phelan tampoco respondió las preguntas sobre la legislación pero dijo en un comunicado que envió el viernes por la tarde que “solucionar la crisis fronteriza y humanitaria del estado tiene que ser aprobada en este año por la Cámara de Texas”.
César Cuauhtémoc García Hernández, abogado de inmigración y profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio, dijo que cualquier intento de Texas para aplicar la ley de inmigración podría enfrentar demandas.
“La propuesta colocará ciertamente a los oficiales de esta nueva Unidad de Protección Fronteriza de Texas en conflicto directo con los agentes de la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Aduanas e Inmigración, generando serias dudas constitucionales”, dijo.
También señaló que la propuesta, que podría ser adoptada como una ley, enviaría un fuerte mensaje de que Texas no está interesado en ayudar a los que buscan asilo.
“Texas se cierra cuando se trata de recibir a personas que huyen para salvar sus vidas de cara a la represión política”, dijo.
La propuesta surge cuando Texas ha gastado más de $4 mil millones para reducir la cantidad de inmigrantes que cruzan al estado. En los últimos dos años, los legisladores estatales han enviado a miles de agentes del Departamento de Seguridad Pública y miembros del servicio de la Guardia Nacional a la frontera en un intento por disuadir a los inmigrantes de ingresar al estado. El estado también ha dedicado cientos de millones de dólares a erigir un muro fronterizo y enjuiciar a algunos inmigrantes que han cruzado la frontera en la Corte estatal por delitos como allanamiento.
En el año fiscal 2022, que finalizó en septiembre, los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a migrantes 2.4 millones de veces, una cifra récord. Muchas personas en América Latina y el Caribe buscan asilo en los Estados Unidos porque huyen de un gobierno opresor y un desastre económico que ha generado pocos empleos.
En Texas, Chelsie Kramer, organizadora del Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo de Washington, D.C. que aboga por los inmigrantes, dijo que las leyes estatales que están destinadas sólo a disuadir a los inmigrantes no proporcionarán soluciones a largo plazo. Agregó que durante un tiempo en el que los empleadores están buscando trabajadores, los texanos deberían buscar inmigrantes para ayudar a llenar esos puestos de trabajo.
“No importa cuánto el liderazgo quiera detener la inmigración, no se detendrá”, dijo. “En cambio, deberíamos buscar formas de utilizar a la población que viene a los Estados Unidos para impulsar nuestra economía”.
Señaló que los ambiciosos esfuerzos de la misión fronteriza de Abbott denominada Operación Lone Star, en combinación con la propia aplicación del Gobierno federal, no han disminuido la cantidad de personas que intentan ingresar al país.
También agregó que la propuesta de Schaefer no tiene en cuenta cómo trabajaría Texas con México, que tendría que aceptar que las personas sean devueltas por funcionarios estatales.
Actualmente, bajo la política federal de inmigración, si una persona no es ciudadana mexicana, México tiene que negociar con los Estados Unidos para determinar cuántos y si el país está dispuesto a aceptar ciudadanos no mexicanos.
La propuesta de Schaefer es el caso más reciente en el que Texas desafía la competencia del Gobierno federal de ser el único ejecutor de la ley de inmigración. Desde 2021, Texas comenzó a construir un muro fronterizo financiado por el estado, envió policías estatales a patrullar la frontera y aprobó el movimiento de migrantes atrapados en el interior del estado de regreso a los puertos de entrada para que pudieran ser procesados por las autoridades de Inmigración.
Schaefer, miembro del derechista Freedom Caucus de la Cámara de Representantes de Texas, es uno de los mayores halcones de la inmigración en la Legislatura. En 2017, introdujo una enmienda a un proyecto de ley destinado a prohibir las llamadas ‘ciudades santuario’ en el estado que permitía a la Policía preguntar sobre el estado migratorio durante una interacción policial. Después de un amargo debate que dejó fracturadas las relaciones en la Legislatura, la ley fue aprobada y entró en vigencia luego de que fuera firmada por el gobernador Greg Abbott.
La ley fue ridiculizada como la ley de “muéstrame tus papeles” por los defensores de los derechos de los inmigrantes que dijeron que erosionaría la confianza entre la Policía y las comunidades donde los inmigrantes no autorizados habían vivido, la mayoría de las veces pacíficamente, durante décadas.
Cuando Arizona aprobó una ley estatal en 2010 que permitía a los agentes de Policía arrestar a las personas si no podían proporcionar documentación que demostrara su presencia legal en el país, el gobierno de Obama demandó al estado, alegando que las leyes de inmigración sólo podían ser aplicadas por el Gobierno federal. En 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en una decisión de 5 a 3 que la Policía local no tenía la autoridad para arrestar a alguien basándose únicamente en su estatus migratorio.
Durante una reunión del comité del Senado estatal sobre seguridad fronteriza el año pasado, el primer fiscal general adjunto de Texas, Brent Webster, dijo a los senadores que la oficina de Paxton no está de acuerdo con el fallo y que “acogería con beneplácito las leyes” que provocarían un desafío judicial “porque la composición de la Corte Suprema ha cambiado”.
En su único mandato, Trump nombró a tres jueces de la Corte Suprema, la mayor cantidad de cualquier presidente desde Ronald Reagan, quien nombró a cuatro durante sus dos mandatos.
“Les pedimos a ustedes que consideren las leyes que podrían permitirnos ir y desafiar ese fallo de la Corte Suprema, nuevamente”, agregó Webster.
Por Uriel J. García/The Texas Tribune
Foto: The Texas Tribune
Créditos: diario.mx
