Desconocimiento de los padres no les permite aprovechar y utilizar los programas sociales
Nashville, Tennessee— Jacqueline Acevedo es una tímida estudiante de séptimo grado que pasa muchas horas en la iglesia bautista donde su padre sirve como pastor voluntario, después de ganarse un salario escaso con su trabajo principal como vendedor de pan.
Gabriel García es un niño muy conversador de 10 años cuya madre es química pero conduce para Uber y cuyo padre reduce los recursos del mercado colocando recibos en la puerta del refrigerador.
Aunque las familias son muy diferentes —los padres de Jacqueline son inmigrantes salvadoreños que viven ilegalmente en Estados Unidos, con poca educación, mientras que los de Gabriel dejaron profesiones gratificantes en Venezuela y obtuvieron asilo legal en Estados Unidos— estos jóvenes del área de Nashville tienen dos cosas en común.
Ambos son hijos de inmigrantes pobres. Y sus familias tienen menos acceso a la ayuda social que los nativos con los mismos ingresos.
Los hijos de inmigrantes, el grupo de jóvenes estadounidenses de más rápido crecimiento, tienen índices de pobreza de más del doble que el de otros niños.
Eso se debe en parte a que sus familias ganan menos que los trabajadores nativos y también a que se enfrentan a más obstáculos para obtener asistencia del gobierno.
Los obstáculos son mayores para los hijos de inmigrantes que viven en el país sin permiso legal, pero las familias de inmigrantes legales también enfrentan trabas.
Más del 40 por ciento de los niños pobres del país son hijos de inmigrantes. Si bien la mayoría son ciudadanos estadounidenses, cerca de la mitad tiene un padre que vive en el país sin permiso legal, lo que excluye a toda la familia de algunos beneficios otorgados por el gobierno.
Para los padres que emigraron legalmente, los obstáculos para acceder a la asistencia incluyen períodos de espera, barreras del idioma y falta de conocimiento de los programas.
Si los padres de Jacqueline fueran nativos, la familia podría recibir 12 mil dólares en créditos tributarios y subsidios para alimentos. Vivir en el país sin permiso legal les impide recibir tres cuartas partes de ese apoyo, lo que deja a Jacqueline —una niña estadounidense, nacida y criada en Tennessee— miles de dólares por debajo del umbral de la pobreza.
Como inmigrantes legales que no hablan inglés, los padres de Gabriel enfrentan diferentes obstáculos. Si bien califican para obtener cupones de alimentos, solo se enteraron recientemente del programa y no están seguros si es correcto presentar una solicitud.
La interrogante sobre el acceso de los inmigrantes a la asistencia social ha generado profundas divisiones durante mucho tiempo, pero el debate se ha vuelto más importante a medida que las familias inmigrantes representan una parte cada vez mayor de los niños estadounidenses.
“Excluir o disuadir a estos niños de recibir ayuda es una decisión de inversión muy estúpida”, afirmó Dolores Acevedo-García, quien dirige un grupo de investigación en la Universidad de Brandeis llamado diversitydatakids.org. “Alrededor del 90 por ciento de estos niños son ciudadanos estadounidenses, e incluso aquellos que no lo son probablemente se quedarán aquí hasta la edad adulta. Estarán con nosotros y serán nuestros futuros trabajadores, vecinos y contribuyentes”.
Dado que la mayoría de los inmigrantes son latinos o asiáticos, los obstáculos a la ayuda también pueden profundizar las divisiones raciales y étnicas.
Quienes apoyan las limitaciones a la ayuda del gobierno afirman que el país siempre ha esperado que los inmigrantes practiquen la autosuficiencia. Califican como injusto gravar a los estadounidenses por la pobreza importada, en especial cuando los inmigrantes vienen de manera ilegal, y advierten que una mayor asistencia social podría alentar más entradas no autorizadas. Si la pobreza entre los inmigrantes es un problema, dicen, la solución es admitir menos inmigrantes necesitados.
Incluso con las restricciones, los inmigrantes reciben asistencia social a tasas elevadas porque son desproporcionadamente pobres.
“Mientras más asistencia social usan los inmigrantes, más difícil se vuelve costear iniciativas antipobreza para los nativos”, afirmó Steven Camarota del Centro de Estudios de Inmigración, una organización que busca reducir drásticamente la inmigración.
En Nashville, un epicentro de inmigración en crecimiento, el padre de Jacqueline, Julio Acevedo, de 47 años, enfrenta la pobreza infantil como padre y pastor. Su modesta iglesia, que se congrega en una casa habilitada, actúa como una red de seguridad en última instancia y ofrece comida, ropa y testimonios del amor de Dios a los recién llegados de toda América Latina. Muchos, como él, viven en el país sin permiso legal.
Huyendo de la violencia
Lo único que Acevedo ha conocido es la pobreza. Nació justo antes de la guerra civil en El Salvador y tenía 4 años cuando su padre murió de una enfermedad no diagnosticada. Los soldados quemaron su casa familiar, lo que dejó a su madre viuda, sin hogar, y con más hijos de los que podía alimentar.
Acevedo se unió al ejército a los 16 años, pero lo abandonó unos 10 años después para evitar una misión en Irak.
Para entonces, su esposa, Rosa Acevedo, se había reunido con un hermano en Nashville, donde encontró trabajo como cocinera. Le siguió Julio Acevedo, quien dejó a sus hijos, de 2 y 4 años, con familiares.
Aunque planeaban regresar en unos años, la separación duró dos décadas, ya que los Acevedo decidieron que la mejor manera de ayudar a sus hijos era enviándoles dinero para su educación. La familia se reunió hace apenas unas semanas cuando los hermanos, cansados de la separación, hicieron su propio viaje no autorizado a Tennessee.
El nacimiento de Jacqueline, hace 12 años, arraigó aún más a los Acevedo en Estados Unidos. “Es un regalo de Dios”, afirmó Julio Acevedo.
Como cualquier hijo, Jacqueline también representa un gasto. Trabajando juntos, los Acevedo ganaron alrededor de 26 mil dólares al año durante la pandemia vendiendo pan a las tiendas de abarrotes.
Además, Julio Acevedo pasa los viernes haciendo trabajo voluntario en la iglesia, para agradecerle a Dios por salvarlo de la guerra y el alcoholismo. Dado que Jacqueline es ciudadana estadounidense, reciben el crédito tributario por hijos. Además, la niña recibe comidas escolares gratuitas y Medicaid.
Las familias nativas y la mayoría de los inmigrantes legales podrían obtener mucho más: cerca de 9,300 dólares en cupones de alimentos y el crédito tributario por ingreso del trabajo, el cual los inmigrantes que viven en el país sin permiso legal no pueden cobrar. (Aunque Jacqueline califica para un beneficio de cupones para alimentos prorrateado, la familia desconoce la política). La ayuda adicional la haría superar la línea de pobreza del gobierno.
Los inmigrantes compensan los obstáculos a la ayuda, en parte, trabajando más.
El pastor asistente y medio hermano de Julio Acevedo, Fredi Hernández, trabaja en una fábrica. La esposa de Hernández limpia y sus dos hijas, de 18 y 21 años, mezclan el trabajo y la escuela y les dan a los padres la mayor parte de su salario. (Los adultos viven en el país sin permiso legal y un hijo pequeño es ciudadano).
“Es muy importante que todos trabajemos”, dijo Hernández.
Jason de Parle/The New York Times
Créditos: diario..mx
