Luego del tiroteo de Uvalde, la seguridad en las instituciones de educación para legisladores
El martes (ayer), la Cámara de Representantes de Texas dio su aprobación final a la legislación que exige inversiones significativas para reforzar la seguridad de las escuelas, incluida la contratación de al menos un oficial de seguridad armado en cada campus, proporcionando incentivos para que los empleados de la escuela obtengan la certificación para portar un arma e instalando botones silenciosos de alerta de pánico en cada salón de clases.
El Proyecto de Ley 3 (HB 3) de la Cámara, escrito por el representante Dustin Burrows, republicano por Lubbock, fue aprobado 119-25. Ahora se dirige al Senado.
La propuesta también requeriría inspecciones regulares de seguridad de los edificios escolares y otorgaría subvenciones a los estudiantes que quieran asistir a otro distrito escolar si el actual no cumple con los estándares de seguridad. Además, el proyecto de ley fue enmendado para dar a las escuelas $100 por cada alumno que asista regularmente a clases, más $15 mil adicionales cada año, para mejorar su seguridad. El cambio elevaría el costo de la factura de $300 millones a alrededor de mil 600 millones.
HD Chambers, director ejecutivo de Texas School Alliance, dijo que el estado debe lograr el equilibrio correcto entre hacer que las escuelas sean más seguras y no crear entornos en los que los niños tengan miedo de ir a las instituciones educativas.
“El acceso a los servicios de salud mental es tan importante como cualquier esfuerzo por fortalecer los campus”, dijo. “En última instancia, cada distrito escolar es único y necesita los recursos y la flexibilidad para promulgar soluciones que funcionen para su comunidad”.
La seguridad escolar es una prioridad para ambas cámaras en esta sesión luego de que el tiroteo en Uvalde dejó 19 niños y dos maestros muertos el año pasado. La Cámara votó sobre la HB 3 y otros dos proyectos de ley de seguridad escolar menos de una semana después de que el Senado aprobara una propuesta para asegurarse de que cientos de distritos escolares del estado sin planes de tiradores activos se pongan al día. La propuesta también incluye muchas de las disposiciones de los proyectos de ley de la Cámara aprobados el lunes.
En sus propuestas presupuestarias para los próximos dos años, la Cámara ha asignado mil 600 millones de dólares para la seguridad escolar, mientras que el Senado pide una inversión de casi mil 300 millones. Los miembros de ambas cámaras se reunirán a puerta cerrada para negociar qué se incluirá en el presupuesto final.
Pero aunque ambas aprobaron proyectos de ley sobre seguridad escolar en respuesta a Uvalde, no está claro si los legisladores escucharán a las familias de esa ciudad que quieren aumentar la edad mínima para comprar armas semiautomáticas de 18 a 21 años. El proyecto de ley que haría eso tuvo una audiencia en la Cámara la semana pasada, pero enfrenta una fuerte oposición de los republicanos.
Según la HB 3, se contratarían agentes de seguridad armados para estar presentes en cada campus durante el horario escolar. El Centro de Seguridad Escolar de Texas, un grupo de expertos de la Universidad Estatal de Texas que ha estado revisando los protocolos de seguridad de las instituciones educativas desde el tiroteo en la Escuela Secundaria Santa Fe de 2018, debería realizar controles de los edificios del distrito al menos una vez cada cinco años para asegurarse de que están siguiendo las normas de seguridad del estado. La Agencia de Educación de Texas (TEA) podría retener cualquier dinero de la subvención de un distrito hasta que la agencia determine que está en cumplimiento.
En el tiroteo de Uvalde, el hombre armado ingresó a Robb Elementary a través de una puerta trasera que no cerró correctamente.
Durante el debate del lunes, la representante Ana-María Ramos, demócrata por Richardson, presentó una enmienda que prohibiría que los maestros estén armados en el campus. Según el lenguaje actual del proyecto de ley, un distrito escolar podría armar a un maestro para cumplir con los requisitos de tener un oficial armado en cada campus. La enmienda fracasó.
Robin Breed, líder legislativa de Austin para Moms Demand Action, un grupo que aboga por políticas de seguridad pública para proteger a las personas de la violencia armada, dijo que estaba decepcionada de que la enmienda no fuera aprobada.
Brian López/The Texas Tribune
Foto: The Texas Tribue
Créditos: diario.mx
