Retrasos de cuatro años para audiencia en Corte motiva a extranjeros a cruzar la frontera, concluye reporte
Un sistema de asilo político “roto” en Estados Unidos impulsa a migrantes de diferentes países del mundo a seguir cruzando al país con la mira de concretar el llamado “sueño americano”, señala un reporte dado a conocer por el Migration Policy Institute (MPI), un centro de estudios no partidista con sede en Washington.
Los retrasos de hasta cuatro años para audiencias en cortes federales migratorias, con dos millones de casos en espera, son un incentivo para que los extranjeros ingresen al país y se integren a la sociedad estadounidense, sin que en la mayoría de los casos regresen a sus países de origen.
El informe titulado “At the Breaking Point: Rethinking the U.S. Immigration Court System” (En el punto de quiebre: repensando el sistema judicial de inmigración de EU) culpa a los “desafíos operativos de larga data en la administración de los tribunales”, así como a las “nuevas crisis” en otros países que están generando cifras históricas de solicitantes de asilo que se están acumulando en un sistema judicial sobrecargado por el retraso.
Como soluciones, propone una serie de medidas que incluyen aplicar las reglas generales de asilo y tener un mayor control en las cortes, así como ofrecer mayor apoyo legal y asesoría a los extranjeros que buscan acogerse al refugio en Estados Unidos.
“El crecimiento reciente en el número de casos es desalentador”, dice el informe. “En el año fiscal (FY) 2022, los tribunales de inmigración recibieron aproximadamente 708 mil casos nuevos, 160 mil más que en cualquier año anterior. Estos números, junto con las limitaciones de recursos de los tribunales y los procesos de toma de decisiones, aseguran que el sistema judicial seguirá perdiendo terreno”.
Y ofrece además un panorama mucho más grave para los casos de asilo, los cuales ahora representan el 40 por ciento de la carga.
Los no ciudadanos esperan un promedio de cuatro años para que se programe una audiencia sobre sus solicitudes de asilo, y más tiempo para una decisión final.
La situación es tal que las personas elegibles para la protección se ven así privadas de recibirla de manera oportuna, mientras que es poco probable que las personas a las que se les niega el asilo sean devueltas a sus países de origen, habiendo establecido lazos familiares y comunitarios en los Estados Unidos durante los años intermedios.
“La combinación de retrasos de años y retornos improbables se encuentra en el corazón de nuestro sistema de asilo que no funciona. Ese quebrantamiento contribuye a los factores de atracción que impulsan la migración actual a la frontera entre Estados Unidos y México, lo que socava la integridad del centro de asilo y sistemas judiciales de inmigración y aplicación de la ley de inmigración en general”, dice el reporte.
Además, agrega, muchos de los factores que contribuyen al aumento dramático en el número de casos de los tribunales tienen raíces profundas y de amplio alcance, desde desafíos operativos de larga data en la administración de los tribunales hasta nuevas crisis en las Américas que han intensificado tanto las necesidades de protección humanitaria como otras presiones migratorias.
Nuevos caminos del Título 42
El levantamiento del Título 42 en mayo, junto con la reanudación por parte de la administración de Biden de las políticas de aplicación del Título 8 –que requieren que los solicitantes de asilo soliciten entrevistas a través de la aplicación CBP One y les prohíbe cruzar ilegalmente la frontera para ser considerados para la libertad condicional–, se han sumado a los desafíos judiciales, según el informe del MPI.
En este tenor, el reporte establece que la Casa Blanca tiene un impacto directo, debido a que los tribunales de inmigración son órganos administrativos, por lo que el Poder Ejecutivo tiene una libertad considerable para determinar sus políticas y procedimientos.
Agrega además que se han dado algunos pasos positivos por parte de la administración Biden, como la simplificación de ciertas políticas y procedimientos importantes, aunque no es suficiente.
“La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), que revisa las apelaciones de las decisiones de los tribunales de inmigración, no cumple con los requisitos de un sistema de adjudicación que funcione bien: que las decisiones sean precisas, eficientes, coherentes entre los jueces y las jurisdicciones, y aceptadas como justas por el público y las partes en el caso”, dice el texto.
Las propuestas
El informe agrega que desde 2016, el aumento de los cruces fronterizos ha representado un número creciente de nuevos casos, muchos de ellos relacionados con solicitudes de asilo.
Los casos también tardan más en completarse. Si bien las restricciones relacionadas con la pandemia desempeñaron un papel en esta desaceleración, las tasas de finalización de casos ya habían disminuido.
En el año fiscal 2009, cada juez de inmigración completó alrededor de 1,000 casos por año.
“Más jueces por sí solos no son la respuesta. La contratación lenta, la alta rotación y la falta de personal de apoyo han resultado en jueces abrumados cuya productividad ha disminuido a medida que aumentaba la acumulación”, dice el informe.
Empero, para frenar el rezago propone pasos para aprovechar los limitados recursos de representación y apoyo legal para aumentar el asesoramiento legal disponible para los solicitantes de asilo; administrar mejor los expedientes de los tribunales y, por lo tanto, reducir la acumulación de casos.
Además, el informe pide la implementación de la regla del oficial de asilo para frenar el crecimiento de la cantidad de casos de los tribunales en el futuro y otorgar protección más rápidamente a quienes reúnen los requisitos.
Créditos: diario.mx
