Washington – Por vez primera en la historia, la Cámara de Representantes estadounidense tiene en agenda aprobar mañana, viernes, un proyecto de ley que convertiría a gran parte de lo que hoy es Washington D.C. en el estado 51 de Estados Unidos.
Aunque la Casa Blanca advirtió que de convertirse en ley el presidente Donald Trump vetará la legislación y, de todos modos, la medida no avanzará en esta sesión en el Senado, la votación de mañana acentuará que la admisión de la zona de Washington D.C. como estado es ahora parte de la agenda prioritaria del liderato demócrata.
Contrario a Puerto Rico, donde los partidos y grupo políticos promueven otras alternativas de status, incluso la soberanía política de la isla, nadie pone en duda que el 83% de los electores de Washington D.C. respaldó la estadidad en una consulta celebrada en 2016.
La votación de mañana es la primera en 27 años sobre la propuesta para convertir la zona de la capital federal en el estado 51.En aquella ocasión, la legislación fue derrotada 277-153. Entonces, el 40% de los demócratas de la Cámara baja se opuso a la estadidad para Washington D.C.. Solo un republicano votó a favor, Wayne Gilchrest, de Maryland.
Con el propósito de tratar de eludir un potencial problema constitucional, la legislación ahora preserva como capital de Estados Unidos dos millas cuadradas que abarcarían la Casa Blanca, el Capitolio, el Tribunal Supremo, los principales monumentos y los edificios federales adyacentes al National Mall. El nuevo estado se llamaría “Washington Douglas Commonwealth”.
En una declaración de política pública, la Casa Blanca adelantó que se recomendará al presidente Trump vetar la medida si se convierte en ley, por entender que la admisión de la capital federal como estado requiere una enmienda constitucional.
La Casa Blanca aludió a la enmienda 23 de la Constitución que incluyó al Distrito de Columbia en el colegio electoral y alegó que por Washington D.C. incluir terrenos cedidos por Maryland deberá contar con su visto bueno para lograr la admisión como estado 51.
En su argumento, la Casa Blanca cuestionó además si cumpliría con la visión de los arquitectos de la Constitución estadounidense la dependencia que puede tener en la práctica la capital federal del nuevo estado Washington Douglas Commonwealth que la rodearía.
El proyecto que irá mañana a votación, de la autoría de la delegada de Washington D.C., Eleanor Holmes Norton, tiene el apoyo de 226 demócratas, lo que debe garantizar su aprobación en la Cámara baja.
Aunque una medida similar es respaldada por 40 de los 47 senadores demócratas, el rechazo republicano no permitirá ni siquiera su discusión.
Tanto el presidente Trump como el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), han rechazado tajantemente la idea de convertir a Puerto Rico o Washington D.C. en un estado.
Más aún, McConnell ha afirmado que las propuestas de estadidad para la capital estadounidense y la isla son parte de la “agenda demócrata socialista”.
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, líder de los republicanos en la isla, ha descrito la votación de mañana en la Cámara baja federal como un “acto de hipocresía” de los demócratas, porque no se da paso a su proyecto para convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado, en camino a la estadidad.
El proyecto de la comisionada González, como ha sido la norma con las medidas a favor de la estadidad para Puerto Rico, tiene más coauspiciadores demócratas (41) que republicanos (18).
La cuestión económica
Para el congresista republicano Jody Hice (Georgia), quien es miembro del Comité de Recursos Naturales con jurisdicción sobre Puerto Rico, el gobierno de Washington D.C. “no está preparado para cargar con el peso (económico) de la estadidad”.
En declaraciones que publica el periódico The Washington Post, hizo referencia al desalojo por la fuerza, ordenado por el gobierno federal, de una manifestación pacífica el pasado 1 de junio, en los alrededores de la Casa Blanca para justificar la supuesta falta de recursos del gobierno de Washington D.C. para atender sus asuntos.
Para los demócratas, el ejemplo es descabellado, pues en medio de las mayores protestas contra el racismo y la brutalidad policial, el desalojo de una manifestación pacífica en la zona del parque Lafayette no solo lo consideran un atentado contra la democracia sino como otro ejemplo de cómo el gobierno federal interfiere unilateralmente con los asuntos de Washington D.C..
Cuando defendió la estadidad en una audiencia pública en 2019, la alcaldesa Muriel Bowser indicó que Washington D.C. tiene “más población que dos estados” y “pagamos más impuestos federales per cápita que cualquier estado y más que 22 estados”.
Bowser también dijo que el estereotipo de que Washington D.C. es mal administrada deja a un lado que tienen un presupuesto de $15,500 millones anuales y que sus finanzas han estado equilibradas durante el último cuarto de siglo.
Foto GFR Media
Créditos elnuevodia.com
