Por medio de un emplazamiento legal el Condado de El Paso, Texas, y la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) presentaron una petición a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que revise el caso donde se impugna el uso de fondos del Departamento de Defensa para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
El recurso llamado “certificado antes del juicio” solicita que el máximo tribunal del país estudie la impugnación sobre el supuesto mal uso de fondos pertenecientes al Departamento de Defensa, y que el presidente Donald Trump redirigió y utilizó para construir el muro, como una forma de eludir al Congreso.
“Si la Corte Suprema escucha este caso, debería conocer a todas las personas que han sido perjudicadas por los abusos de poder de Trump para construir su ilegal muro fronterizo”, afirmó Fernando García, director ejecutivo de la BNHR.
“Las acciones de Trump han dañado nuestras leyes, nuestra Constitución y, lo que es más importante, a las personas que viven en nuestras comunidades fronterizas”, suscribió García.
De forma previa un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas, consideró ilegal la proclamación de emergencia que la administración Trump emitió para redirigir el gasto de fondos de construcción militar, bajo la Ley Nacional de Emergencias.
Dicha Corte emitió una orden judicial a nivel nacional para detener la construcción del muro. Sin embargo, un panel dividido de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitió una suspensión de la orden judicial, citando la decisión de la Corte Suprema de detener una orden similar en un caso relacionado presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“La Corte Suprema no puede negar el creciente consenso legal”, dijo la abogada Kristy Parker.
“Todos los tribunales de primera instancia que se pronunciaron sobre la flagrante usurpación del Congreso por parte del presidente Trump para construir su muro fronterizo han encontrado que es ilegal”, agregó la especialista legal.
Una de las preocupaciones que dominan esta acción legal es la manera en que el presidente Trump evitó que el Congreso, de mayoría demócrata, se pronunciara al respecto.
“La Corte Suprema debería tomar este caso, lo que podría permitirle reafirmar nuestro sistema de controles y equilibrios constitucionales que la administración Trump está burlando al arrogarse el poder de apropiación del Congreso”, dijo por su parte Stuart Gerson, ex fiscal general interino de los Estados Unidos y abogado adjunto de los demandantes:
“La Corte (Suprema) no debe permitir que este y otros casos relacionados languidezcan, ya que controla la única manera definitiva y segura de detener el abuso de poder del Poder Ejecutivo y el restablecimiento de la capacidad del Congreso para restaurar y ejercer los poderes del Artículo I que los redactores de la Constitución pretendía que tuviera”, dijo Gerson apoyado en los preceptos de la Constitución de los Estados Unidos de América.
“Ahora más que nunca, el Congreso debe promulgar reformas significativas a la Ley de Emergencias Nacionales y hacer retroceder décadas de invasión presidencial en áreas asignadas a la Legislatura, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca”, sostuvo el legista.
Por su parte Laurence H. Tribe, profesor de la Universidad Carl M. Loeb y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Harvard, señaló la necesidad de que la Corte Suprema analice y otorgue un dictamen sobre la demanda en cuestión.
“La Corte Suprema ha aceptado repetidamente las solicitudes de la administración de eludir las Cortes de Apelaciones, incluida la suspensión de las órdenes de los tribunales inferiores sobre la legalidad del desvío de fondos de Trump asignados para otros fines como financiar su proyecto del muro fronterizo”, dijo Loeb.
“Ciertamente la Corte Suprema debería conceder la solicitud del Condado de El Paso de que se escuchen los problemas de su caso ahora para evitar una adjudicación parcial y comprender la disputa en todas sus dimensiones”, sostuvo.
Foto: David Cruz / El Diario
Créditos: diario.mx
