Es ampliamente conocida y deplorada la regresión ambiental y energética que sufre nuestro país. Por una parte, el gobierno ha desmantelado todo el sistema Semarnat, y ha hecho ostensible la ignorancia, desprecio e impunidad con que se mueve en los temas ambientales. Por la otra, ha lanzado una restauración monopólica en el sector energía a través de un embate contra la inversión privada, contra los órganos reguladores y contra las energías limpias, que conlleva el repudio del Acuerdo de París en materia de Cambio Climático, y la violación a las leyes y a la Constitución. Este es el contexto que México ofrece a las disposiciones ambientales (Capítulo 24) del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), lo que nos abre un amplio número de frentes y vulnerabilidades tanto comerciales como políticas. Estados Unidos podrá iniciar procedimientos de impugnación a México que tendrían el efecto de presiones diplomáticas y comerciales reales, lo cual será una potente arma arrojadiza concedida al gobierno norteamericano. Lo anterior, en manos de Trump (si gana las próximas elecciones – esperemos que no), constituirá una gran oportunidad para chantajear y continuar sobajando a nuestro país. De llegar Biden a la presidencia, habrá un instrumento poderoso de inducción y presión política a México, desde su genuina posición de avanzada de responsabilidad global ambiental, energética y climática.
El T-MEC establece la obligación de aplicar efectivamente las leyes ambientales en cada país, en especial en casos de afectaciones al comercio o a la inversión. Énfasis particular se da a la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (en lo cual el gobierno de México ha sido omiso y tramposo). Es notable que el T-MEC afirme el compromiso de las Partes de cumplir con los acuerdos multilaterales de medio ambiente, en lo que sobresale obviamente el Acuerdo de París en materia de cambio climático, el cual ha sido repudiado en los hechos por el gobierno mexicano. El T-MEC en su Artículo 24 pone un énfasis particular en la contaminación del aire como grave amenaza para la salud pública e integridad de los ecosistemas, e introduce el compromiso de reducirla, en un marco de participación pública, transparencia, cooperación, y armonización de metodologías de monitoreo. Aquí, la delirante política del gobierno mexicano de promover el uso de combustóleo y del carbón en termoeléctricas y de bloquear a las energías limpias y renovables puede significar un verdadero tiro en el pie. Es increíble que la Cancillería no advierta de ello al Jefe del Ejecutivo.
El T-MEC también compromete a las partes en cuanto a la prevención y reducción de plásticos y demás basura que degrada los ecosistemas marinos; tema sobre el cual, el gobierno mexicano simplemente no tiene política alguna, vaya, ni siquiera opinión. Todo ello es anatema para el gobierno mexicano dadas sus decisiones abiertas de destruir instituciones ambientales y de gestión de parques nacionales y reservas de la biósfera (Conanp), de aplicación de la ley (Profepa), y de política forestal (Conafor), y de promover políticas y programas expresos que representan incentivos malignos a la deforestación, como “Sembrando Vida”.
Llama la atención la relevancia que otorga el Capítulo 24 del T-MEC a temas de conservación y manejo sustentable de pesquerías y protección de ecosistemas y especies marinas como tiburones (se explicitan medidas para impedir el aleteo de tiburones), tortugas, y aves y mamíferos marinos. Las Partes se comprometen a crear sistemas de regulación para evitar la pesca ilegal, sobrepesca y sobrecapacidad, a reducir y eliminar subsidios perversos, reducir la captura incidental y modificar artes de pesca impactantes, y proteger del hábitat marino. En otro orden de temas, se reconoce la importancia del comercio y la inversión en bienes y servicios ambientales y tecnologías limpias (sistemas y tratamiento de aguas, manejo de residuos, energías limpias). En ello, la acometida del gobierno mexicano contra Asociaciones Público-Privadas, el bloqueo a la inversión privada, y la confiscación regulatoria de activos (como en el caso del agua y las energías limpias) pueden constituir de inmediato un intenso campo de litigio hacia nuestro país.
Por último, el T-MEC refrenda la estructura institucional ambiental del TLCAN (Comité de Medio Ambiente, Comisión de Cooperación Ambiental), así como los procedimientos de solución de controversias. Estos, resultan terriblemente farragosos ya que van de peticiones y expedientes de hechos, a consultas de alto nivel y ministeriales, y a paneles cuyas decisiones eventualmente pudieran llegar a sanciones comerciales. No obstante, el caso es que la irresponsable anti-política ambiental del gobierno mexicano le abre un enorme flanco de vulnerabilidad frente a Estados Unidos. (Otro más).
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