La Administración del presidente estadounidense Joe Biden ofreció autoiniciar y adelantar peticiones bajo el nuevo Mecanismo de Respuesta Rápida establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con ello, dijo, busca garantizar que los trabajadores estadounidenses reciban alivio a través de una aplicación eficiente a nivel de las plantas productivas cuando hay violaciones del T-MEC.
A fin de asegurar recursos adecuados de monitoreo y cumplimiento de estas obligaciones laborales, la Ley de Implementación estadounidense del T-MEC asigna 30 millones de dólares por cuatro años para la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) y otros 30 millones para el Departamento del Trabajo (DOL) con el objetivo de asegurar el cumplimiento en cuestión, así como para el envío de cinco agregados laborales a la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, México.
El primer agregado laboral llegó a México en octubre de 2020 y el segundo agregado entró en funciones en diciembre de 2020.
Asimismo, estos recursos apoyaron la contratación de tres nuevos empleados en la Oficina de Asuntos Laborales de la USTR y la designación de tres abogados para cubrir los problemas laborales del T-MEC en la Oficina del Asesor Jurídico.
Además, la USTR seleccionó a un Representante Comercial Senior de Estados Unidos en México, un nuevo puesto destinado a apoyar la coordinación de los asuntos laborales y ambientales del T-MEC en México, así como otros asuntos de implementación del T-MEC. Este alto funcionario comenzó a operar en México en diciembre de 2020.
Todos los avances descritos anteriormente fueron anunciados este martes al Congreso estadounidense por la USTR en la Agenda Comercial 2021 y el Informe Anual 2020.
El nuevo mecanismo prevé la suspensión de los beneficios arancelarios del T-MEC o la imposición de otras sanciones, como el bloqueo de las importaciones de empresas reincidentes, en casos de incumplimiento de obligaciones laborales clave.
El T-MEC incluye un Anexo del Capítulo Laboral sobre “Representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”, que requiere que México revise su sistema de justicia laboral para garantizar que los trabajadores tengan derecho a voto secreto para elegir y desafiar a los líderes sindicales y aprobar convenios colectivos nuevos y cambios a los existentes.
México promulgó estas reformas a la legislación laboral el 1 de mayo de 2019 e instituyó un enfoque por etapas para iniciar el funcionamiento de un nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y tribunales laborales en todo el país.
El 18 de noviembre de 2020 se inició la primera fase de implementación con la transición de ocho estados mexicanos en materia de justicia laboral a las nuevas instituciones.
De acuerdo con los términos del Anexo Laboral del T-MEC, las reformas incluyeron disposiciones específicas para prohibir el registro de los llamados “contratos de protección”, que son acuerdos de negociación colectiva celebrados por sindicatos no representativos, a menudo sin el conocimiento de los trabajadores, y que socavan la negociación colectiva legítima.
El Anexo Laboral también incluye el compromiso de exigir una revisión de los convenios colectivos existentes dentro de un período de cuatro años a partir de la promulgación de la reforma laboral, antes del 1 de mayo de 2023, para verificar que la mayoría de los trabajadores cubiertos por el convenio colectivo hayan expresaron su apoyo al acuerdo mediante un voto personal, libre y secreto.
Estados Unidos consultó estrechamente con el gobierno mexicano sobre la implementación de las reformas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de México en virtud del T-MEC, incluso a través del Comité Laboral Interagencial de Monitoreo y Aplicación.
Por Roberto Morales
Foto: AFP
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