La investigadora Aleida Hernández Cervantes destacó que el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá tiene como uno de los objetivos fundamentales que “los derechos de las mujeres trabajadoras estén protegidos y garantizados en el marco de esa producción e intercambio comercial; pero también hay que reconocer que aprobarse por el Congreso es un tema que trasciende al T-MEC”.
Emprender una serie de reformas encaminadas a reducir la brecha salarial de 30% en México, se traduce en una señal positiva en el marco del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pues en el Capítulo 23 del T-MEC establece como obligación la igualdad y busca proteger a los trabajadores en contra de la discriminación.
En entrevista con la autora de “T-MEC, Reforma Laboral e Igualdad de Género”, Aleida Hernández Cervantes, expuso que “me parece que el dictamen aprobado en el Senado está relacionado con el mandato del T-MEC, no sólo porque es una deuda que se tiene con las mujeres, sino también porque se quiere mandar un mensaje que se está impulsando a políticas de igualdad, y en este caso en el ámbito laboral, que es uno de los más atrasados en el país, con relación de las mujeres”.
La especialista destacó que el acuerdo comercial tiene como uno de los objetivos fundamentales que “los derechos de las mujeres trabajadoras estén protegidos y garantizados en el marco de esa producción e intercambio comercial; pero también hay que reconocer que aprobarse por el Congreso es un tema que trasciende al T-MEC”.
El dictamen aprobado la semana pasada en el Senado, tendrá que revisarse en la Cámara de Diputados, “y va en línea con la agenda legislativa que tenemos; en cuanto llegue la estaremos revisando porque es importante emprender acciones para reducir la brecha salarial”, dijo la diputada Anita Sánchez, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Un aspecto que destaca el ditamen sobre “Igualdad Salarial y no discriminación entre mujeres y hombres”, es el hecho de que para eliminar la brecha de género, las instituciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación para acreditar que cuentan con prácticas de igualdad de género y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de sus personas trabajadoras.
Se trata, dijo la investigadora y doctora en Derecho, Aleida Hernández, “de poder poner bajo la lupa a las empresas que no cumplen con la igualdad salarial; falta mucho para que se vuelva un hecho, pero me parece que hay un impulso importante que vaya más allá de lo que establece la Constitución de que a trabajo igual salario igual”.
Créditos: eleconomista.com.mx
