Una orden de restricción temporal, que bloquea los esfuerzos del gobernador Greg Abbott de prohibir que vehículos no gubernamentales transporten a migrantes liberados de la custodia del Gobierno, se extenderá otras dos semanas, dictaminó una juez federal de El Paso el viernes.
La orden de restricción temporal original de la jueza de Distrito Kathleen Cardone se emitió el 3 de agosto y expiró el viernes. Cardone ha dicho que es probable que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que presentó una demanda para bloquear la orden de Abbott como una violación de la supremacía federal en asuntos de inmigración, prevalezca en su desafío.
En la audiencia del viernes, el abogado del Departamento de Justicia, Brian Boynton, argumentó que Texas no tiene autoridad para hacer cumplir sus propias leyes de inmigración.
Y le dijo a Cardone que el Estado evitaría que los contratistas federales transporten a migrantes bajo custodia, así como a grupos sin fines de lucro que brindan servicios a migrantes liberados de la custodia y en ruta a otras ciudades para audiencias de inmigración.
“Todo eso se vería afectado por la orden de Texas”, dijo Boynton.
Añadió ante la Corte que la hermana Norma Pimentel, de la organización Catholic Charities of the Rio Grande Valley, fue visitada por los oficiales del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas después de que Abbott emitió su orden el 28 de julio.
El gobernador ordenó a los policías estatales de Texas que detuvieran a cualquier sospechoso de transportar migrantes que habían ha sido liberados por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“El día que se firmó la orden ejecutiva de Texas, DPS se acercó a ella y le dijo que ya no podían transportar migrantes”. Y le dijeron que el DPS tendría policías “apostados afuera de sus instalaciones”, dijo Boynton.
Will Thompson, un abogado del Estado de Texas, dijo que los agentes de DPS “le avisaron” antes de que comenzaran a hacer cumplir la prohibición de viajar para migrantes.
Los abogados de Abbott y del Estado de Texas expresaron ante la Corte de Cardone, en la audiencia del 3 de agosto, que la orden ejecutiva no se había implementado porque DPS no había desarrollado planes sobre cómo se haría cumplir.
Boynton dijo que la orden ejecutiva estaba en conflicto con la ley federal, porque los funcionarios estatales tendrían que tomar una determinación de estatus migratorio. Además, Texas no tiene la autoridad para “dirigirse a los migrantes”, dijo.
Durante una amenaza para la salud pública, cualquier esfuerzo de mitigación debe imponerse en todos los ámbitos, argumentó Boynton, y dijo que las restricciones de viaje impuestas por los agentes del DPS llevarían a “apuntar a las personas, perfilar y acosar a las personas”.
Thompson le dijo a la jueza que Texas está lidiando con una gran crisis de salud pública y el Covid se está “disparando” en la frontera debido a los migrantes. Cardone preguntó: “¿No se está disparando en todas partes?”
Thompson dijo que “el peligro para los migrantes es mayor”. Cardone preguntó: “¿No es eso cierto para todas las personas que no están vacunadas?”
Agregó a la Corte que los migrantes son más vulnerables al virus porque provienen y viajan a través de países con tasas de vacunación más bajas antes de llegar a la frontera de Estados Unidos. Dijo que eso provocó un aumento de casos de Covid en la frontera.
“Que yo sepa, no está aumentando en El Paso y ciertamente estamos en la frontera”, dijo Cardone.
En la audiencia del viernes, Cardone dijo que decidiría en las próximas dos semanas si consolidaría la demanda del Departamento de Justicia con una presentada por la Unión Ameicana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a migrantes.
La jueza también considerará el argumento de “primero en presentar” del estado de Texas. Una demanda por separado en un tribunal federal en Fort Worth debería ser el caso gobernante para la aplicación de la ley fronteriza, argumentaron los abogados estatales.
En ese caso, Texas está demandando a la administración de Biden para forzar la aplicación total de una orden de salud pandémica conocida como Título 42, que expulsa a la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sin documentación, pero permite que algunos ingresen al país. El Departamento de Justicia argumentó que la demanda del Título 42 y la demanda de orden ejecutiva sobre el transporte de migrantes involucran cuestiones completamente diferentes.
Por Angela Kocherga/El Paso Matters
Créditos: diario.mx
