La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), encargada de velar por el cumplimiento de las leyes medio ambientales en los países que integran el TMEC admitió la petición para iniciar una investigación sobre la actuación del gobierno mexicano en cuanto a la aplicación de leyes correspondientes a la práctica de fractura hidráulica que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha llevado a cabo en Los Ramones, Nuevo León.
Desde octubre de 2018 el Secretariado de esta institución recibió la petición SEM-18-003 (Fracturación Hidráulica en Nuevo León). Los peticionarios alegan que Pemex, ha estado explorando hidrocarburos en el área de Los Ramones y en otros lugares en el estado de Nuevo León donde se realizaron los pozos Tangram-1 y Nerita-1 para usar la fracturación hidráulica y buscar hidrocarburos.
En la petición señalan que tras diversas búsquedas de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de estos pozos, no encontraron ninguna información pública al respecto. Además, tras la perforación de estos pozos cercanos a la comunidad de Hacienda el Carrizo, se han evidenciado diferentes afectaciones como sismicidad inducida por la fractura hidráulica, además de haberse generado impactos al agua, el medio ambiente y la agricultura en la comunidad.
La petición para iniciar la investigación detalla que que en el pozo Tangram-1, concluido en diciembre de 2013, se inyectaron 25,808 metros cúbicos de agua y se alcanzó una profundidad de 4,426 metros. Por cuanto al pozo Nerita-1, concluido en agosto de 2014, se inyectaron 13,039 metros cúbicos de agua hasta una profundidad de 4,100 metros.
“Los peticionarios aseveran que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de varios artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en particular respecto de la obligación de presentar una manifestación de impacto ambiental (MIA) y la aplicación de medidas de seguridad para proteger el medio ambiente, junto con incumplimiento con varias otras normas contenidas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) y el Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (Reglamento de la LGPGIR)”, aseguran.
La petición para el inicio de la investigación indica que los presuntos afectados no tuvieron oportunidad de participar en un proceso de consulta pública del proyecto, ya que no tuvieron acceso a los estudios correspondientes ni les fue informada su existencia.
Por otra parte, el Secretariado también ha estimado que, si bien en principio existe una MIA presentada conforme al artículo 28 de la LGEEPA respecto del Proyecto Cuenca de Burgos, no se dio oportunidad a la comunidad afectada de conocer las obras propuestas, ni los impactos ambientales anticipados de los pozos, mediante un proceso de consulta efectivo, transparente y conforme a la legislacioìn.
Por tanto, habiendo considerado la petición a la luz de la respuesta de México, el Secretariado del supervisor internacional encontró que existen cuestiones centrales abiertas en relación con presuntas deficiencias en la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) de los pozos Tangram-I y Nerita-I, así como en materia de responsabilidad por daños al ambiente, establecimiento de medidas de seguridad y aprovechamiento sustentable del agua, por lo que recomienda al Consejo del CCA aprobar el inicio de un expediente de hechos respecto de la aplicación efectiva de los artículos 28: fracciones I y XIII, 88: fracción III y 170 de la LGEEPA.
El siguiente paso es que el Consejo del CCA, integrado por un representante de cada país que integran el T-MEC, apruebe en votación mayoritaria, de 2 a 1 lo recomendado por el Secretariado, para iniciar el expediente de hechos y poder determinar las faltas atribuibles al Estado Mexicano, así como las enmiendas necesarias para la protección de la naturaleza, y el cumplimiento del marco de derecho, informó este miércoles la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Foto: Reuters
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