El proceso en el Senado deberá empezar el 28 de agosto y sería el primer juicio político del estado en casi medio siglo
Austin — El costo financiero del juicio político contra el fiscal general Ken Paxton es una incógnita y dependerá de la duración del proceso.
Los abogados contratados por los regentes del juicio en la Cámara de Representantes que alegarán que Paxton debe ser removido de su cargo ganarán $500 la hora, mas gastos de viaje, revelan documentos públicos a los que tuvo acceso The Dallas Morning News.
Los senadores estatales, que fungirán como jurado, recibirán estipendios diarios.
Y aunque el principal abogado de Paxton ha dicho que no se le pagará con dinero público, no ha explicado cómo será remunerado su equipo, que integran seis funcionarios que pidieron permiso de ausencia en la fiscalía para integrarse al equipo legal de su jefe.
El juicio en el Senado deberá empezar el 28 de agosto y sería el primer juicio político del estado en casi medio siglo.
Se espera que el martes la cámara anuncie las reglas, la posible duración y una fecha de inicio más certera.
Los senadores son los que tomarán la decisión de si Paxton puede seguir en el cargo de fiscal general del estado.
Actualmente está suspendido de sus funciones sin goce de sueldo.
Republicano por tres periodos en el cargo y cercano al expresidente Donald Trump, Paxton es acusado de aceptar sobornos y abusar de su poder para ayudar a un donante de su campaña, entre otros presuntos delitos.
Paxton ha negado toda fechoría y ha dicho que el juicio político en su contra iniciado por sus compañeros republicanos es un intento ilegal de frustrar la voluntad de los electores, quienes lo reeligieron en noviembre.
Nadie sabe cuánto terminará costando el juicio a los contribuyentes texanos, pero expertos jurídicos dicen que tales gastos son de importancia crítica para el autogobierno.
“Estamos gastando $25 millones en cambiarle el techo al capitolio, y es un edificio”, dijo en una respuesta por escrito David González, abogado litigante que trabajó como fiscal especial en un caso penal contra el exgobernador Rick Perry.
“Yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que pasa debajo de ese domo es mucho más valioso: nuestros principios, la integridad de nuestro gobierno”.
Algunos de los 20 puntos de acusación contra Paxton son hacer falsas declaraciones en sus registros financieros personales, obstrucción de la justicia por diferir un juicio por cargos de fraude de valores que enfrenta desde 2015, y soborno, por presuntamente abusar de sus funciones para ayudar a un donante de campaña.
El Comité de Investigaciones Generales de la Cámara de Representantes contrató a Rusty Hardin y Dick DeGuerin, dos prominentes abogados de Houston, para formular el argumento de que Paxton debe ser removido de su cargo.
Hardin y DeGuerin, además de cualquier asociado que contraten para ayudar, podrán facturar al estado $500 la hora, mas gastos de viaje, indica una copia de sus contratos a las que tuvo acceso The News a través de una solicitud de transparencia pública.
En los acuerdos no se especifica un tope de gastos.
Hardin, conocido por representar a atletas de alto perfil como Wade Boggs, Scottie Pippen y Roger Clemens, dijo que su equipo está trabajando en el juicio político por una fracción de lo que se cobra normalmente.
Generalmente él cobra $1,500 la hora, y los socios de su despacho $850 la hora, detalló.
Hardin dijo que a final de cuentas sus servicios jurídicos serán mucho más baratos que los $3.3 millones que Paxton pidió para resolver la demanda de delatores que derivó en el juicio político en su contra.
“Si hablamos de quién representa un gasto para los contribuyentes, nosotros nos quedamos muy atrás”, dijo Hardin.
Hardin planea llevar un asistente jurídico investigador al que también se le pagará una tarifa más baja.
DeGuerin dijo que él prevé integrar a por lo menos un socio de su despacho de abogados.
“Vamos a tratar de no llevar un ejército”, dijo Hardin, y destacó que aunque planean mantener bajos los gastos, “no tengo forma de predecir el costo”.
El representante estatal Andrew Murr, republicano de Junction que preside el Comité de Investigaciones Generales que puso en marcha el juicio político contra Paxton, no respondió a preguntas relativas a cómo le hará el estado para pagar los honorarios de los abogados o cuánto está siendo presupuestado para el histórico caso.
Los abogados contratados deben entregar sus facturas mensualmente a Murr por lo que duren sus contratos, que terminan en Halloween pero pueden ser cancelados antes.
Las dependencias estatales normalmente contratan abogados externos. La propia fiscalía de Paxton ha recurrido cada vez más a juristas externos en los últimos años.
Por ejemplo, pagó más de medio millón de dólares a abogados particulares que manejaron la demanda presentada por cuatro exempleados de la fiscalía que acusaban a Paxton de represalias después de que lo acusaron de corrupción.
González observó que como abogados particulares, Hardin y DeGuerin tienen menos conflictos de interés que un abogado del gobierno.
“No están aprovechando el juicio político para hacerse de renombre, ni lo están haciendo por lucrar. Ninguno tiene que buscar la reelección”, formuló.
“Esa es la gran ventaja de la asesoría jurídica externa”.
Aparte de los gastos por servicios legales, los senadores estatales, incluida la esposa de Paxton, Angela Paxton, republicana que representa al condado de Collin, recibirán un estipendio diario de $221 durante el juicio, confirmó la secretaria del Senado Patsy Spaw.
Por los 31 senadores, el costo ascendería a casi $7,000 por día.
Paxton también ha contratado abogados privados para su defensa.
El republicano del condado de Collin, suspendido de su cargo sin goce de sueldo, no ha respondido a preguntas sobre cómo serán remunerados.
“El fiscal general Ken Paxton no usará dinero de los contribuyentes para defenderse de estas ridículas y falsas acusaciones”, dijo Tony Buzbee, abogado de Houston que encabeza el equipo legal de Paxton, a The News.
Dan Cogdell, un abogado de Houston que ha defendido a Paxton de las acusaciones de fraude de valores que penden sobre él desde hace ocho años, también representa al fiscal general en este caso.
Además, seis empleados de la fiscalía, entre ellos el procurador general Judd Stone, pidieron permiso de ausencia para defender a su jefe.
Paxton podría pagar sus gastos legales con dinero de su cuenta de campaña, lo cual ya ha hecho anteriormente.
Hasta enero, su cuenta tenía un saldo de $2.4 millones, de acuerdo con actas del estado.
O tal vez podría abrir un fondo de defensa legal, una opción con reglas más estrictas que permiten aportaciones de dinero solo de familiares y amigos.
Ambas opciones requerirán transparencia pública a través de reportes de finanzas de campaña y finanzas personales.
Buzbee dijo a The News que Paxton “cumplirá todos los requisitos de transparencia financiera”.
Créditos: dallasnews.com
