Centenares de miles de beneficiarios del programa DACA que los protege de la deportación esperan con interés y angustia que los jueces del Quinto Circuito de Apelaciones -de tendencia conservadora-, emitan en cualquier momento una decisión que ellos tomarán sobre el futuro.
Por un lado, el gobernador Greg Abbot y otros líderes republicanos de Texas están decididos a acabar con el programa creado hace 10 años por el presidente Barack Obama. Gobernadores de varios estados de mayoría republicana se unieron a esa demanda buscando poner fin a DACA, que beneficia a unos 800 mil jóvenes que llegaron cuando niños, traídos por sus padres, quienes se quedaron con ellos en el país.
A los dirigentes de las organizaciones de defensa de los llamados Soñadores (Dreamers) les preocupa que, después de diversos intentos de socavarlo, finalmente puedan tener éxito en el Quinto Circuito.
Ello provocaría una potencial crisis personal y política inmediata para muchos Dreamers y sus familias, y también un posible caso en la Corte Suprema durante el próximo mandato presidencial, advirtió Vanessa Cárdenas, subdirectora de America’s Voice.
Cárdenas fue moderadora de un panel de expertos que el viernes discutió las implicaciones políticas y la acción legislativa -además del impacto humano y económico para los jóvenes inmigrantes, sus familias y comunidades- en el caso de que la corte elimine o restrinja aún más la iniciativa.
Allí los participantes coincidieron en señalar que DACA es uno de los programas de inmigración más exitosos y populares en la historia reciente, permitiendo a más de 830 mil jóvenes vivir y trabajar sin el temor inmediato de una deportación.
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) lleva 10 años en vigor y permite a ciertos inmigrantes que llegaron de niños antes de junio de 2007 solicitar protecciones contra la deportación y permisos de trabajo.
Todos coincidieron en la necesidad de unir fuerzas para defender el programa y reclamaron tanto al Congreso federal como al presidente Joe Biden tomar acciones que logren que el beneficio sea permanente y además abra un camino a la residencia permanente y luego a la ciudadanía.
En el panel también participaron: Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center; Juliana Macedo do Nascimento, directora adjunta de Promoción Federal de United We Dream Action; Kerri Talbot, directora adjunta de The Immigration Hub; Arnulfo De La Cruz, vicepresidente ejecutivo de SEIU Local 2015, y Diana Pliego, asociada de políticas públicas de National Immigration Law Center.
Créditos: washingtonhisspanic.com
