Una vez más el futuro del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se encuentra en un momento de incertidumbre luego que un juez federal en Texas ordenó el 16 de julio poner fin la protección a los llamados dreamers.
En Estados Unidos hay 616,030 beneficiarios de DACA. Texas es el segundo hogar en el país para 101,970 dreamers, solo superado por California con 175,530 registrados hasta el 31 de marzo de 2021, según los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Sin embargo, Texas ha jugado un papel crucial en el destino de los dreamers.
Andrew Hanen, juez federal, de distrito falló el 16 de julio 2021 a favor de Texas y otros ocho estados —Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia— más líderes conservadores que habían presentado una demanda para detener el programa DACA.
Hanen estableció que encontró “defectos legales” en la forma en que la administración de Barack Obama implementó el programa en 2012.
Esta decisión dejó en limbo a los dreamers, quienes ahora esperan que la Casa Blanca encabece una apelación en tribunales para mantener el programa.
Y por ser el segundo estado con más beneficiarios de DACA, Texas se beneficia de los impuestos que estas personas pagan anualmente. En 2018, la cifra disponible más reciente, el estado recibió $244.7 millones de parte de los dreamers, según documentó el Center for American Progress.
En junio de 2020 había 68,000 personas con permiso DACA con empleo en Texas. Las ciudades de Texas con más dreamers son Dallas, Houston, San Antonio y Austin, según el Instituto de Política Migratoria (MPI).
Línea del tiempo de DACA y Texas
15 de junio, 2012 : La administración de Obama anunció el programa para los menores, aclarando que este no ofrecería una vía legal para la ciudadanía o residencia permanente.
15 de agosto, 2012: USCIS comenzó a procesar aplicaciones, dando inicio al programa para los dreamers.
20 de noviembre, 2014: Obama propuso implementar el programa de Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA), que habría ampliado las protecciones similares a DACA a los padres de jóvenes inmigrantes.
Junio 2015 – junio 2016: Texas demandó con éxito para evitar que la política de DAPA entrará en vigencia. Esta demanda fue presentada por los procuradores de justicia de Texas y otros 25 estados, todos con gobernadores republicanos.
Enero 2017: A unos días de tomar el cargo como presidente, Trump anunció que pondría fin a DACA.
29 de junio, 2017: El fiscal general de Texas, Ken Paxton amenazó por primera vez con demandar el programa si la administración de Trump no terminaba con DACA en septiembre 2017.
5 de septiembre, 2017: La administración de Donald Trump intentó poner fin a DACA, pidiendo al Congreso que encontrará una solución permanente para los beneficiarios de DACA. Trump dijo que Obama había excedido su autoridad cuando promulgó inicialmente DACA.
1 de mayo, 2018: Después de que la administración Trump ya había sido bloqueada por un juez de California para terminar DACA en enero 2018, Paxton pidió a un tribunal federal del sur de Texas que bloqueara la emisión y renovación de los permisos de los dreamers. Texas y otros ocho estados presentaron la demanda. El caso fue asignado al juez Hanen del distrito de Houston, el mismo juez que había anulado previamente el programa DAPA.
31 de Agosto, 2018: Hanen dijo que Texas y los otros ocho estados que entablaron la demanda para bloquear el DACA no pudieron demostrar que la continuación del programa causaría un daño irreparable. El juez cuestionó la legalidad del programa, pero argumentó que se haría más daño a los beneficiarios del DACA si perdían el permiso.
Junio 2020: La Corte Suprema falló determinó que la administración de Trump no siguió el procedimiento federal adecuado para dar por terminado el programa. El tribunal superior le dijo a la administración que podía volver a intentarlo.
22 de diciembre, 2020: Una vez más el estado de Texas y otros ocho estados pidieron a la corte federal en Houston al juez Hanen determinar si el programa fue creado dentro de un marco legal, argumentando que los estados tienen que pagar los costos por brindar atención médica, educación y protección policial a los beneficiarios de DACA, según la denuncia original.
16 de julio, 2021. Hanen determinó que el programa tiene fundamentos no legales y falló a favor del argumento de Texas y otros ocho estados —Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, South Carolina y West Virginia— quienes demostraron “las contrariedades que la continua operación del DACA les ha infligido”. “Además, el gobierno no tiene un interés legítimo en continuar con un programa implementado ilegalmente”.
