Después de 50 días de mandato, la luna de miel de Joe Biden hace jornadas que dejó de brillar en los medios de la derecha.
Cuando las estrellas de la Fox hablan del gran éxito legislativo de los estímulos para afrontar el impacto económico y social de la covid (muerte, paro, pobreza, hambre), solo es para calificarlo de “antiamericano”, cuyo objetivo consiste en subsidiar la holgazanería en estados demócratas.
Al referirse al presidente, lo habitual es oír reflexiones sobre su falta de energía, su salud mental a los 78 años, o que se planteen la cuestión “¿dónde está Joe?”, porque aún no ha dado una rueda de prensa. “¿No está preparado para las preguntas difíciles?”, aseguran.
Joe Biden participó en un encuentro telemático con Andrés Manuel López Obrador
Pero la principal bandera de la resistencia que enarbola la oposición apela a un problema endémico y de alta sensibilidad en Estados Unidos: la inmigración.
Los republicanos centran sus ataques contra este gobierno en edad tierna en la rampante entrada de indocumentados, asunto nuclear del trumpismo y su muro con México, que está experimentando un incremento muy importante desde el traspaso de poder el 20 de enero. “Crisis” se ha convertido en la palabra más citada por los conservadores.
Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Fronteras, actualizó esta semana los datos oficiales, entre los que destacan que 9.547 menores no acompañados por sus padres fueron detenidos al hacer el cruce. Esta cifra desborda a los 5.800 de enero.
Este miércoles había 3.400 menores en los centros de detención fronterizos, donde pasan una media de 107 horas –el máximo legal está en 72– antes de ser transferidos a sus familias en el interior del país o a refugios del Departamento de Sanidad y Recursos Humanos. Unos 2.800 esperan plaza, aunque la disponibilidad está en tan solo medio millar.
La respuesta
“La frontera no está abierta”, dijo Roberta Jacobson, supervisora de ese territorio
En el pico del periodo crítico del 2019, los niños bajo custodia policial llegaron a 2.600.
A lo largo de la frontera o en los puertos de entrada se registraron arrestos en 100.400 ocasiones durante febrero, una subida del 28% respecto al mes anterior. La mayoría de estos detenidos, en torno a 70.000, eran adultos que de inmediato fueron enviados de regreso bajo las norma de emergencia de la pandemia heredadas del gobierno Trump. Esto hace que muchos sean reincidentes.
A diferencia de su predecesor, Biden permite que esos niños no acompañados entren en EE.UU. en cumplimiento de tener una conducta más humana.
Además de crear nuevas instalaciones para dar acogida a los menores, su administración ha reinstaurado un programa de la época Obama para aliviar la presión. Esta iniciativa permite que los adolescentes procedentes de Centroamérica –unos 3.000 hasta que Trump la cerró en el 2017– soliciten la admisión desde sus países, lo que facilita buscarles un acomodo y aligera la carga fronteriza.
Todo este conjunto no es más que una demostración de debilidad para los conservadores. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, acusó al presidente de “menospreciar” una creciente crisis fronteriza. Aseguró que desplegará 500 guardias nacionales “para llenar el vacío”.
El legislador Kevin McCarthy, jefe de la minoría conservadora
en la Cámara Baja, está preparando un viaje al sur la próxima semana con otros colegas para subrayar el problema. El congresista James Comer se refirió al efecto llamada, “una señal al mundo de que nuestras leyes de inmigración se pueden violar”. El senador Ted Cruz tuiteó: “Estamos viendo un incremento de menores no acompañados cruzando. ¿Por qué?, por la promesa de Joe Biden de amnistía”. Que es lo mismo que decir que los demócratas quieren conceder la ciudadanía a los once millones de inmigrantes simpapeles.
Frente a esas acusaciones, en el gobierno Biden hay reticencias para a aceptar la palabra crisis. Tanto el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, consideraron inadecuado ese término.
El lenguaje importa
La oposición insiste en que hay una crisis, pero el Gobierno es reticente a utilizar esa palabra
“De cualquier manera que denominemos esto, no cambiará lo que estamos haciendo porque tenemos la urgencia del presidente de arreglar nuestro sistema”, respondió Roberta Jacobson, supervisora de la frontera sur.
Jacobson reconoció esa posible confusión en los mensajes de un trato más humano y de que no se puede llegar de manera ilegal. “La frontera no está abierta”, recalcó tanto en inglés como en español. Y recordó que se han visto incrementos en otros momentos. “Los incrementos –dijo– tienden a responder a la esperanza”.
Por Francesc Peirón / Nueva York. Corresponsal
Foto: ADREES LATIF / Reuters
