Laredo, Texas.- Este martes, un mexicano que compraba armas en Texas y las vendía en la ciudad de Laredo se declaró culpable de participar en el tráfico de armas hacia México. De acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos esta podría convertirse en la primera persona condenada en virtud de la nueva Ley para detener el tráfico ilegal de armas de fuego, aprobada en Julio de este 2022.
Se trata de la ley “ Stop Illegal Trafficking in Firearms Act” que fue aprobada con la finalidad de detectar y castigar a los individuos que trafican ilegalmente con armas de fuego.
El primer convicto es Said Isaac Hernández de 25 años de edad, quien desde el 22 de julio de 2021 al 26 de junio de 2022, había comprado al menos 176 pistolas. Además, durante el periodo del 13 de octubre de 2021 al 08 de julio de este año, el sujeto cruzó la frontera un gran número de ocasiones.
Dichos números pusieron en alerta a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos -ATF, por sus siglas en inglés-, por lo que abrieron una investigación sobre la compra significativa de armas por parte de Hernández.
Según los informes de la ATF, el mexicano había informado tener un ingreso de menos de $10 mil dólares pero, aún así, había comprado todas las armas, además de que la dirección de Austin que proporcionó al comprarlas no coincidía con la de su residencia.
La denuncia penal que hay en su contra señala que el 10 de julio de 2022, Hernández compró armas de seis diferentes Licenciatarios Federales de Armas de Fuego en una exhibición en Waco, al día siguiente hizo lo mismo pero en Pflugerville.
Por lo anterior, el 11 de julio el Departamento de Seguridad Pública de Texas -DPS, por sus siglas en inglés- detuvo a Said Isaac a través de una parada de tráfico con un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y su binomio canino como respaldo.
Hasta el momento la audiencia para dictar la sentencia firme está programada para realizarse el 10 de enero de 2023.
La Ley para detener el tráfico ilegal de armas de fuego, que establece que “aumentará la seguridad pública al castigar y disuadir el tráfico de armas de fuego”, conlleva una pena de no mayor de 15 años de prisión y/o una multa. Si la infracción se comete a sabiendas d causa razonable que el arma de fuego se utilizará en un delito de violencia, la persona puede ser condenada hasta con 25 años de prisión.
Por Hispanic Global News
