A finales de año, era una ciudadana privada, obligada a dejar el cargo por una serie de fracasos y escándalos que minaron la confianza pública
A principios de 2022, Yvonne Rosales estaba entrando en su segundo año como la primera mujer elegida fiscal de Distrito para el Distrito Judicial 34, que incluye los condados de El Paso, Hudspeth y Culberson.
A finales de año, era una ciudadana privada, obligada a dejar el cargo por una serie de fracasos y escándalos que minaron la confianza pública.
En mayo, la reportera de El Paso Matters, Victoria Rossi, exploró cómo Rosales había desmantelado una Unidad de Violencia Doméstica que era vista como un modelo nacional.
En julio, el juez de Distrito Sam Medrano Jr. criticó duramente a Rosales en una audiencia judicial después de que hizo un comentario a los medios diciendo que quería un juicio en el verano de 2023 para el tirador acusado de matar a 23 personas en un Walmart de El Paso en 2019. Medrano dijo que la oficina de Rosales no había hecho una sola presentación en el caso, y la acusó de fanfarronear.
Esa audiencia judicial y una orden de mordaza emitida por Medrano durante la audiencia, desencadenaron una serie de eventos que eventualmente conducirían a la renuncia de Rosales.
En agosto, los magistrados de prisiones comenzaron a desestimar cientos de casos penales porque la oficina de Rosales no había presentado cargos en el tiempo permitido por la ley de Texas.
Posteriormente, en agosto, el abogado defensor de El Paso, Omar Carmona, presentó una petición judicial para destituir a Rosales de su cargo por incompetencia y mala conducta oficial. La petición citó ampliamente los informes de El Paso Matters sobre la disminución de los juicios por violencia doméstica y la gran cantidad de casos penales que se desestimaron.
Rosales y sus aliados se defendieron, alegando una conspiración que incluía a la Oficina del Fiscal del Condado de El Paso, Carmona, El Paso Matters y otros. Al mismo tiempo, una persona anónima presentó una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos buscando despojar a El Paso Matters de su condición de organización sin fines de lucro. La denuncia citó los informes de El Paso Matters sobre Rosales.
A principios de agosto, varios periodistas de El Paso recibieron un correo electrónico en el que se criticaba a Medrano y a un ex fiscal en el caso del tiroteo en Walmart. El correo electrónico supuestamente provenía de la familia de un hombre de Juárez asesinado en el ataque a Walmart de 2019. Medrano nombró al abogado de El Paso Justin Underwood para representar a la familia de Juárez en una investigación para determinar si ellos u otra parte habían violado la orden de mordaza de julio en el caso.
Una investigación de El Paso Matters mostró que los destinatarios del correo electrónico estaban todos en la lista de distribución de medios que mantiene la Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso.
En octubre, una presentación judicial de Underwood reveló que la familia dijo que el correo electrónico fue escrito por el abogado personal de Rosales, Roger Rodríguez. La familia dijo que empezaron a grabar a Rodríguez cuando comenzaron a sospechar de sus actividades. Las grabaciones, que fueron entregadas al FBI, mostraban a Rodríguez haciendo una serie de amenazas contra la familia, Medrano y el fundador de El Paso Matters, Robert Moore.
El 1 de noviembre, la fiscal del Condado de El Paso, Jo Anne Bernal, presentó una notificación de intención de “procesar esta acción de destitución contra la fiscal del Distrito Judicial 34, Yvonne Rosales, de su cargo de conformidad con el Capítulo 87 del Código de Gobierno Local”.
A fines de noviembre, Rosales anunció su renuncia a partir del 14 de diciembre como parte de un acuerdo para poner fin a su juicio de destitución, que estaba programado para marzo. Días después, invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación al enfrentar preguntas sobre sus acciones.
El Paso Matters
Foto: El Paso Matters
Créditos: diario.mx
