Si la nueva reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es aprobada, el Gobierno debe prepararse para la posibilidad de que Estados Unidos lo arrastre a un choque comercial, coincidieron expertos en la materia.
El capítulo de inversiones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre la posibilidad de que tanto empresas como el Gobierno estadounidense convoque a paneles de resolución de controversias en caso de que se viole el acuerdo, condición que podría cumplirse bajo los preceptos de la nueva reforma eléctrica.
Si se abre el panel, el proceso podría ser largo, y una resolución desfavorable sería bastante dolorosa para México. El tratado permite que el país afectado cobre los daños, incluyendo represalias comerciales en cualquier sector, apuntó Kenneth Smith, uno de los negociadores de México durante la modernización del tratado.
“Eso es lo que es de verdad doloroso, porque no tiene que estar acotado al mismo sector en el que está la demanda”, comentó durante su participación en el Foro IMMEX organizado por Index Nacional.
Una resolución en contra de México no obligaría necesariamente a revertir la reforma, pero el gobierno del país vecino podría poner un revés a la legislación como condición para retirar sus represalias, iniciando lo que Smith caracterizó como “una suerte de guerra comercial en el largo plazo”, añadió Smith.
En el caso de que sean empresas las que presentan una queja, tienen la opción de acudir a cortes internacionales, donde los procesos pueden alargarse hasta cinco años, con la posibilidad de reparación de daños a su favor.
“Ustedes imaginarán la magnitud de lo que podría significar esto en el sector energético, donde el monto de las inversiones son mucho mayores”, señaló Smith.
Capítulos afectados
El problema va más allá de la inversión. La reforma eléctrica de López Obrador choca de frente con varios de los compromisos medioambientales que México mantiene dentro del T-MEC, en el Acuerdo de París y con la Agenda 2030 de Sostenibilidad de las Naciones Unidas.
“Vamos a tener problemas en los fondos de solución de controversias, pero en un futuro en la definición de las barreras comerciales que te pueden imponer tus socios comerciales por no cumplir con compromisos ambientales”, dijo Smith.
El proyecto de reforma es un dolor de cabeza para la iniciativa privada del país, que teme el impacto que este podría tener sobre la inversión y, a la larga, el desarrollo económico.
“Debemos de aprender que si queremos traer inversión extranjera y que si queremos tener inversión privada en el desarrollo de infraestructura, tenemos que ser respetuosos de las condiciones en las que se firman los contratos”, declaró Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial.
En este contexto, la reforma de AMLO podría chocar de frente con los capítulos de inversión y energía, pero también con el de empresas del Estado, explicó Gustavo Uruchurtu, abogado experto en comercio exterior y exnegociador de varios tratados comerciales de México.
El T-MEC contempla la existencia de empresas del Estado, pero prohíbe que usen su posición para distorsionar el mercado de modo que favorezca sus operaciones, situación que se cumpliría con la reforma eléctrica.
“Las empresas van a proteger lo que ya invirtieron… Y el sector energético es muy atractivo, entonces creo que va a haber interés del gobierno americano de que permanezca abierto”, señaló el experto en comercio internacional.
Además, ésta pisotearía los intereses de varios países europeos y asiáticos con los que se tienen tratados comerciales o acuerdos de inversión.
“Hasta los chinos están metidos, porque también tenemos tratados bilaterales de inversión”, apuntó Uruchurtu en entrevista.
Sin “cremallera”
López Obrador ha intentado defender la reforma amparándose en el derecho que el país tiene de modificar su Constitución. Expertos consultados señalaron que, a pesar de que este último punto es acertado, México no puede cerrar un sector en el que sus tratados establecen apertura. Esto se conoce en el argot legal como la “disposición de cremallera”.
Eusebio Hidalgo, abogado socio de la firma Ansley Consultores, añadió que, viendo el proyecto de reforma a detalle, podría argumentarse que incurre en lo que llamó “expropiación indirecta”. Es decir, se estarían negando a los inversionistas derechos garantizados en contratos y acuerdos comerciales.
“(El T-MEC) dice que México, en la materia, no le puede dar a sus socios menos de lo que ya le dio a sus socios en otros tratados…, le tienes que dar el mismo nivel de apertura a sus socios”, señaló.
Mientras que las empresas extranjeras y otros gobiernos tienen una diversidad de opciones para pegarle a la reforma eléctrica, la administración lopezobradorista cuenta con pocas salidas.
“Al rato que empiecen a caer las demandas, a ver si tenemos la capacidad para enfrentarlas… El gobierno va a tener un margen de acción muy estrecho”, dijo.
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