El Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), organización que representa a empresas con intereses en ese sector, envió una misiva a los principales secretarios en materia económica en Washington, donde acusa al Gobierno mexicano de acciones discriminatorias contra las compañías de EEUU en el sector energético.
La API asegura en el texto, firmado por su director general, Michael Sommers, que las últimas decisiones en materia energética tomadas por las autoridades en México podrían violar algunos de los lineamientos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), e igualmente del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entrará en vigor el 1 de julio.
Al respecto, señala que para las compañías estadounidenses cada vez es más difícil obtener permisos para nuevas estaciones de combustibles, instalaciones de almacenamiento, importar combustibles, entre otras actividades.
“Estos ejemplos son acciones de discriminación contra las empresas miembros de API que probablemente contravengan los compromisos de México con la protección de la inversión del TLCAN y T-MEC. Es probable que estos ejemplos también contravengan el compromiso de México con el tratamiento no discriminatorio en el capítulo de empresas estatales y monopolios designados del T-MEC, con respecto a Pemex, la compañía de propiedad estatal”, acusó.
La API también destacó seis puntos donde considera que los cambios en la regulación energética han afectado a sus agremiados. Entre ellos, menciona retrasos injustificados para la operación de las empresas estadounidenses, así como acciones particulares de algunas autoridades mexicanas que consideran injustificadas, las cuales son explicadas en un anexo a la carta, la cual fue enviada a las Secretarías de Estado, Energía, Comercio, así como al embajador de Estados Unidos en México.
El texto también resalta las trabas por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que las empresas de Estados Unidos cambien las marcas de gasolineras a las propias, debido a que el regulador mexicano ha retrasado los trámites que debieran estar listos en 90 días. Asimismo, afirma que pide información adicional no prevista en los reglamentos, lo cual puede resultar en el rechazo de las peticiones de sus empresas tras varios días de retraso.
La API también acusa que la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) ha cerrado bombas en estaciones de servicio de las empresas que representa por infracciones menores o inexistentes.
Por todos estos motivos, la carta de la organización pide la intervención diplomática de los funcionarios en Washington para frenar los abusos que, desde su perspectiva, se han cometido contra los inversionistas en México y han afectado a los agremiados de la API.
“Energy API ha apoyado a USMCA o T-MEC como base para desarrollar los beneficios mutuos que un acuerdo comercial sólido puede ofrecer, y apoyamos la entrada en vigor del tratado comercial el 1 de julio de 2020. Esperamos tener noticias suyas y esperamos establecer reuniones para discutir las preocupaciones de nuestras empresas miembro”, finaliza la carta.
En las últimas semanas, el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha impulsado cambios en la regulación y reglamentación del sector para fortalecer a las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las modificaciones han causado fricciones con el sector privado nacional e internacional, el cual ingresó a este mercado en México tras la aprobación de la Reforma Energética en octubre de 2013.
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