Dictamina Corte Suprema que la Casa Blanca puede continuar fijando prioridades de deportación
Texas— La Corte Suprema dictaminó ayer que Texas y Louisiana carecían de capacidad legal para cuestionar las prioridades de la administración Biden sobre quién debería ser deportado.
En una decisión de 8-1, el tribunal dijo que aunque los estados carecían de capacidad legal para demandar en este caso, “no sugerimos que los tribunales federales nunca entren en casos que involucren la supuesta omisión del Poder Ejecutivo de realizar más arrestos o enjuiciamientos”.
“En resumen, los estados han presentado una demanda extraordinariamente inusual”, escribió el juez Brett M. Kavanaugh para la mayoría. “Quieren que un tribunal federal ordene al Poder Ejecutivo modificar sus políticas de arresto para hacer más arrestos. Los tribunales federales tradicionalmente no han considerado ese tipo de juicio; de hecho, los Estados no citan precedentes de una demanda como esta”.
El caso, Texas v. Biden, llegó a la Corte Suprema después de que Texas y Louisiana demandaron a la Administración Biden en abril de 2021 por cambiar las prioridades de aplicación de la ley de inmigración. Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, había emitido un memorando instruyendo a los agentes de inmigración a enfocarse en inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por delitos graves o representen un riesgo para la seguridad pública.
Los estados argumentaron que el memorando de Mayorkas era ilegal, y el juez federal de Distrito Drew Tipton, con sede en Corpus Christi y designado por el ex presidente Donald Trump, falló a favor de los estados el año pasado. La Administración Biden apeló la decisión, que finalmente llegó al tribunal superior.
El caso fue discutido ante la Corte Suprema en noviembre de 2022.
El memorando de Mayorkas decía que el Congreso aún no ha asignado suficiente dinero para deportar a cada indocumentado que está en el país.
Judd E. Stone II, procurador general de la Oficina del Fiscal General de Texas, dijo a los jueces en noviembre que según la ley de inmigración de los Estados Unidos, el Gobierno federal tiene la obligación de deportar a cada inmigrante indocumentado al que le sea girada una deportación y que esta orden no puede ser ignorada por una falta de recursos.
“El memorando final es ilegal por múltiples razones”, principalmente porque trata una sección de la ley de inmigración “como discrecional”, dijo Stone, “aunque este tribunal y todas las administraciones anteriores han reconocido que es obligatorio”.
Elizabeth B. Prelogar, procuradora general del Departamento de Justicia, argumentó en noviembre que el Gobierno federal no dejó de hacer cumplir la ley de inmigración, sino que está utilizando sus recursos de manera eficiente.
César Cuauhtémoc García Hernández, abogado de inmigración y profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio, dijo que el fallo de la Corte reafirma que el presidente “puede decidir cómo el Gobierno federal hace cumplir la ley de inmigración, no las cortes, los gobernadores o los fiscales generales estatales”.
El gobernador Greg Abbott, quien ha criticado a la administración Biden por sus políticas de inmigración y ha enviado a la Guardia Nacional a la frontera para detener a las personas que cruzan el Río Grande, calificó el fallo de la Corte como “indignante” en un tuit.
Por The Texas Tribune
Foto: The Texas Tribune
Créditos: diario.mx
