Grupos de derechos civiles buscan redistribución de distritos equitativa en Texas

  • El nuevo esquema diluye ilegalmente la fuerza electoral de los latinos.

Laredo, Texas.- El gobernador Greg Abbott firmó los nuevos mapas políticos de Texas, que protegen a las mayorías republicanas mientras diluyen las voces de los votantes de minorías, especialmente de color.

Los legisladores de Texas delinearon nuevos mapas para la jurisdicción de los votantes de la Cámara de Representantes y el Senado del estado, la delegación del Congreso y la Junta de Educación del Estado. 

Los mapas que marcan la nueva demarcación de distritos fueron elaborados para mantener a los republicanos de Texas en el poder durante la próxima década. Al mismo tiempo, disminuyen el poder de los votantes de color, a pesar de que las nuevas cifras del censo señalan a los texanos de color como la principal fuerza detrás del crecimiento de la población del estado.

Los nuevos distritos se utilizarán por primera vez en las elecciones primarias y generales del próximo año, salvo una oportuna intervención judicial, el caso ya está en los tribunales.

El proceso de redistribución de distritos electorales ocurre cada 10 años después de que se publican los nuevos datos del censo, es complicado y polémico. Las batallas legales ya han comenzado, con una de las primeras demandas que plantea varias afirmaciones de que los nuevos distritos discriminan injusta e ilegalmente a los votantes de color. Se espera que surjan más desafíos legales en un futuro próximo.

Este lunes un juez federal emitió una orden de presentación de pruebas que exige a los legisladores de Texas que entreguen documentos relacionados a los planes de redistribución de distritos del Congreso estatal que tienen.

Cada que hay redistribución de distritos, hay minorías que quedan inconformes con esto, por lo cual la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, y otros grupos de derechos civiles se unieron este año para presentar la demanda en un esfuerzo de corregir la discriminación de votantes en el estado de la estrella solitaria de cara a las elecciones intermedias de noviembre de 2022.

A esta demanda se le suma otra más contra el estado por una nueva ley de seguridad electoral que los grupos señalan está diseñada para “intimidar y acosar a los votantes”. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado ambos casos para buscar una solución que dé conformidad a los grupos.

Desde hace décadas, los legisladores republicanos de Texas han sido fuertemente criticados y atacados por supuestamente diluir el poder de los votantes minoritarios. 

Por ejemplo, en 2003, un plan de redistribución de distritos condujo a años de lucha legal para llegar al fondo de la situación. La Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que un distrito del Congreso del oeste de Texas había sido ilegalmente manipulado racialmente. 

También, otra redistribución en 2011 provocó una controversia similar y llevó a años de batallas legales.

Esta última ronda para redefinir los distritos en Texas comenzó luego de los resultados que arrojó el censo de 2020 en el que se da a conocer que los latinos aumentaron considerablemente su cantidad de habitantes en el estado.

De esta manera, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, inició una queja en octubre pasado alegando que los funcionarios estatales estaban tratando una vez más de “diluir ilegalmente la fuerza electoral de los latinos”, y pidieron una orden judicial permanente para que el estado vuelva a dibujar los mapas electorales.

Texas había ganado casi 4 millones de residentes desde 2010, lo que lo convirtió en el único estado en obtener dos escaños adicionales en el Congreso. Sin embargo, mientras que las minorías raciales representaron el 95 por ciento del aumento de la población, y los latinos el 50 por ciento, estos nuevos votantes no estaban adecuadamente representados en los mapas nuevos. De ahí que iniciara la demanda.

Ante esto, los funcionarios texanos han pedido a la corte que desestime el caso. Durante una moción en octubre argumentaron que los demandantes no tienen legitimación activa y no han “identificado a ningún votante supuestamente afectado”.

Es así como la batalla legal entre los funcionarios de Texas y los grupos de derechos civiles ha continuado desde octubre. Apenas este lunes, el juez de la Corte de Distrito de EE. UU. David Guaderrama ordenó a los legisladores que entreguen una amplia gama de documentos relacionados a la redistribución de distritos.

Si bien lo anterior se puede calificar como una victoria para los grupos involucrados en la demanda, los funcionarios estatales tienen ventaja del tiempo. En casos anteriores, los fallos se han dado a conocer muchos años después de las elecciones disputadas, así que existe la posibilidad de que esto mismo suceda y los mapas queden igual para las próximas elecciones.

Por Hispanic Global News

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