Ni en la aplicación del derecho en México ni en Estados Unidos (EU), se requiere de un proceso de consulta popular para juzgar a expresidentes por cometer delitos del orden común; así, que lo que suceda en las Cortes estadounidenses relacionado con Donald Trump y con las leyes electorales, delitos y protección a la investidura presidencial será clave para la estabilidad social de este país.
Desde que inició la Presidencia, Trump ya había acumulado cientos de demandas por delitos de diverso índole, sin embargo con este cargo no podía ser juzgado por delitos mientras estuviera en funciones. Es más, igual que en México, EU le otorga al Presidente el derecho de perdón a terceros –indulto-, a criminales juzgados y condenados y no antes.
Según el USA Today: “Las amenazas más importantes contra Trump una vez que deje el cargo se están gestando en su ciudad natal, Nueva York y el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, ha estado llevando a cabo una investigación criminal sobre él y los negocios de su empresa. La procuradora general de Nueva York, Letitia James, está investigando si Trump y su empresa cometieron fraude fiscal”.
“Es posible y es vulnerable al enjuiciamiento”, dijo Jimmy Gurule, un exfuncionario del Departamento de Justicia en el George H.W. Bush, refiriéndose a la investigación de Vance, que busca obtener las declaraciones de impuestos de Trump y otros documentos financieros que nunca dio a conocer y que un diario reveló datos que confirmarían el delito. “Creo que la amenaza es muy real y sustancial”.
Además de la amenaza de enjuiciamiento y el descubrimiento de declaraciones de impuestos que durante mucho tiempo ha mantenido en privado, Trump enfrenta una larga lista de demandas y podrían obligarlo a proporcionar pruebas de ADN a los abogados de una mujer que le acusó de violación. También Trump obligó a pagar a un funcionario de su propio bolsillo dinero para liberarle de una demanda de abuso sexual con promesas de reintegrar el dinero con beneficios en contra de erario, lo quedó demostrado en Corte.
Los prosectores buscan ocho años de declaraciones de impuestos de Trump y otros documentos financieros como parte de la investigación del gran jurado. Trump, quien ha calificado la investigación como un “enjuiciamiento político”, presentó una demanda para proteger sus registros fiscales, lo que provocó una prolongada batalla legal que ha llegado a la Corte Suprema.
La Corte Suprema dice que el presidente Trump no puede mantener registros fiscales y financieros fuera del alcance de los fiscales y podría ser prueba documental publica en juicios civiles, mercantiles o penales.
En un fallo histórico de 7-2, ha rechazado las afirmaciones de los abogados de Trump de que es absolutamente inmune a las investigaciones penales mientras sea presidente.
“Hace doscientos años, un gran jurista de nuestra Corte estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal”, escribió el presidente del Tribunal Supremo John Roberts. “Reafirmamos ese principio hoy y sostenemos que el presidente no es absolutamente inmune a las normas penales estatales“.
El mes pasado, una corte federal de apelaciones, nuevamente, dictaminó que Trump debe revelar sus documentos financieros a la oficina de Vance, rechazando las afirmaciones adicionales de sus abogados de que las acusaciones no eran precisas sino genéricas y solo se trataba de una demanda de libelo para acosarlo. Trump, nuevamente, apeló a la Corte Suprema, está aún no ha decidido si escuchará el caso por segunda vez.
Político, la revista, opina que el presidente Donald Trump ha pasado gran parte de los últimos cuatro años sobrepasando reglas, normas y etiqueta informales que han guiado durante mucho tiempo a la investidura. Se negó a publicar sus declaraciones de impuestos, se negó a cumplir con las citaciones del Congreso, politizó al Departamento de Justicia, tradicionalmente independiente, y utilizó los indultos para promover sus intereses legales personales, por nombrar algunos.
“Las opiniones [de la Oficina de Asesoría Jurídica] permiten el enjuiciamiento después de que el presidente deja el cargo por delitos cometidos en éste, pero realmente no hay mucha orientación información al respecto y estará disponible”, dice Jack Goldsmith, quien dirigió el OLC bajo el presidente George W. Bush. “Lo que suceda después de Trump será muy importante para el establecimiento de estas normas”.
“Mi opinión es que no podemos tener una ley del poder ejecutivo que inmunice al presidente mientras está en el cargo, y luego otra norma que proteja al presidente de ser procesado cuando deja el cargo, de modo que no importe en qué dirección se mire, el presidente está protegido de las consecuencias de una mala conducta delictiva en el cargo”, dice Bauer. “Cualquier impresión de que la presidencia es un pase de ‘salir libre de la cárcel’ es muy preocupante”.
En su nuevo libro “After Trump”, Goldsmith y el abogado de la Casa Blanca de la era de Obama, Bob Bauer, el argumento que usan los autores, se basa es el pragmatismo y en la comprensión de lo que implicaría un enjuiciamiento y lo perjudicial que sería. “En última instancia… no vale la pena por el daño que le haría a la nación y al partido gobernante en el poder”, entrecomilla Político.
Sin embargo las demandas civiles, mercantiles o cargos criminales no están dentro de la esfera de un enjuiciamiento oficial, el problema es que los Republicanos tienen mucho poder y ascendencia sobre el poder judicial de esta nación, desde Jueces electos por sufragio hasta el desbalance entre ministros de la Corte Suprema que Trump urdió unas semanas antes de las elecciones.
