Una menor inversión, controversias internacionales, discrecionalidad en contratos públicos, poca competencia, desprofesionalización de la burocracia y consumidores con mayores precios en bienes y servicios son algunos de los riesgos en materia económica y administrativa que se incrementarán si es que las secretarías de estado absorben la función de los entes autónomos, han señalado diversos especialistas.
Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión para crear un borrador llamado “reforma administrativa”, en el cual se busca que los organismos autónomos desaparezcan y sean absorbidos por el estado con la finalidad de reducir el gasto público.
Esto puede representar un riesgo para el actual acuerdo que se tiene con Estados Unidos y Canadá, ya que disminuye la inversión extranjera. La existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones se encuentra en el capítulo 18 del acuerdo comercial T-MEC.
Uno de los objetivos que tiene este acuerdo es recalcar la necesidad de tener telecomunicaciones para requerir interconexión a tarifas razonables; tener actividades no discriminatorias y transparentes para los servicios públicos de telecomunicaciones y poner requisitos a un proveedor adicional, de acuerdo al artículo 18.17.
Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad, advierte que muchas empresas podrían recurrir a los mecanismos que están en el tratado y estar inconformes, puesto que cuando ellos firmaron el acuerdo existía un organismo autónomo, y lo están eliminando por lo que podrían cambiar las condiciones existentes de inversión.
Gustavo Uruchurtu, vicepresidente nacional de CENCOMEX, advierte que los asesores del presidente no han leído con detenimiento el TMEC, ya que las telecomunicaciones fueron uno de los organismos que quedaron blindados en el acuerdo. “El tratado se firmó con un marco jurídico existente que no se puede cambiar más que para mejorar, la desaparición que se pretende del IFT se puede interpretar como una cuestión que puede afectar la inversión extranjera que ingresa al país”.
Así mismo, Uruchurtu también apuntó que las empresas estadounidenses afectadas podrían activar un mecanismo de solución de controversias entre Inversionistas-Estado, o en todo caso el gobierno estadounidense podría activar un mecanismo Estado-Estado.
Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, advierte “Tenemos obligaciones en lo que se refiere a materia de telecomunicaciones, también respecto al órgano de competencia (por lo que debemos) asegurarnos que México cuente con esos órganos porque sí están contenidos en el Tratado”.
Créditos: estrategiaaduanera.mx
