Laredo quiere mantener su relación diaria, casi vital, con el río Grande que la recorre de norte a sur y la separa de su ciudad hermana mexicana, Nuevo Laredo, pero para ello debe luchar contra el proyecto del presidente Donald Trump de levantar su muro en pleno centro de la ciudad texana.
La estructura que se prevé levantar amenaza con “cambiar el paisaje y la topografía” de Laredo, al cortar a través de parques, áreas residenciales densamente pobladas, ranchos de familias y senderos naturales como el histórico “Paso del Indio”.
LAREDO SE MUESTRA FIRME
Pete Sáenz, alcalde de Laredo, explica a Efe que van a hacer “todo lo posible” para mantener su vinculación con el río Grande o río Bravo, como se le conoce del lado mexicano, y que es, sin duda, una de sus principales fuentes de sustento.
La próxima batalla se desarrollará en una corte federal, donde se enfrentarán a los abogados de la Administración Trump, que demandó a la ciudad en enero pasado por negarse a firmar el denominado “derecho de entrada” a casi mil acres de terreno, en los que, de haberlo hecho, tendrían la facultad de levantar el muro.
Sáenz indicó que la de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) les ofreció un “paseo fluvial” de una milla en el centro de Laredo en lugar de la estructura de acero de 30 pies de altura.
Pero el alcalde dice con cierta sorna que, aunque agradecen la alternativa, “lo ideal es no tener un muro”.
“La lucha para defendernos es permitida” y van a seguir con ella dice sobre la próxima audiencia del caso, que se celebrará este mismo mes.
Los planes de la Administración Trump son construir un primer tramo de 14 millas de una barrera de bolardos con 30 pies de altura a lo largo de los condados de Webb y Zapata, aislándoles del río Grande.
El pasado 8 de mayo el Gobierno adjudicó un contrato por 275 millones de dólares a la empresa de construcción Caddell de Montgomery (Alabama) para construir las 14 millas del muro dentro y alrededor de Laredo.
RÍO GRANDE Y VITAL
“El río es la razón por la cual estas personas subsisten, es su fuente de ingreso y de agua potable, construir una barrera entre estas comunidades y el río es robarle su derecho a la naturaleza”, dice a Efe Laiken Jordahl, especialista en el medioambiente de la frontera del Centro para la Biodiversidad Biológica.
Para Jordahl el muro sería “catastrófico” para la vida salvaje, ya que son muchos los animales que utilizan el río para migrar y abastecerse de agua durante el verano con temperaturas de hasta 40 grados, por lo que “simplemente morirán” con un muro en medio que les impida el paso.
El proyecto del muro avanza a “gran velocidad”, aun en medio de la pandemia del COVID-19, para lograr el objetivo de Trump de completar 400 millas a finales del 2020 y así poder presumir del avance su gran promesa en la campaña electoral de 2016 de cara a las elecciones del 3 de noviembre.
“Ojalá haya un cambio en la Casa Blanca, porque si no será una lucha muy intensa y dolorosa”, dijo a Efe Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro de Estudios Internacionales de Río Grande (RGISC) y quien también participa activamente con la coalición “No Al Muro Fronterizo”.
BATALLAS EN LA CORTE
Desde marzo se han presentado 24 casos en la corte federal contra dueños de tierras en el sur de Texas que se negaron a firmar el “derecho de entrada” que permite a los contratistas y funcionarios del Gobierno a ingresar a las propiedades. La gran mayoría de estos casos son de Laredo.
Entre esos casos, además del de la ciudad de Laredo, hay otro de la Universidad de Laredo y del condado de Zapata, e incluso a varias familias dueñas de terrenos extensos y pequeños e incluso al orfanato católico “Sacred Heart Children’s Home”, que opera desde hace más de cien años en el sur de la ciudad.
Finalmente, según Cortez, hace casi dos semanas el orfanato firmó el “derecho de entrada” después de sufrir “extrema presión” por parte de las autoridades, tal y como ha sucedido con muchos otros dueños.
Karla Vargas, abogada de la organización de servicios legales Texas Civil Rights Project (TCRP), explica que en muchos casos el “derecho de entrada” no se le ha presentado a los propietarios como una “opción”, si no que les presiona para firmar o, de lo contrario, “serían demandados”.
Por lo que la organización insiste en que las personas deben saber que “tienen el derecho” a negarse a firmar el documento y buscar justicia en las cortes para intentar que Laredo siga manteniendo la razón de su asentamiento, el río Grande.
Por EFE
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