Los residentes a lo largo del río Grande (conocido del lado mexicano como río Bravo) afirman que el gobierno estadounidense está acelerando los esfuerzos para confiscar propiedad privada para el muro fronterizo del presidente Donald Trump, aprovechando la pandemia de coronavirus para inspeccionar los terrenos mientras sus propietarios están confinados en sus casas.
“¿Se trata de una actividad esencial?”, preguntó Nayda Álvarez, de 49 años, quien hace poco encontró marcadores de construcción en la tierra que ha pertenecido a su familia desde hace cinco generaciones en el condado de Starr, Texas. “No se detuvieron ni un instante durante la orden de quedarse en casa o refugiarse”, agregó.
Durante los primeros cinco meses del año, el gobierno federal presentó una serie de demandas contra propietarios de tierras del sur de Texas para inspeccionar, expropiar y posiblemente comenzar trabajos de construcción en propiedades privadas, a fin de apresurarse a cumplir la promesa de Trump de construir 724 kilómetros de muro para fin de año, meta que el jueves disminuyó a 643 kilómetros. Aunque Trump ha construido menos de 321 de esos kilómetros, su gobierno ha presentado 78 demandas contra propietarios de tierras en la frontera, de las cuales 30 se iniciaron este año.
Las negociaciones y las demandas han tenido sus dificultades. El gobierno ha adquirido solo 16 de los 342 kilómetros de propiedad privada que se prevé que atravesará el muro fronterizo en los sectores de Laredo y el valle del río Grande, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos del 19 de mayo obtenidos por The New York Times, lo cual supone un aumento de once kilómetros desde diciembre. En los últimos meses, el yerno del presidente, Jared Kushner, ha intervenido para supervisar el esfuerzo.
El aumento en los litigios contra los propietarios de tierras, a pesar de la pandemia, es una prueba de la urgencia del gobierno por enviar una señal de la mano dura de Trump contra la inmigración. El presidente ha dicho que la pandemia es una prueba de la necesidad del muro, aunque no hay pruebas reales de que vaya a tener algún efecto en la salud pública.
“Como saben, México está teniendo enormes dificultades con la COVID-19, en especial a lo largo de la frontera”, declaró el jueves Trump ante los reporteros aunque las 8600 muertes y las 78.000 infecciones de México son solo una fracción de lo que se ha visto en Estados Unidos. “Por fortuna”, agregó el presidente, “tenemos un muro recién construido ahí, y el muro nos está salvando”.
Tan solo en marzo, el gobierno presentó trece demandas para tener acceso a terrenos y adquirirlos, el total más alto en un solo mes desde que Trump asumió el cargo, según el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, una organización sin fines de lucro que promueve la justicia racial, social y económica.
Algunos de los terrenos en disputa han estado desde hace generaciones en las familias de los propietarios demandados. Sin embargo, los texanos dicen que el momento que el gobierno ha elegido para actuar los ha puesto más en desventaja en un proceso en el que el gobierno ya tiene a la ley de su lado. Los terratenientes que cumplen los lineamientos para frenar el coronavirus no han podido reunirse con sus familiares para hablar sobre las ofertas del gobierno, consultar con abogados cómo luchar contra el gobierno o consultar a valuadores acerca del valor exacto de sus tierras. Algunos han cuestionado que la presión para tener acceso a sus propiedades se esté dando durante la propagación del coronavirus, cuando tratan de evitar el contacto social.
“Es evidente que quieren hacerlo todo antes de noviembre” y de las elecciones, dijo Steven Kobernat, de 61 años, propietario de tierras en el condado de Starr, quien dijo sentirse acosado por el Departamento de Justicia. “Pero aquí estamos en una pandemia. No podemos reunirnos, no podemos reunirnos con nuestras familias. Y entonces el Departamento de Justicia dice que el tiempo apremia, en una época de pandemia. Sencillamente es absurdo”.
El Departamento de Justicia declaró: “Estamos siguiendo todos los protocolos locales, estatales y federales de COVID para todas las fases de la adquisición de tierras y el trabajo en los tribunales”.
Raini Brunson, vocera del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que dirige la construcción, dijo que la agencia estaba comprometida con la seguridad de los empleados, contratistas y “la gente de las comunidades en las que trabajamos”. La agencia “continúa llevando a cabo su misión de infraestructura de la barrera fronteriza con el fin de salvaguardar las capacidades de seguridad nacional”, añadió la portavoz.
Los abogados y los funcionarios gubernamentales concuerdan en que los propietarios de tierras ya tenían pocas opciones.
Pueden optar por permitir voluntariamente que el gobierno acceda a sus tierras y las inspeccione y, si el gobierno así lo desea, aceptar una indemnización que se supone que se basa en el valor justo de mercado. Pero, si se niegan, es probable que sean llevados a los tribunales, donde el gobierno puede utilizar sus facultades de expropiación para argumentar que el muro es una emergencia y finalmente tomar posesión de sus tierras. Entonces, el gobierno podría comenzar la construcción, incluso mientras continúa negociando la indemnización con los propietarios de las tierras.
Ricky Garza, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, manifestó que el momento elegido por el gobierno para presionar por la adquisición de la propiedad privada hizo que lo que ya era una batalla cuesta arriba para los terratenientes se volviera aún más difícil.
“Se aprovechan de que la gente se encuentra confinada en sus casas. No han podido buscar abogados”, explicó Garza. “No hemos visto señales de que estén frenando sus acciones. Los propietarios están realmente a merced de lo que el gobierno está tratando de hacer”.
Muchos de los dueños de las propiedades todavía están buscando un abogado para negociar. Algunos esperan poder retrasar el proceso para después de la elección, cuando la construcción del muro podría ya no ser tan prioritaria.
Sin embargo, Trump está avanzando lo más rápido posible. En marzo, mientras el coronavirus se propagaba, tuiteó: “Necesitamos el muro más que nunca”, a pesar de que un alto funcionario de salud dijo que no había visto evidencia de que las barreras físicas pudieran evitar la propagación del virus. Hace poco, la agencia fronteriza del presidente abrió un sitio web que muestra videos de la construcción del muro, tras meses de que Kushner y sus aliados presionaran al Departamento de Seguridad Nacional para que transmitiera la construcción del proyecto en vivo.
El gobierno también ha ignorado las leyes federales de contratación para acelerar la construcción del muro; hasta esta semana, se han terminado 312 kilómetros, un avance respecto a los 148 kilómetros que se habían construido en diciembre. A excepción de 4 kilómetros, el resto de la construcción se hizo en lugares donde había barreras deterioradas o donde alguna vez hubo barreras para vehículos. Recientemente, el gobierno federal otorgó un contrato de casi 1300 millones de dólares a una constructora de Dakota del Norte respaldada por Steve Bannon para construir 67 kilómetros de muro, a pesar de que la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa estaba analizando un contrato anterior por 400 millones de dólares otorgado a la misma empresa.
Con las transferencias de fondos recientes del Departamento de Defensa, el gobierno tiene ahora 15.000 millones de dólares para construir 1176 kilómetros de muro fronterizo. John B. Mennell, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, señaló datos que sugerían que la agencia podría construir unos 804 kilómetros de muro en terrenos federales fronterizos, sin adquisiciones privadas. Al parecer, la agencia ha tratado de reducir las expectativas en los últimos meses, eliminando de los boletines semanales del muro fronterizo que el gobierno esperaba completar 724 kilómetros para fin de año.
Según la lógica del gobierno de Trump, el lugar donde el muro es más necesario es en los terrenos privados del sur de Texas. La agencia fronteriza registró más de 34.000 cruces ilegales en el valle del río Grande en el año fiscal 2019, la cifra más alta de todos los sectores fronterizos.
“Es la ruta terrestre más corta desde la frontera entre Guatemala y México hasta Estados Unidos. Es un entorno donde es muy difícil llevar a cabo labores de vigilancia”, afirmó Gil Kerlikowske, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza durante el gobierno del presidente Barack Obama. “Deberían centrarse en esa zona”.
This article originally appeared in The New York Times.
Escrito por: © 2020 The New York Times Company
Foto Alyssa Schukar/The New York Times
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