Las y los jóvenes deberán presentar un permiso de sus padres en clínicas financiadas con fondos federales.
Tras un fallo judicial a finales de diciembre de 2022, ahora los adolescentes de Texas necesitarán el permiso de sus padres para obtener anticonceptivos en clínicas financiadas con fondos federales.
Se trata de clínicas financiadas a través de un programa llamado Título X, que se encargan de brindar anticonceptivos gratuitos y confidenciales a cualquier persona, sin importar su edad, ingresos o estatus migratorio.
Previo al fallo, esa era una de las pocas opciones en que los adolescentes texanos podían alcanzar control de la natalidad sin el consentimiento de sus padres.
Sin embargo, en diciembre pasado, el juez federal de distrito, Matthew Kacsmaryk, dictaminó que el programa viola los derechos de los padres, así como leyes estatales y federales.
Ante esto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha pedido al tribunal que reconsidere la decisión.
Sin papelito, no hay ‘globito’
Por ahora, el administrador del Título X del estado de ‘la estrella solitaria’, Every Body Texas, ha aconsejado a sus 156 clínicas que exijan el consentimiento de los padres para que los menores de edad tengan acceso a anticonceptivos.
“Esperamos que a medida que avanza el caso, podamos revocar esta guía y continuar brindando a los menores en Texas la atención sexual y reproductiva que necesitan y merecen con o sin el consentimiento de los padres”, declaró Stephanie LeBleu, directora interina del proyecto Título X en Every Body Texas.
Los menores aún pueden acceder a pruebas y tratamientos para infecciones de transmisión sexual; pruebas de embarazo; anticoncepción de emergencia; condones y asesoramiento sin el consentimiento de los padres, comentó LeBleu.
Pero eso no quiere decir que el fallo de Kacsmaryk no amenace la planificación familiar entre adolescentes, sobre todo entre mujeres de bajos ingresos.
Si bien las clínicas del Título X deben “fomentar la participación familiar en la medida de lo posible”, las regulaciones federales les prohíben solicitar el consentimiento de los padres o notificar a los padres que un menor ha recibido servicios.
Y es que en 2019, Kacsmaryk, antes de ser nombrado juez, dictaminó que los padres texanos tienen derecho, de acuerdo con la ley estatal, a que se les notifique cuando sus hijos reciban anticonceptivos. Esa sentencia declara ilícita y deja sin efecto la cláusula de confidencialidad.
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