Laredo, Texas.- Tras el lamentable tiroteo ocurrido en Uvalde, Texas, en mayo de 2022, legisladores, líderes y la ciudadanía en general se alarmaron por la manera tan fácil en que un texano puede hacerse de un arma, por ello se presentaron varios proyectos de ley para cambiar esto, y así, el martes, un comité de la Cámara de Representantes estatal, finalmente llevará a cabo audiencias para analizarlos.
Sin embargo, no será sencillo, pues por más de 13 años, los legisladores republicanos se han encargado de aminorar las regulaciones sobre armas, y facilitar el acceso a estas mismas, pese a ocho tiroteos masivos que ocurrieron en el mismo periodo.
Es así, que a la Cámara llegaron distintos proyectos de ley referente al tema, por ejemplo, el 2774 de la representante Tracy King, demócrata de Batesville, el cual prohibiría vender, alquilar, arrendar o dar un rifle semiautomático con calibre superior a .22 que sea capaz de aceptar un cargador desmontable a una persona menor de 21 años.
Por otro lado, el Proyecto de Ley 22 de la Cámara de Representantes, del legislador Jor Moody, de El Paso, requeriría que los vendedores minoristas informen al Departamento de Seguridad Pública cuando vendan o transfieran más de un arma de fuego o más de tres cargadores de armas de fuego desmontables a la misma persona dentro de cinco días hábiles consecutivos. El DPS enviaría un informe al alguacil del condado del vendedor, así como al del comprador. De no informar esto, se convertiría en un delito menor de clase B que se castiga con alrededor de medio año de cárcel, una multa de $2 mil dólares o ambas.
De manera similar, el Proyecto 106, del representante Diego Bernal, demócrata por San Antonio, solicita el informe de comerciantes de armas de fuego con licencia cuando vendan más de un rifle normal o semiautomático a un mismo comprador, ya sea en la misma transacción o a lo largo de múltiples operaciones dentro de un lapso de cinco días hábiles.
También, el proyecto 236 presentado por la legisladora Vikki Goodwin, demócrata por Austin, busca verificaciones nacionales instantáneas de antecedentes penales para transferencias privadas de armas de fuego, y así garantizar que la persona que compra, tenga un permiso legal. La violación a esta ley equivaldría a un delito menor de clase A, que se castiga hasta con un año de cárcel, una multa de alrededor de $4 mil dólares o ambas.
Y se debatirá también el Proyecto de Ley 298 de Goodwin, a través del cual se pide que las personas esperen tres días hábiles después de vender un arma de fuego antes de entregársela al comprador, de lo contrario sería una transferencia ilegal.
Todos los proyectos serán discutidos en la audiencia del martes, la cual se produce a menos de un año del peor tiroteo en una escuela en la historia de Texas.
Por Hispanic Global News
