Funcionarios públicos señalan que aún no se sabe cuanto más duraran los litigios o que tanto podrían aumentar los costos
Desde 2017, los contribuyentes de El Paso han pagado 3.3 millones en honorarios legales relacionados con el controvertido centro cultural y de artes escénicas de usos múltiples del centro, y los precios seguirán aumentando a medida que continúen los litigios.
Al menos 50 mil dólares han sido facturados a la ciudad hasta mayo de este año por el bufete de abogados Alexander Dubose Jefferson Townsend, con sede en Austin, y el despacho Kemp Smith, con sede en El Paso, según documentos obtenidos a través de la Ley de Información Pública de Texas.
La abogada de la ciudad, Karla Nieman, en una entrevista con El Paso Matters, no pudo decir cuánto más podría durar el litigio, o cuánto más ascenderán los honorarios. No hay límite en los costos legales.
Ella dijo que la Ciudad contrató a un abogado externo debido a la complejidad del tema y el volumen de casos presentados por los opositores.
Kemp Smith cobra a la ciudad tarifas por hora que oscilan entre 220 y 380 dólares, mientras que Jefferson Townsend cobra entre 200 y mil dólares por hora, según muestran los documentos. Los detalles de los gastos que estaban sujetos a la confidencialidad entre abogado y cliente fueron redactados en informes entregados a El Paso Matters.
Alrededor de $1.4 millones de los estipendios totales se utilizaron para gastos legales relacionados con la adquisición de bienes raíces de las propiedades dentro del territorio de la arena.
Nieman dijo que la ciudad está procediendo con una apelación ante la Corte Suprema de Texas, mientras continúa las negociaciones con Max Grossman y el conservacionista de Houston J.P. Bryan. Bryan está financiando los desafíos legales contra la ciudad. Grossman se negó a comentar sobre sus gastos legales.
Grossman, profesor de historia del arte de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) que ha estado activo en los esfuerzos de preservación histórica, sostiene que el sitio y los edificios en Duranguito tienen valor histórico y deben ser preservados.
“Me mantengo firme en nuestra creencia de que vale la pena salvar el barrio de Duranguito y que sería de mayor valor económico para la ciudad completamente restaurada, que si fuera reemplazada por una ‘arena’ o cualquier otra cosa”, dijo Grossman en respuestas por correo electrónico a El Paso Matters.
Los votantes de la Ciudad en 2012 aprobaron abrumadoramente una emisión de bonos de 180 millones de dólares para construir un centro de eventos de usos múltiples, que la ciudad luego propuso construir en el vecindario de Duranguito en Union Plaza, en el Centro.
A la ciudad le quedan alrededor de 155 millones del presupuesto de 180 millones de dólares, según documentos de la ciudad. Los gastos hasta la fecha incluyen la adquisición de terrenos, tasaciones, consultoría de proyectos y precios de construcción no especificados.
Los funcionarios de la Ciudad han dicho repetidamente que se subestimó el costo del proyecto. Múltiples planes del paquete de bonos de 2012 aprobados bajo el ex alcalde John Cook, la ex administradora de la ciudad, Joyce Wilson, y un consejo anterior, costaron millones más de lo que se asignó inicialmente, algunos en parte porque la comunidad presionó para proyectos de mayor escala que los planeados bajo el bono.
La ciudad ahora está realizando un estudio de factibilidad que tiene como objetivo “reimaginar” el plan y determinar su costo real hasta la fecha. El estudio también analizará la posibilidad de incorporar edificios existentes dentro de los territorios de la arena en el diseño, un compromiso que podría ayudar en sus negociaciones con Grossman.
Las demandas se han demorado y rebotado en los tribunales de Texas desde que la ciudad presentó una querella de validación de bonos en Austin en 2017. Grossman fue uno de los acusados en esa solicitud. El tribunal de primera instancia dictaminó que la ciudad no estaba autorizada a usar bonos de calidad de vida para construir un estadio deportivo, pero una corte de apelaciones finalmente falló a favor de la ciudad en 2018.
Los contribuyentes pagaron alrededor de 1.3 millones de dólares por la demanda de validación de bonos, según muestran los documentos. La Ciudad contrató a tres bufetes de abogados externos para el litigio. Norton Rose Fulbright, el asesor de bonos de la ciudad desde hace mucho tiempo, recibió alrededor de 738 mil dólares, la firma Denton Navarro Rocha Bernal Hyde & Zech, con sede en San Antonio, obtuvo alrededor de 56 mil dólares, y Alexander Dubose Jefferson Townsend recibió alrededor de 500 mil dólares, según muestran los archivos.
Dónde está el litigio
Nieman dijo que la reciente apelación ante la Corte Suprema del estado, si se acepta, determinará si Grossman, como ciudadano privado, tenía derecho a demandar a la ciudad en 2019 para obtener un permiso de la Comisión Histórica de Texas para realizar un estudio arqueológico requerido.
La querella de Grossman alega, en parte, que el permiso otorgado para el estudio arqueológico requerido por el Código de Antigüedades de Texas antes de realizar cualquier trabajo en el sitio de la arena tenía fallas, porque no incluía procedimientos especializados para permitir la detección de restos de indígenas, incluyendo miembros de la tribu Mescalero Apache, que pueden estar enterrados en el sitio de la arena.
“La ley no especifica que un tercero pueda demandar a una entidad gubernamental por obtener un permiso o evitar la emisión de un permiso”, dijo Nieman, y agregó que el estudio arqueológico de la ciudad incluiría la búsqueda y preservación de todos los posibles artefactos.
Nieman dijo que el Tercer Tribunal de Apelaciones de Austin ya falló a favor de la Comisión Histórica de Texas sobre el mismo asunto legal y determinó que el THC estaba en lo correcto al otorgar a la ciudad su permiso para realizar el estudio arqueológico.
Ella dijo que, si la Corte Suprema de Texas acepta escuchar la apelación y falla a favor de la ciudad, esta puede continuar con el estudio arqueológico.
Si el tribunal se niega a escuchar la apelación, podría devolver el caso al tribunal de primera instancia.
Nieman dijo que la apelación es necesaria para garantizar que la ciudad conserve su inmunidad gubernamental frente a juicios cuando solicite permisos para otros proyectos en el futuro.
Cuando se le preguntó si cree que Grossman continuará presentando demandas si la Corte Suprema del estado falla a favor de la ciudad, Nieman dijo: “Anticipo que continuará litigando”.
Grossman dijo que no tiene comentarios sobre sus futuros planes de litigio o estrategias legales.
La ciudad y Grossman llegaron a un acuerdo de que la ciudad no procederá con el estudio arqueológico hasta que haya un acuerdo entre las partes o hasta 30 días después de la conclusión de la apelación en la Corte Suprema del estado.
Por Elida S. Pérez / El Paso Matters
Foto: El Paso Matters
Créditos: diario.mx
