- Después de Uvalde, debe de haber control alegan opositores
Laredo, Texas.- Este lunes, en un fallo histórico que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó en junio, el juez de distrito David Counts, dictaminó que va contra la constitución prohibir que las personas acusadas de delitos graves compren armas de fuego.
El fallo del tribunal superior en New York en el caso State Rifle & Pistol Association vs Bruen, escrito por el ministro de la Suprema Corte, Clarence Thomas, anuló la ley de portación oculta del estado, donde sostuvo que los tribunales deberían mantener restricciones de armas solo, si así ha sucedido con anterioridad dicho criterio judicial en la historia de los EE. UU.
Por lo anterior, el Juez Counts buscó tal historial con la finalidad de limitar el acceso a las armas para los acusados por delitos graves que no fueron condenados, sin embargo no encontró algo al respecto, aunque reconoció que su búsqueda “no fue exhaustiva”.
En el mismo fallo, el Juez rechazó la posible penalidad a la acusación de obtener un arma de fuego mientras estaba bajo juicio penal el quejoso y señaló que se desconocía “si un estatuto que impide que una persona acusada reciba un arma de fuego se alinea con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación”. También se desconoce, dijo, “la constitucionalidad de las regulaciones sobre armas de fuego en un mundo posterior -al caso- Bruen”.
Anteriormente la oficina del fiscal federal señaló que la ley que prohíbe que las personas acusadas de delitos graves adquieran armas no interfiere con la Segunda Enmienda “porque no desarma a los acusados de delitos graves que ya tenían armas y no prohíbe la posesión o porte público”.
“La Segunda Enmienda siempre ha permitido leyes que restringen los derechos de portación de armas de grupos considerados por las legislaturas como un riesgo para la seguridad pública, incluidos los acusados pero no condenados por irregularidades”, escribió la fiscalía.
La aclaración de estas leyes surgió a raíz de que un hombre acusado de los cargos de robo con allanamiento de morada y falta de audiencia, José Gómez Quiroz, intentó comprar una pistola semiautomática, y al hacerlo negó que estuviera bajo acusación en su formulario de verificación de antecedentes, después de una espera de siete días para obtener la aprobación, recogió su nueva arma. Pero días después el sistema federal alertó el hecho de que la compra era ilegal.
Fue así como condenaron a Gómez el mismo día de la sentencia del Tribunal Supremo, pero no contaban con que de inmediato apeló, alegando que el fallo de Nueva York invalida la ley que violó. El Juez de distrito Counts, estuvo de acuerdo con la interpretación.
“La Segunda Enmienda no es un ‘derecho de segunda clase’. Los tribunales ya no pueden equilibrar un derecho constitucional”, dictaminó.
Sin embargo, Nicole Golden, directora ejecutiva de Texas Gun Sense, una organización que busca minimizar los peligros que representa la falta de control de armas de fuego, expresó la necesidad de controles ya que durante mucho tiempo ha habido “limitaciones razonables” al derecho a portar armas consagrado en la Segunda Enmienda.
“El apoyo a las leyes sensatas de armas ha sido muy alto, especialmente este verano tras -el incidente en- Uvalde. Esto se siente en gran medida en violación de lo que creo que el público espera cuando se trata de cómo abordamos nuestra seguridad pública”, explicó.
Por Hispanic Global News
