Prohibición del aborto y leyes en Texas ponen en riesgo vida de las mujeres

LAREDO, Texas.- Luego de la anulación histórica de Roe vs. Wade en los Estados Unidos, los proveedores de servicios de aborto y las mujeres han tenido que tomar decisiones difíciles para poder decidir sobre su cuerpo, poniendo en riesgo su propia vida y los profesionales de la salud podrían ser juzgados por delitos en caso de participar en su atención médica.

La Dra. Jen Villavicencio, líder de transformación de Capital en el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, señaló que desde la prohibición del aborto, se han tratado constantemente episodios de hemorragias o pacientes en muy mal estado porque esperan a que su vida esté en riesgo para acudir en busca de atención.

“Sucede todos los días. Estamos viendo que el tratamiento de los embarazos ectópicos se estanca hasta que se rompen y se vuelven potencialmente mortales. Estamos viendo personas con aguas rotas y partes fetales atoradas en la vagina enviadas a casa hasta que ocurre la muerte fetal o el paciente termina en la UCI debido a una infección o sangrado”, comentó.

Tribunales federales de Texas trabajan actualmente con la cuestión de si las prohibiciones estatales del procedimiento o un estatuto federal de medicina de emergencia deben determinar si los médicos estarían autorizados a realizar abortos de emergencia y en qué situaciones, en busca de salvaguardar la vida de féminas que buscan soluciones para no llevar a término su embarazo.

Un juez de Texas dictaminó que las leyes estatales sobre el aborto se anteponen a la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia conocida como EMTALA, promulgada en 1986 la cual garantiza que los hospitales y médicos protejan la salud y vida de los pacientes que ingresen a una sala de emergencias o al departamento de partos, independientemente de su capacidad de pago.

Respecto  a lo anterior, el pasado 14 de julio, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al gobierno federal bloquear la aplicación de una carta del 11 de julio a todos los proveedores de atención médica que estipula que su deber legal de proporcionar cualquier tratamiento disponible necesario para estabilizar a los pacientes con condiciones médicas de emergencia “prevalece sobre cualquier ley estatal o mandato directamente en conflicto que de otro modo podría prohibir dicho tratamiento”.

En el estado de Idaho se está lidiando con este mismo tema, ahí un juez encontró que EMTALA se adelanta a las prohibiciones estatales de aborto. El pasado 02 de agosto el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda contra dicho estado en busca de una sentencia que establezca que la ley federal anula la prohibición estatal del aborto en los casos en que el procedimiento es un tratamiento necesario para una condición médica de emergencia.

La emergencia médica más común relacionada con la gestación es el embarazo ectópico, en el cual un óvulo fertilizado crece fuera del útero y sin posibilidades de convertirse en un feto viable. Esta condición ocurre en aproximadamente el 2 por ciento de los embarazos, el tratamiento recomendado en estos casos es extraer el embrión y terminar el embarazo. Si no se trata a tiempo puede provocar hemorragias, infecciones e incluso, la muerte de la paciente.

También, hay mujeres que acuden a las salas de emergencia de los hospitales y a las salas de labor cuando comienzan el trabajo de parto prematuro, se les rompe la fuente o comienzan a sangrar, todos estos signos de un posible aborto espontáneo. Dado que no hay posibilidad de que un feto sobreviva fuera del útero en el primer trimestre del embarazo, que es cuando ocurren la mayoría de los abortos espontáneos, el tratamiento recomendado es la medicación o el aborto clínico.

Sin embargo, con las prohibiciones actuales que involucran sanciones contra quien ayude a una mujer a abortar e incluso pone en duda la ética profesional de los médicos, las mujeres están más susceptibles a perder la vida por un aborto, ya sea inducido o espontáneo. Lo más razonable sería aclarar las contradicciones que hay en las leyes estatales y federales para así salvaguardar la vida de las texanas.