De acuerdo con un análisis realizado por el banco, dicha reforma violenta los derechos establecidos por México a favor de los inversionistas extranjeros en diversos tratados.
Aprobar la reforma constitucional al sector eléctrico impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los términos en que se presentó al Congreso, implicaría poner en riesgo uno de los instrumentos más efectivos que tiene el país para atraer inversión y fomentar el crecimiento como es el TMEC, consideró BBVA México.
De acuerdo con un análisis realizado por el banco, los cambios propuestos en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la iniciativa de reforma a la Constitución, vulneran el marco institucional que en la actualidad dota de certeza jurídica a las partes involucradas en la generación, distribución y comercialización de electricidad.
La institución financiera consideró que estas modificaciones incrementan sustancialmente el control del Estado en el sector a costa de los intereses de los inversionistas privados y de la actividad económica en su conjunto.
Asimismo, comentó que dichas reformas violentan los derechos establecidos por México a favor de los inversionistas extranjeros en diversos tratados de inversión y de libre comercio, los cuales bajo ley mexicana, están a la par de los derechos otorgados por la Constitución Mexicana.
Y es que, precisó, se vuelve más restrictivo el acceso al mercado eléctrico y representa un retroceso a las garantías otorgadas por México, debido a la cuota de mercado de CFE, el abandono de subastas, suspensión de permisos de generación, licencias y contratos, alteración del despacho, etcétera.
“Derivado de las violaciones a los compromisos de los tratados, los inversionistas tienen la facultad de acudir ante paneles internacionales que, por la naturaleza de la iniciativa, tendrán altas probabilidades de resultar en laudos desfavorables para México y traducirse en el pago de compensaciones considerables”, explicó.
BBVA también consideró que los socios comerciales de México, al verse afectados por estas reformas, podrán solicitar el establecimiento de paneles de solución de controversias, con los cuales adquirirían el derecho a imponer represalias comerciales.
Para la institución, la iniciativa de reforma eléctrica, en los términos presentados, además de las severas repercusiones legales y económicas que traería al país, contiene diversos aspectos incompatibles con los compromisos internacionales adquiridos por México.
Por ejemplo, la designación de la CFE como organismo estatal responsable del área estratégica de electricidad, encargado del control y planeación del sistema (hoy a cargo del CENACE) concentraría en un sólo organismo el grueso de la generación de electricidad y la regulación del sector, haciendo de CFE juez y parte en la industria.
“Efectivamente, la asignación arbitraria de al menos 54% del mercado a CFE, así como las implicaciones que el decreto constitucional tendría sobre el orden de despacho (prioridad a CFE y relegación de renovables), asignarían a dicha Comisión una posición dominante en el mercado (además de su control y planeación), una situación incompatible con las expectativas competitivas previstas en los tratados internacionales que prohíben otorgar un trato preferencial a una empresa local sobre la de los demás países firmantes”, detalló.
Asimismo, agregó, se suma al abandono del requisito de adquirir electricidad mediante subastas (esquema transparente y competitivo) y la integración vertical y horizontal de CFE (que disminuye la transparencia y reintroduce subsidios cruzados, generando ineficiencias y otorgándole poder de mercado), para configurar un escenario claramente sesgado a favor de dicha Comisión Federal, en contra de la libre competencia, de los intereses de inversionistas y consumidores y de las reglas de juego pactadas.
La institución financiera añadió que los capítulos sobre Empresas del Estado y monopolios designados, tanto del T-MEC, como del TIPAT, establecen que dichas empresas estatales deben actuar de acuerdo a consideraciones comerciales de manera no discriminatoria en sus compras y ventas de bienes o servicios, lo que a todas luces resulta incompatible con la pretensión de limitar las compras de electricidad a privados por parte de CFE y de alterar el orden de despacho.
Por otra parte, dijo que el otorgamiento de una posición dominante a la CFE pone en evidente desventaja la participación de los particulares en el sector, posiblemente configurando un trato discriminatorio, injusto e inequitativo para los inversionistas, incompatible con los requisitos de Trato Nacional y Nivel Mínimo de Trato previstos en los tratados.
Mientras que la cancelación de permisos de generación, de licencias y contratos vigentes, al tratarse de actos que merman la certeza jurídica de los inversionistas y violan sus derechos adquiridos, contravienen el trato justo y equitativo, mencionó.
“En este sentido, aun cuando México pudiera superar la ilegalidad de la expropiación, alegando causas de utilidad pública, estaría obligado al pago de indemnizaciones (cuyos montos estarían sujetos a impugnaciones subsecuentes) bajo los mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados”, expresó.
En tanto que la desaparición de la CRE y la CNH, así como la absorción de las funciones de CENACE por parte de CFE, compromete la imparcialidad y condiciones de competencia, en oposición al trato justo, equitativo y no discriminatorio al que tienen derecho bajo los tratados internacionales firmados por México (Nivel Mínimo de Trato y Trato Nacional).
Por Roberto Noguez
Créditos: forbes.com.mx
