Este dispositivo, que permite realizar disparos casi continuamente, estaba vetado por una prohibición federal tras tiroteo en Las Vegas que dejó 58 muertos
Washington — Las armerías en Texas, Louisiana y Mississippi están vendiendo otra vez ‘bump stocks’ —una culata que se le pone a los fusiles para automatizar los disparos—, después de que organismos reguladores federales omitieron apelar un fallo que levantaba una prohibición impuesta a raíz de la masacre de 58 personas en Las Vegas.
La Corte de Apelaciones del 5to Circuito Federal, con asiento en New Orleans, que maneja los casos de Texas, Louisiana y Mississippi, suprimió una prohibición federal del Buró del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) al dictaminar en enero que solo el Congreso tiene autoridad para tal cosa.
Varias otras cortes federales de apelación han ratificado la prohibición, de modo que los aceleradores de disparos —dispositivos que hacen a los fusiles semiautomáticos disparar más rápido— siguen siendo ilegales en la mayor parte del país.
La Corte Suprema suele intervenir en tales situaciones, y la ATF podría ahora acudir a ella.
Este aditamento sustituye a la culata convencional —la parte que se apoya en el hombro— y libera al arma para deslizarse hacia atrás y adelante rápidamente y “rebotar” entre el hombro y el gatillo. Organizaciones que buscan reducir la violencia con armas de fuego dicen que al permitir disparar casi continuamente el dispositivo viola la vieja prohibición de ametralladoras.
Michael Cargill, propietario de Central Texas Gun Works, en Austin, interpuso una demanda para impugnar la prohibición en 2019 junto con New Civil Liberties Alliance, un grupo litigante que dice proteger las libertades constitucionales, entre ellas los derechos de la Segunda Enmienda.
Perdieron el caso en una corte federal en Austin, y ante un panel de tres jueces del 5to Circuito, una de las cortes más conservadoras del país. El triunfo lo obtuvieron después de otra audiencia, esta vez ante el pleno del 5to Circuito.
“No me sorprendió”, dijo Cargill. “Estaba emocionado, porque pensaba que era totalmente la decisión correcta”.
El gobierno federal tenía hasta el lunes para apelar el fallo del 6 de enero, pero al vencer el plazo, la corte de apelaciones instruyó a la corte menor ejecutar su resolución.
Breaking News!!! 5th Circuit Court of Appeals issues mandate in Cargill v Garland, Bump Stocks are now legal in TEXAS, LOUISIANA & MISSISSIPPI. @ATFHQ did not request a stay. #2a #texas #txlege #pewpew #guncontrol #guns pic.twitter.com/076gGw5uCC
— Michael Cargill (@michaeldcargill) February 28, 2023
“Bump stocks ya son legales en TEXAS, LOUISIANA Y MISSISSIPPI”, tuiteó Cargill el martes 28 de febrero.
El profesor Dru Stevenson de South Texas College of Law, dijo que todavía es posible que la ATF y el Departamento de Justicia (DOJ) busquen apelar en la corte menor.
“Podrían volver a litigar porque esto va a corte menor. Estamos esperando a ver qué pasa”, dijo.
La ATF dijo que no puede comentar sobre litigios, y el DOJ no respondió a un pedido de comentario.
Jeremiah Cottle, el inventor del dispositivo y dueño de la patente —que él llama ‘culata deslizante’— dirigió su compañía, Slide Fire Solutions, con sede en Moran, Texas, durante ocho años hasta la masacre de Las Vegas.
“Y entonces el gobierno vino por mí”, se queja Cottle.
El 1 de octube de 2017, un hombre mató a 58 personas e hirió a cientos más en un concierto que se llevaba a cabo al aire libre en Las Vegas. Catorce de los 22 rifles semiautomáticos del tirador estaban equipados con aceleradores de disparos, lo que le permitió acribillar a tantas personas en muy pocos minutos.
Cuatro meses después, un individuo mató a 17 personas en una escuela preparatoria de Parkland, Florida. Aunque este tirador no usó un acelerador de disparos, el clamor público se intensificó, y el entonces presidente Donald Trump hizo un llamado a prohibir el dispositivo.
La ATF accedió de inmediato y emitió una norma federal —la prohibición— en diciembre de 2018.
Para entonces, Slide Fire ya había cerrado ante una serie de demandas por la masacre de Las Vegas. RW Arms de Fort Worth se hizo cargo entonces de vender el inventario restante.
Cottle relanzó Slide Fire como American Bump Stock Company y reanudó las ventas el 17 de febrero, esta vez a través del sitio bumpstock.com.
Hasta el momento, sin embargo, las ventas de aceleradores de disparos han estado flojas. Cottle lo atribuye a dos causas principales: problemas para procesar los pagos con tarjeta de crédito, y la incertidumbre sobre qué tanto tiempo seguirán siendo legales.
“La gente tiene miedo por lo que el gobierno vaya a hacer”, dijo Cottle.
Sus bump stocks actualmente cuestan $249, un 15% más que antes de la prohibición, debido al aumento de costos de materiales y mano de obra.
Cargill planea pronto empezar a vender los aditamentos en su tienda de Austin.
La ATF todavía puede imponer la prohibición fuera de Texas, Louisiana y Mississippi, pero el fallo de la corte de apelaciones protege a los compradores, vendedores y propietarios de esos tres estados.
“Básicamente a la ATF se le está impidiendo aplicar esa regla en esos tres estados por el momento”, dijo Stevenson.
La regla que emitió la ATF después de la masacre de Las Vegas equipara a los rifles semiautomáticos equipados con acelerador de disparos con armas totalmente automáticas.
El Congreso prohibió la posesión de ametralladoras en 1986.
La regla de bump stocks, que entró en vigor el 26 de marzo de 2019, tipifica como ilegal la posesión o transferencia de estos dispositivos. Los propietarios deben destruírlos o entregarlos a las autoridades.
“En 2019 destruímos 60,000 unidades… millones de dólares en inventario”, dijo Cottle. “La ATF… se los llevó a una planta recicladora de Fort Worth”.
Los tribunales rechazaron los exhortos de antiguos propietarios de obtener un reembolso del gobierno federal después de la prohibición. Como el 5to Circuito en su fallo, Cottle señaló que durante una década antes de la masacre de Las Vegas, la ATF consideró que los aceleradores de disparos en rifles semiautomáticos no reunían la definición de ametralladora.
Stevenson dijo que las intensas sacudidas que produce el arma hacen difícil apuntar y que por lo tanto son menos útiles para la autodefensa.
“Los dos tipos de personas que van a querer bump stocks son los amantes de las emociones fuertes que quieren una forma barata de simular que disparan una ametralladora”, y alguien que “quiere rociar de balas a una multitud, como el tirador de Las Vegas”, dijo.
El senador John Cornyn, republicano por Texas, defensor de los derechos de posesión de armas y altamente calificado por la NRA, apoyó la prohibición en su momento, y lo sigue haciendo.
“Es algo que un deportista ordinario o alguien… interesado en defender a su familia o su propiedad no va a andar comprando”, declaró Cornyn el jueves. “Obviamente, ya vimos en Nevada cómo pueden ser usados para quitarle la vida a un montón de gente inocente. Así que me preocupa”.
La querella de Cargill podría tener repercusiones más allá de la Segunda Enmienda, porque dependería de una doctrina de la Suprema Corte de que las cortes deben deferir una decisión a las entidades a cargo de hacer valer un estatuto en particular siempre que sus acciones sean razonables.
Dicha doctrina, derivada del fallo del caso Chevron U.S.A Inc. vs. Natural Resources Defense Council en 1984, da a la ATF y a otros organismos amplio margen de decisión, señala Stevenson, y otras cortes de circuito ratificaron la prohibición de los aceleradores de disparos bajo esa premisa.
La discrepancia entre cortes de apelaciones podría obligar a la Suprema Corte a tomar el caso.
Pero la administración Biden podría dudar en llegar a ese punto y arriesgar un fallo que debilite la doctrina Chevron.
Cargill no tendría inconveniente con eso, pues le encantaría que las cortes le dijeran a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que “no pueden obligar a que todos se pongan la inyección, no pueden obligar a que todos usen mascarilla. No tienen ese derecho”. (Los CDC no han emitido mandato alguno en ese sentido, aunque autoridades estatales y locales sí lo han hecho. El presidente Joe Biden ordenó vacunarse contra covid-19 los miembros de las fuerzas armadas y trabajadores federales).
Críticos conservadores dicen que la doctrina Chevron cede demasiado poder a los burócratas.
Cargill dice que su demanda fue concebida no solo para restablecer la venta de bump stocks, sino también para “ir por todas las dependencias, por ejemplo los CDC”.
Pero las entidades regulatorias necesitan esa deferencia para garantizar la seguridad pública, sostiene Stevenson.
“Eso puede afectar todo, desde las leyes ambientales contra la contaminación, las leyes de seguridad laboral con la OSHA, hasta las autopistas nacionales y las normas de seguridad para automóviles”, dijo.
* Con información de Joseph Morton, corresponsal en Washington.
Por Emily Caldwell/DMN
Foto: (Vernon Bryant / Staff Photographer)
Créditos: dallasnews.com
