• La prórroga del acuerdo que mantiene a raya los aranceles vence el lunes; los empresarios temen que la economía regional resulte golpeada.
HISPANIC GLOBAL NEWS
Laredo, Texas.- Los importadores y exportadores de Texas han sorteado hasta ahora los efectos más duros de la guerra comercial desatada por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Sin embargo, la calma podría terminar este lunes. México, el mayor socio comercial del estado, ha estado protegido gracias a un acuerdo firmado en marzo que permitió que entre 85 y 90 por ciento de los productos mexicanos quedarán exentos del 25 por ciento de arancel. Pero la Casa Blanca ya advirtió que eso está por cambiar.
A inicios de este mes, Trump notificó a México y decenas de países que sus exportaciones enfrentarán un aumento de aranceles si no logran rápidamente nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos. En la carta enviada a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el mandatario promete elevar la tasa al 30 por ciento a partir del 1 de agosto y no menciona extender el pacto que exime a la mayoría de las importaciones mexicanas.
“Cuando hablamos de la posibilidad de un arancel del 30 por ciento, eso es un punto de inflexión”, advirtió Dante Galeazzi, director ejecutivo y presidente de la Asociación Internacional de Productos Agrícolas de Texas. “Es muy diferente a la situación actual”.
La relación comercial entre Texas y México es especialmente estrecha en el sector agrícola: muchas grandes granjas operan de manera coordinada en ambos países para poder cultivar durante todo el año. En 2024, el comercio texano con México sumó 281 mil millones de dólares, de acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. A nivel nacional, el intercambio bilateral alcanzó 840 mil millones.
Lo que está en juego es el T-MEC, el acuerdo que eliminó barreras y estabilizó el comercio en Norteamérica. En marzo, apenas iniciado el segundo mandato de Trump, Estados Unidos aplicó durante dos días un arancel del 25 por ciento a productos mexicanos y canadienses antes de dar marcha atrás a dicha medida tras fuertes presiones.
“Marzo fue súper difícil, súper estresante, con muchos preparativos”, recordó Craig Slate, presidente de SunFed, importadora mexicana de productos agrícolas. “Ya hicimos un ensayo general, digamos, así que la preparación ya está prácticamente hecha”.
La política arancelaria está ligada al argumento de Trump de frenar el flujo de fentanilo en las fronteras. Los acuerdos alcanzados en primavera solo pospusieron el impacto, y la prórroga de 90 días expira este lunes. De no haber un nuevo pacto, los aranceles podrían saltar de golpe del 0 al 30% en la mayoría del comercio regional.
“Va a ser devastador para el comercio entre Estados Unidos y México”, dijo Ed Hirs, economista de la Universidad de Houston. “Esta será una realineación muy difícil porque las empresas estadounidenses que dependen de proveedores mexicanos tendrán que tomar decisiones difíciles”.
Las empresas ya hacen cálculos sobre cómo absorber o trasladar de la manera menos brusca el golpe. SunFed paga los aranceles de los productos que importa de Sonora y Sinaloa —sandías, calabazas, pimientos, pepinos y melones— y prevé que los costos se repartan entre agricultores, supermercados y consumidores.
El tomate mexicano, una de las principales exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos, ha sido blanco de tarifas especiales desde ciclos anteriores, pero a partir de agosto de 2025 enfrenta una renovada ofensiva comercial bajo un esquema de aranceles del 17.5 por ciento, más requisitos antidumping. Esta medida busca proteger a los productores de Florida, pero amenaza con desestabilizar toda la cadena agrícola del norte y occidente de México. Se prevé que el aumento de precios impacte directamente al consumidor estadounidense y que los importadores reduzcan volúmenes o busquen proveedores alternos en Centroamérica.
Mientras tanto, otras industrias ya sufren. Un arancel del 50 por ciento sobre acero y aluminio vigente desde junio ha encarecido costos de manufactura, y en agosto entrará en vigor uno del 50 por ciento que afectara al cobre.
En la frontera, se espera una desaceleración en el movimiento de productos metálicos, así como ajustes en los flujos logísticos por parte de proveedores que podrían buscar certificarse bajo programas como el USMCA Steel Monitoring para obtener excepciones limitadas o beneficios compensatorios. Esta medida también presiona a los fabricantes estadounidenses a abastecerse localmente, lo que podría reconfigurar el mapa de inversiones industriales en ambos lados del Río Bravo.
La incertidumbre domina las horas previas al lunes. Sheinbaum se mantiene optimista: “Creemos… que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, lograr mejores términos”.
