En un esfuerzo por frenar el flujo migratorio irregular y fortalecer la seguridad en su frontera sur, el gobierno federal desplegó este jueves nuevas unidades de vigilancia tecnológica en Chiapas y Tabasco. Estas unidades están equipadas con drones de largo alcance, sensores térmicos y cámaras de reconocimiento facial que operan las 24 horas.
El anuncio fue realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien confirmó que los equipos se utilizarán en coordinación con el INM y la Guardia Nacional. El objetivo principal es monitorear los cruces ilegales en puntos críticos como Suchiate, Tenosique y la Selva Lacandona.
De acuerdo con el comunicado, este despliegue no implica una militarización, sino una mejora en la eficiencia de las tareas de detección y rescate. Además, las autoridades señalaron que los nuevos sistemas serán auditados por organismos civiles para evitar abusos de poder.
La medida responde también a las nuevas exigencias del gobierno de Estados Unidos, que ha solicitado a México un mayor control sobre la migración centroamericana en el contexto de los acuerdos bilaterales firmados el pasado mes de junio.
Organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el uso de reconocimiento facial en comunidades indígenas o zonas rurales donde no existen garantías jurídicas claras. Solicitaron mayor transparencia sobre la base de datos que manejará esta tecnología.
Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum afirmó que este tipo de medidas ayudan a mantener la seguridad nacional sin necesidad de operativos masivos o detenciones arbitrarias.
En los próximos días se prevé una visita oficial a la zona por parte de representantes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambas entidades observarán el funcionamiento de las unidades tecnológicas en campo.
Este movimiento marca un nuevo capítulo en la estrategia migratoria de México, cada vez más alineada a los objetivos de control regional planteados por Washington y Ottawa.
