El debate sobre los grandes centros de datos llegó a un nuevo punto en Laredo luego de que el congresista Henry Cuellar presentara una propuesta federal para proteger a los consumidores de servicios públicos frente a los costos que podrían generar este tipo de instalaciones. El proyecto, denominado Ratepayer Bill of Rights Act of 2026, plantea que las empresas que desarrollen centros de datos de gran escala sean responsables de los gastos adicionales de infraestructura, electricidad, agua y otros servicios que sus operaciones puedan provocar, en lugar de trasladarlos a los usuarios que ya pagan sus recibos.
La propuesta fue presentada esta semana en Laredo y contempla 10 derechos específicos para las comunidades que reciban proyectos de centros de datos. El anuncio ocurre mientras la ciudad desarrolla sus propias reglas para este tipo de instalaciones, después de semanas de discusión pública sobre la cantidad de agua y electricidad que podrían requerir. Para las autoridades locales, el tema no consiste simplemente en decidir si quieren atraer nuevas inversiones, sino en establecer desde el principio quién asumirá los costos y cómo se protegerán los recursos de la ciudad.
💧 El agua se convierte en uno de los puntos centrales
Uno de los primeros aspectos que contempla la propuesta de Cuellar es la obligación de que los desarrolladores informen cuánto agua y electricidad esperan utilizar antes de comenzar un proyecto. También tendrían que explicar de dónde provendría el agua y cuánto consumirían realmente una vez que la instalación comenzara a funcionar. La intención es que las comunidades tengan información concreta antes de comprometer sus recursos públicos.
El tema resulta especialmente relevante para Laredo porque sus autoridades han expresado preocupación por la disponibilidad de agua. El alcalde Dr. Victor Treviño señaló que el recurso no es ilimitado y que la ciudad está trabajando en conseguir fuentes secundarias de abastecimiento. Desde esa perspectiva, cualquier nuevo desarrollo que requiera cantidades importantes de agua tendría que ser evaluado considerando primero las necesidades de los residentes y no únicamente el potencial de inversión.
La propuesta federal también contempla proteger a las familias rurales, agricultores y ganaderos que dependan de pozos, acuíferos y otras fuentes de agua existentes. En caso de que una operación genere daños sobre estos recursos, el proyecto contempla mecanismos de monitoreo, aviso y compensación. La idea es que el impacto de una instalación tecnológica no termine afectando de manera silenciosa a quienes viven o trabajan alrededor.
⚡ ¿Quién paga la infraestructura?
Otro de los puntos centrales es el costo de la infraestructura eléctrica. La iniciativa establece que los gastos relacionados directamente con un centro de datos no deberían ser trasladados a los clientes que ya forman parte del sistema. En otras palabras, si una compañía necesita ampliar infraestructura para poder operar, la propuesta busca que esa inversión sea cubierta por el propio proyecto y no repartida entre las familias mediante aumentos en sus recibos.
El proyecto también plantea que los centros de datos informen la capacidad eléctrica que utilizarán, la fuente de combustible y las emisiones asociadas con la generación de energía dentro de sus instalaciones. Para los gobiernos locales, contar con esos datos desde el inicio permitiría conocer con mayor claridad las consecuencias de aprobar una inversión de gran escala.
En Laredo, el debate ha avanzado paralelamente a la elaboración de un marco regulatorio municipal. El Ayuntamiento decidió desarrollar reglas permanentes para los centros de datos en lugar de aprobar una moratoria temporal que algunos residentes habían solicitado. El objetivo será determinar cuánto pueden consumir estas instalaciones, de dónde provendrán los recursos, qué infraestructura necesitarán y cómo podrían afectar los servicios existentes.
El alcalde Treviño ha insistido en que proteger el agua no significa estar en contra de los negocios. Su postura, de acuerdo con sus declaraciones, es que Laredo puede continuar atrayendo inversiones y desarrollando su economía sin comprometer la seguridad hídrica de la ciudad ni hacer que los usuarios existentes terminen subsidiando proyectos privados.
🏗️ Más participación para las comunidades
La iniciativa también busca que los habitantes tengan más información antes de que un proyecto avance. Entre los derechos propuestos se encuentra la obligación de ofrecer aviso previo, realizar reuniones públicas y proporcionar información en un lenguaje que pueda ser entendido por cualquier residente. La propuesta incluso contempla que los funcionarios públicos y sus familiares revelen posibles intereses financieros relacionados con las decisiones sobre estos proyectos.
Otro punto interesante es que las empresas no podrían dividir artificialmente un gran desarrollo en diferentes compañías, terrenos, medidores o etapas para evitar las reglas. Con esto se busca impedir que un proyecto grande pueda presentarse como varios proyectos pequeños solamente para quedar fuera de determinadas obligaciones.
El proyecto también contempla auditorías, mecanismos para presentar quejas, sanciones civiles y protección para denunciantes. Además, las empresas tendrían que establecer acuerdos vinculantes para recuperar los costos generados por sus instalaciones y proporcionar garantías financieras antes de comenzar la construcción. Si los clientes fueran cobrados indebidamente por gastos relacionados con un centro de datos, la propuesta plantea que reciban reembolsos con intereses.
La discusión no se queda solamente en el Congreso federal. El representante estatal Richard Raymond indicó que está preparando una propuesta para Texas tomando como referencia la iniciativa de Cuellar. Su intención sería otorgar a los gobiernos locales una mayor participación en la aprobación o rechazo de proyectos de centros de datos y establecer reglas específicas sobre infraestructura y electricidad.
Para Laredo, el debate representa una oportunidad para decidir cómo quiere que se vea su crecimiento económico durante los próximos años. La ciudad es uno de los principales puntos comerciales entre México y Estados Unidos y continúa buscando nuevas inversiones, pero sus autoridades también enfrentan el reto de garantizar que ese crecimiento no presione recursos básicos.
Por ahora, no existe una solicitud formal de un centro de datos presentada ante la ciudad, de acuerdo con funcionarios locales. Sin embargo, la discusión ya está modificando la manera en que Laredo se prepara para posibles proyectos. La propuesta de Cuellar coloca sobre la mesa una pregunta que podría repetirse en muchas otras comunidades: cómo atraer tecnología e inversión sin convertir los costos de esa expansión en una carga para quienes ya viven allí.
