La autopista México–Querétaro recuperó su flujo este jueves 24 de julio, tras el retiro de bloqueos protagonizados por transportistas de la ACME. Durante más de 15 horas, esa vía clave sufrió una congestión intensa que afectó múltiples puntos, como Tepotzotlán, Jorobas y Cuautitlán–Lechería, tras el secuestro y posterior liberación de Bernardo Aldana, líder de la organización.
Aunque las caravanas se disolvieron, el impacto vial fue notorio: cientos de automóviles quedaron varados, se generaron demoras prolongadas y los usuarios de transporte público denunciaron caos en rutas alternas. Autoridades federales y de Capufe recomendaron vías como el Arco Norte para quienes evitan la caseta, mientras reforzaban patrullajes en zonas críticas.
El reclamo principal de los transportistas no fue político, sino de seguridad. Exigían garantías de protección en carreteras frente a asaltos, secuestros y extorsiones, que han aumentado en varias regiones. Ahora que su líder fue localizado sano y salvo, piden una mesa de diálogo con el gobierno, garantías institucionales y un plan nacional de seguridad en sus rutas.
El origen y desenlace del bloqueo dejan una lección urbana: cuando problemas específicos se suman a infraestructuras saturadas, el impacto estatal puede ser enorme. La CDMX y el Estado de México han señalado que reforzarán vigilancia y colaboración con transportistas para prever situaciones similares.
Este episodio refleja tensiones en el ámbito logístico y social: un sector esencial para el abastecimiento, pero con puntos vulnerables que el país deberá atender con urgencia para garantizar movilidad eficiente y segura.
