Hoy jueves, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó formalmente el programa de regulación de rentas como respuesta directa a las protestas ciudadanas por la gentrificación y el turismo masivo. Esta iniciativa propone limitar los incrementos de renta al nivel de la inflación y ofrecer incentivos para propietarios que mantengan precios accesibles. Es un paso que muchos consideran histórico en la defensa del derecho a la vivienda.
La medida se acompaña de la creación de una Defensoría de Inquilinos, que operará bajo un esquema de asistencia legal gratuita y asesoría para quienes enfrenten desalojos injustificados o aumentos arbitrarios. Se trata de una respuesta directa al fenómeno de los nómadas digitales y al uso indiscriminado de plataformas como Airbnb, que han desplazado a miles de residentes en colonias como la Roma, Condesa y Juárez.
Además, Brugada anunció un ambicioso plan de construcción de 20 000 viviendas de renta social en zonas de alta demanda. Estas unidades estarán destinadas a personas con ingresos bajos o medios, y serán administradas por el Instituto de Vivienda de la CDMX. La inversión será de más de 600 millones de pesos, y ya se han iniciado los primeros desarrollos en Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida y enfatizó la importancia de frenar la especulación inmobiliaria. También condenó los discursos xenófobos que surgieron durante las protestas, recordando que el problema no son los extranjeros, sino la falta de regulación. “Se trata de ordenar el crecimiento urbano, no de culpar a quienes vienen a visitarnos”, afirmó.
Organizaciones vecinales han aplaudido el programa, pero también han pedido mayor vigilancia para evitar que los grandes desarrolladores encuentren vacíos legales que permitan evadir las nuevas normas. Además, se ha abierto una consulta pública para afinar detalles y escuchar las propuestas de la ciudadanía.
La Ciudad de México se convierte así en una de las primeras urbes latinoamericanas en enfrentar el fenómeno de la gentrificación con medidas estructurales. El desafío ahora es implementar el plan con transparencia y garantizar que el acceso a la vivienda sea un derecho real para todos sus habitantes.
