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Austin, Texas.- La aprobación de la propuesta 3 -que prohibiría todos los productos que contengan tetrahidrocannabinol (THC)- podría desencadenar una crisis sin precedentes en el sector agrícola de Texas. La medida, que ya fue aprobada por ambas cámaras legislativas y se encuentra en el escritorio del gobernador Greg Abbott y pondría fin en septiembre a la pujante industria del cáñamo en el estado, que actualmente genera cerca de $8 mil millones anuales y sostiene alrededor de 50 mil empleos directos e indirectos según estima el Texas Tribune.
¿Qué es el cáñamo?
El cáñamo es una planta de la especie cannabis cultivada para usos industriales y de consumo, como la producción de fibra, semillas, aceite y otros productos. A diferencia de la marihuana, el cáñamo tiene un contenido muy bajo de THC (el compuesto psicoactivo), lo que significa que no produce efectos psicotrópicos. Sin embargo, mantener la fina línea que la divide de la marihuana, preocupa a Texas.
La raíz de esta producción, se remonta a 2019, cuando la Legislatura de Texas autorizó la venta de productos de cáñamo consumible como parte de una estrategia para diversificar y revitalizar el sector agrícola estatal. Sin embargo, si bien esa legislación restringía el contenido de THC delta-9 a niveles mínimos, no establecía límites claros para otros derivados de THC. Esto permitió la proliferación de comestibles, bebidas, vaporizadores y flores con efectos intoxicantes, hoy vendidos por más de 8 mil minoristas en el estado.
La ley permitiría únicamente la venta y consumo de cannabinoides no psicoactivos como el CBD y el CBG, eliminando del mercado los productos con THC -aunque estos hayan sido comercializados legalmente desde hace seis años tras un error de redacción legislativa-.
Lo que comenzó como una oportunidad agrícola se transformó en una cadena de valor que ha favorecido a agricultores, procesadores, distribuidores y emprendedores locales en áreas rurales y urbanas por igual.
De promesa agrícola a amenaza regulatoria
El vicegobernador Dan Patrick, presidente del Senado estatal, ha liderado la ofensiva para prohibir el THC desde hace seis meses, señalando preocupaciones de salud pública. Patrick ha logrado que el Senado elimine incluso una cláusula que permitía ampliar el acceso al programa de marihuana medicinal para pacientes con dolor crónico, aunque posteriormente restauró ese acuerdo tras negociaciones con el representante Tom Oliverson, impulsor de la iniciativa en la Cámara Baja.
No obstante, la expansión del Texas Compassionate Use Program (TCUP) no compensaría la pérdida de la industria del cáñamo recreativo. Mientras que TCUP ha funcionado con licencias altamente restringidas (apenas unas pocas empresas autorizadas), la industria actual del cáñamo beneficia a miles de pequeños negocios —desde granjas hasta tiendas independientes— que quedarían excluidos bajo el nuevo régimen.
Desde que la Cámara Baja aprobó la ley el jueves pasado, líderes de la industria y defensores del cáñamo han iniciado una campaña para pedirle al gobernador Abbott que vete la legislación. Sin embargo, el gobernador ha evitado fijar una postura clara y su vocero solo ha señalado que “revisará detenidamente cualquier proyecto de ley que llegue a su escritorio”.
El silencio del gobernador mantiene en vilo a todo un ecosistema económico. Para muchas granjas que diversificaron sus cultivos con cáñamo ante las dificultades del algodón y el ganado, el cierre de esta industria representa no solo la pérdida de ingresos, sino también de infraestructura y empleo especializado.
Impacto directo en la agricultura
La agricultura texana no solo enfrenta la pérdida de un cultivo de alto rendimiento, en medio de una sequía no vista en 35 años, sino también la desaparición de una red de valor agregado en zonas rurales donde las alternativas de inversión agrícola son limitadas. Las asociaciones agrarias temen que, si se concreta la prohibición, muchos productores no podrán reconvertirse rápidamente ni encontrar compradores para sus cosechas de cáñamo ya contratadas, iría contra la ley.
¿Reforma medicinal o eliminación total?
Aunque la inclusión de dolor crónico como condición tratable bajo el programa TCUP puede parecer un alivio para ciertos pacientes, no representa una solución integral para el mercado que se ha desarrollado desde hace 6 años. En la práctica, la reforma propuesta no rescata al agricultor, ni al pequeño empresario que ha invertido en el mercado del THC legalmente durante los últimos seis años.
Si el gobernador Abbott no ejerce su veto, Texas estaría eliminando de un plumazo una industria agrícola que nació de su propia legislación y que ha demostrado ser económicamente viable y socialmente integrada. La pregunta que muchos se hacen en este momento no es si se necesita regulación, sino si tiene sentido criminalizar una cadena productiva entera, en lugar de reformarla.
