● Aún con el descenso en el número de cruces ilegales, la administración Trump continúa con el avance
HISPANIC GLOBAL NEWS
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) emitió esta semana tres nuevas exenciones legales para acelerar la construcción de 58 kilómetros adicionales del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, en los estados de Arizona y Nuevo México. Esta medida autoriza al gobierno federal a omitir el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes, con el argumento de que las obras son esenciales para la seguridad nacional.
La noticia se dio a conocer oficialmente el miércoles 5 de junio a través del sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y se suma a otra medida similar anunciada en abril que autorizó más tramos del muro fronterizo en California. Según el DHS, “estas barreras cerrarán brechas críticas y reforzarán las operaciones de seguridad fronteriza en los sectores de El Paso, Tucson y Yuma de la Patrulla Fronteriza”.
En el pasado, leyes ambientalistas que protegían las aguas del Río Bravo y el ecosistema de las riberas habían frenado las obras ante el posible daño ecológico. Sin embargo, esas preocupaciones parecen haber sido dejadas de lado con esta nueva estrategia federal.
Las construcciones recientemente aprobadas incluyen los siguientes tramos:
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Proyecto de muro secundario de Santa Teresa en el sector de El Paso (7 millas)
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El Paso Sector 16-4, Proyecto de Muro Anapra (1.3 millas)
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Proyecto de muro del Sector 2 de El Paso y puerta de entrada (POE) (aproximadamente 0.2 millas y 40 pies)
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Proyecto de muro de la Cordillera Barry M. Goldwater (BMGR) del Sector Yuma (7 brechas; entre 40 y 240 pies)
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Proyecto Tucson Sonoita (24.7 millas)
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Proyecto Tucson 10-4 (aproximadamente 0.2 millas)
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Proyecto Tucson 10-6 (aproximadamente 2.1 millas)
Estas obras se sustentan en la Sección 102 de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996, la cual permite al DHS suspender regulaciones cuando se considera necesario para garantizar la seguridad fronteriza.
La medida ha reavivado el debate público entre la seguridad nacional y la protección ambiental, justo en un momento de creciente presión migratoria y polarización política en Estados Unidos. Aunque los cruces ilegales han disminuido, la administración del presidente Trump insiste en que estas construcciones son prioritarias para resguardar la frontera sur.
